Yo opino
A propósito de los casos judiciales de Antonia Barra, Dra. Vivian González y Sara C., todos casos de violencia contra la mujer recientes y de gran impacto social, es que una vez más las mujeres alzamos nuestras voces exigiendo justicia.
Reclamamos justicia acorde y proporcional, una que hemos extrañado y con la que no estamos conformes, pues ha desamparado a las víctimas de abuso físico, psicológico y sexual, y que lejos de permitir su reparación, perpetúa la violencia sobre ellas.
[cita tipo=»destaque»] ¿Qué espera de nosotras el poder judicial para dictaminar a nuestro favor? ¿Que callemos y llevemos a la tumba el hecho de haber sido abusada sexualmente como tuvo que hacer Antonia? [/cita]
Es así como nos encontramos ante resoluciones insólitas como la del caso de la Dra. González, quien denunció violación sexual por parte de un colega médico en su lugar de trabajo y éste fue sobreseído del cargo. Actualmente Omar Chávez está facultado para atender pacientes y ejercer la especialidad de cirugía en cualquier lugar del país. Frente a esto, Vivian expuso su situación públicamente advirtiendo lo doloroso del proceso y lo poco esperanzador que resulta invitar a denunciar frente a sucesos similares.
Asimismo, sorprende el caso de Sara C. en la región de Aysén, quien pese a haber denunciado sufrir violencia intrafamiliar a manos de su ex pareja, Flavio Avilez, fue criminalizada por defenderse ante un ataque inminente del agresor en su casa, quien manifestó sus intenciones de asesinarla con un hacha. Sin importar lo anterior, el ministerio público solicitó de todas formas prisión preventiva para una sobreviviente de un ataque feminicida.
Finalmente indigna el estremecedor caso de Antonia, quien, así como otras 4 mujeres fue víctima de violación sexual por parte de Martín Pradenas y que, conociendo el historial de resoluciones ante denuncias similares, optó por el suicidio como medida desesperada para poner fin a su sufrimiento, lo que es sin duda alguna señal de impotencia frente a la impunidad de estos sujetos. Sin ir más allá, en plena investigación la corte de apelaciones acogió un recurso de protección a favor de Martín Pradenas interpuesto en contra de la familia de Antonia para que no pudieran divulgar datos o antecedentes del agresor de su hija, en afán de proteger la identidad, integridad y honra del mismo. Es decir, tras 10 meses de lo ocurrido, no solo no se ha hecho justicia, si no que ha sido una de las prioridades proteger los intereses del presunto violador.
Ante lo expuesto me pregunto: ¿Qué espera de nosotras el poder judicial para dictaminar a nuestro favor? ¿Que callemos y llevemos a la tumba el hecho de haber sido abusada sexualmente como tuvo que hacer Antonia?, ¿Que denunciemos el abuso sexual como lo hizo la Dra. González sabiendo a priori que el resultado será una negativa para nosotras? o que, pese a notificar haber sido víctima de violencia intrafamiliar a tiempo y se solicite orden de alejamiento, ¿No nos defendamos ante ataques inminentes como hizo Sara?
La realidad en cualquier caso es la misma: estamos completamente desprotegidas.
Frente a estas injusticias, como mujeres nos hemos articulado a través de organizaciones para protegernos y defendernos. A destacar se encuentran la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Asociación de abogadas feministas (ABOFEM), Coordinadora Feminista 8M, Médicas Feministas Chile y un sinfín de grupos que han nacido en respuesta a un sistema injusto que perpetúa la violencia de género incluso en sus dinámicas de funcionamiento interno.
En la eterna espera de que las instituciones gubernamentales renueven aires con la incorporación de profesionales que integren la perspectiva de género en su actuar, por ahora me he -tristemente-resignado a confiar únicamente en el apoyo que nos brindamos entre nosotras, signo de la desconfianza y el desamparo que me genera el sistema judicial.
Las mujeres alzamos nuestras voces exigiendo justicia. Ya no nos van a callar.
