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Parlamentarios ofician a diversos Ministerios por su responsabilidad en la prevención y castigo por casos de violencia contra disidencias sexuales

por 3 noviembre, 2020

Parlamentarios ofician a diversos Ministerios por su responsabilidad en la prevención y castigo por casos de violencia contra disidencias sexuales

Créditos: Foto de Raul Zamora/Aton Chile

En el oficio, las y los parlamentarios especificaron haber sido testigos de cómo las organizaciones LGBTIQA+ han denunciado y visibilizado estos hechos ante las autoridades de gobierno, pero también, “del silencio indolente de las mismas autoridades ante estos crímenes y delitos que se repiten y aumentan día a día, sólo en razón de la orientación sexual, e identidad o expresión de género de las personas”.
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“El pasado domingo 25 de octubre, familiares y cercanos encontraron el cuerpo de Miguel Arenas, vecino de la Villa San Andrés de la comuna de Colina, quien fue víctima de un ataque homofóbico. El cuerpo de Miguel se encontraba amarrado a una silla, con evidentes signos de haber sido torturado, lo que le provocó finalmente la muerte”.

Así comienza en oficio redactado por diputadas y diputados del Frente Amplio, quienes solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Secretario General de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otros, dar cuenta de diversas situaciones que tienen que ver con el aumento de hechos de violencia y discriminación en contra de las personas LGBTIQA+ en nuestro país.

“El 2019 fue el año más violento para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y asexuales en Chile, al incrementar un 58% los casos y denuncias por homofobia y transfobia, ascendiendo a 1.103 los atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha”, según reportó el XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad sexual y de Género del Movilh.

En el oficio, las y los parlamentarios especificaron haber sido testigos de cómo las organizaciones LGBTIQA+ han denunciado y visibilizado estos hechos ante las autoridades de gobierno, pero también, “del silencio indolente de las mismas autoridades ante estos crímenes y delitos que se repiten y aumentan día a día, sólo en razón de la orientación sexual, e identidad o expresión de género de las personas”.

Por lo anterior, solicitan a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorel y a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, medidas como:

Acciones positivas, que se estén implementando o a implementar, para fomentar un cambio cultural con miras a modificar los patrones sociales de violencia y discriminación en contra de las personas LGBTIQA+.

Planes o programas vigentes o a implementar, para responder a las situaciones urgentes de crímenes, violencia y discriminación enfrentada por las personas LGBTIQA+. Condenar y tener una posición pública de rechazo, por parte del Ejecutivo, a los actos de violencia y discriminación basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Generar Informes y/o Diagnósticos, respecto a las brechas, vulneraciones y desafíos en la temática LGBTIQA+ por parte del Estado de Chile, entre otros.

Además, respecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el oficio busca que informen las razones por las que en la nueva versión de la encuesta Casen se han excluido preguntas sobre la orientación sexual y afectiva e identidad de género, en circunstancias en que resulta imperioso incorporarlos dentro de una comprensión multidimensional de la pobreza.

También hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las razones por las que aún no se ha enviado al Congreso Nacional para su ratificación, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia (A-69) de la OEA, pese a haber sido firmada por Chile el 22 de octubre de 2015, y también la fecha tentativa en que se iniciará el procedimiento de ratificación.

Finalmente, al Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, sobre la fecha de envío del proyecto de ley de reforma a la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, según lo anunciado a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación en las mesas de trabajo al respecto junto a la sociedad civil desde mayo de este año, y en particular, las reformas legales dirigidas a prevenir y sancionar los crímenes de odio.

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