BRAGA
En el primer mes del año, la Policía Nacional de Perú detuvo a 13 presuntos feminicidas y frustró el intento de feminicio en 67 casos, la mayoría de los cuales se produjeron en Lima, la ciudad más grande del país.
Cuatro de las detenciones por el homicidio de sus parejas o exparejas se realizaron en Lima, dos en Arequipa, otras dos en Puno, fronteriza con Bolivia, y el resto en Ayacucho, Ica, Lambayeque, Madre de Dios y Moquegua, según informó el ministerio del Interior.
Algunos de los denunciados detenidos en enero fueron Josein Darwin Mescco Mamani, de 25 años, que atacó con un martillo en la cabeza a su pareja, Eva Carcausto, mientras estaba dormida el 4 de enero, en la región andina Puno, y para quien se dictaron nueve meses de prisión preventiva.
Asimismo, Jorge Luis Gutiérrez Choquecota, de 32 años, acusado de asesinar a su expareja de 26 años en la sureña región de Moquegua y que fue detenido antes de intentar suicidarse.
De otro lado, la Policía Nacional también detuvo a 67 personas que intentaron agredir a sus parejas o exparejas, en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer y los grupos vulnerables, como los menores y adultos mayores.
Del total de intentos de feminicidio, 39 detenciones se realizaron en Lima, 5 en la región norteña de La Libertad y 4 en el puerto del Callao.
El resto de capturas se hicieron en Piura, Junín, Ancash, Huánuco, Lambayeque, Puno, Amazonas, Arequipa, San Martín, Tacna y Ucayali, de acuerdo a información de la Central de Operaciones (Ceopol) de la Policía Nacional.
Al menos 22 de los intentos de feminicidio fueron reportados al número central de la Policía, otros 16 casos fueron alertados en el patrullaje policial.
Además, 17 detenciones fueron posible debido a la denuncia de la víctima y otras 12 por la alerta de familiares y testigos.
El año pasado fue el más violento de la década contra las mujeres en Perú, dado que se registraron 165 asesinatos y a consecuencia de esos crímenes 205 niños y adolescentes quedaron desamparados, por lo que el Estado aprobó un decreto para asegurar su acceso a la educación y a la salud.
