BRAGA
Crédito: Agencia Uno
“El proyecto de ley se enfrenta entonces a la necesidad de proveer un horizonte en que la sexualidad se incorpore al currículum a través de una propuesta de largo plazo. Esto debe estar garantizado. Pero a su vez, debe ofrecer una alternativa de transición, que permita la implementación de educación sexual de altos estándares en el corto plazo, a la espera de que se inicie otro ciclo de cambios en el currículo”, advierte la Comisión de Género y Sexualidades del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., en la siguiente carta enviada a El Mostrador Braga.
La comisión de educación de la cámara de diputados se encuentra en la segunda etapa de revisión del proyecto de ley de educación sexual. Se trata de un proyecto que fortalece y garantiza la formación en sexualidad en todas las etapas escolares. Asistimos a una situación inédita, puesto que el proyecto ha tenido un insospechado apoyo político transversal. De hecho, sus dos caras más visibles son la diputada Camila Rojas (Comunes) y el ex diputado Jaime Bellolio (UDI). Evidentemente hay elementos no resueltos en el proyecto, centralmente en relación a la tensión Estado / familia, pero en su generalidad las indicaciones que han hecho llegar las/os integrantes de la comisión de educación no parecen irreconciliables.
Queremos, sin embargo, advertir un problema. El proyecto se enfrenta a una dificultad que no es del orden de la sexualidad, sino de un ámbito más pedestre: la organización de la enseñanza. La investigación ha mostrado que la forma más eficiente de instalar prácticas de educación sexual de manera regular en las aulas, es por medio de la inserción de sus objetivos en el currículo regular. Expertos curriculistas y el propio Ministerio de Educación han coincidido durante la discusión de este proyecto de ley en que la educación sexual debe incorporarse al currículo. Solo así se situará como una práctica común en las escuelas.
Pero este año Chile está cerrando uno de los procesos de reforma curricular más importantes de su historia, que se inicia con la promulgación de la Ley General de Educación. Se trató de 9 años de un trabajo riguroso en que se modificaron las bases curriculares de todas las asignaturas. Por ello, comenzar ahora con un proceso de revisión y transformación de sus productos aparece como un contrasentido.
El proyecto de ley se enfrenta entonces a la necesidad de proveer un horizonte en que la sexualidad se incorpore al currículum a través de una propuesta de largo plazo. Esto debe estar garantizado. Pero a su vez, debe ofrecer una alternativa de transición, que permita la implementación de educación sexual de altos estándares en el corto plazo, a la espera de que se inicie otro ciclo de cambios en el currículo.
Las/os diputadas/os se han propuesto resolver esa dificultad mediante la extensión a todos los niveles escolares de la ley vigente (20.418), la cual exige a los establecimientos con enseñanza media a que desarrollen sus propios programas de educación sexual. Sin embargo, esta ley tiene 10 años de vigencia y sus resultados han sido frustrantes. Los establecimientos difícilmente logran diseñar y poner en práctica modelos originales de educación sexual. El asunto ha sido investigado, y sabemos con certeza que en la actualidad no existen los conocimientos ni los recursos para que cada escuela (y en particular las de dependencia municipal) elaboren diseños institucionales. Insistir en esta estrategia no tiene justificación técnica.
El proyecto de ley debe, entonces, ofrecer una alternativa. Para ello, sugerimos que la misma ley exhorte al Ministerio de Educación a asumir el protagonismo que históricamente ha esquivado en relación a la educación sexual. ¿Cómo? Produciendo y difundiendo una propuesta didáctica integral sobre sexualidad para las escuelas. Lógicamente esta debe basarse en los principios que defina la ley, entre los cuales destacamos la laicidad propia del sistema público de educación (que es respetuosa de toda expresión religiosa), el enfoque de género y el marco de derechos.
Aún sin contar con un soporte curricular, el Ministerio puede proporcionar, a establecimientos y docentes, recursos didácticos de calidad, junto a una propuesta de gestión, orientados a facilitar la realización de educación sexual. Por supuesto esto no censura la posibilidad de que cada establecimiento pueda elaborar sus propias propuestas pedagógicas, siempre que tengan coherencia con los principios de la ley. Este mecanismo no es extraño, así se hace con los planes y programas de cualquier asignatura y es la forma en que el sistema escolar responde al principio de libertad de enseñanza.
El proyecto de ley debe proveer por un lado una solución definitiva a través de la incorporación de la sexualidad al currículo, y por otra parte debe proponer una estrategia eficiente de corto plazo, mediante la producción de un programa centralizado de educación sexual, con una propuesta de gestión y materiales didácticos útiles para todo tipo de escuelas.
De desconocerse esta dificultad, podríamos volver a tener una ley de educación sexual que se muestra sugerente en sus intenciones, pero del todo inoperante en cuanto a las prácticas escolares.
