BRAGA
Crédito: Agencia Uno.
Desde la plataforma Juntas en Acción, junto a otras 37 organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres, manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia.
El aumento de las denuncias por casos de violencia de género, encendió las alarmas de las organizaciones por los derechos de las mujeres, quienes manifestaron por medio de una declaración pública enviada al Ejecutivo y Legislativo su preocupación por el debate legislativo que actualmente se lleva a cabo en torno al proyecto sobre el derecho a una vida libre de violencia.
Las organizaciones reiteraron su llamado a dar urgente prioridad a este tema y “contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia y defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país”.
El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, presentado por la Presidenta Michelle Bachelet y que actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado, ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, durante este proceso se han levantado una serie de debilidades de la iniciativa, manifestadas por las organizaciones, para las cuales se han ofrecido alternativas y diversas soluciones.
En la declaración firmada por casi cuarenta organizaciones, se manifiesta una valoración por el debate legislativo del proyecto “por la oportunidad que ofrece de ajustar la legislación chilena a los estándares internacionales en la materia”. Por lo mismo, agregan, “esperamos que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género del Senado y el Gobierno, avancen hacia mandatos claros, específicos y exigibles en la definición de las obligaciones de los organismos públicos en materia de prevención de la violencia de género, investigación y sanción de los crímenes, protección, atención y reparación de las víctimas”, tal como mandatan los tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile.
En la declaración, las organizaciones además plantean su preocupación por la inadmisibilidad de las indicaciones realizadas por las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón orientadas a incorporar las obligaciones del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que el gobierno rechazó patrocinar. Asimismo, preocupan los recursos para combatir la violencia de género, ya que también se declararon inadmisibles las indicaciones de estas mismas senadoras para que se contemple un presupuesto para la implementación de la ley, sin que hasta ahora exista una solución alternativa por parte del Ejecutivo.
Finalmente, la declaración pide incluir a la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley, dado que son estas organizaciones las que “han impulsado por años diversas iniciativas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa».
Revisa la declaración completa AQUÍ.
