Francisco Leturia y el test antidrogas: “Es el tipo de errores que el crimen organizado celebra”

El proyecto del Gobierno que busca establecer test de drogas obligatorios para determinadas autoridades y vincular sus resultados con la permanencia en el cargo parte, a juicio de Javier Leturia, de un diagnóstico equivocado.

El profesor de Derecho de la Universidad Católica, doctor en Derecho y expresidente del Consejo para la Transparencia sostiene que la propuesta apunta precisamente a quienes tienen menor exposición a las redes criminales y deja fuera a funcionarios de áreas particularmente sensibles, como policías, fiscales, jueces, aduanas, puertos y Gendarmería. “La huella del crimen organizado está en el dinero”, resume.

Su crítica va más allá de discutir a quiénes se aplicaría el examen. Leturia cuestiona la propia capacidad del test para demostrar aquello que el Gobierno pretende acreditar. Su tesis es que un examen de pelo no prueba necesariamente consumo, sino la presencia de determinados metabolitos, y que sus resultados pueden variar según el laboratorio, la técnica e incluso las características del cabello. Por eso insiste en una idea que atraviesa toda la entrevista: “el test es una hipótesis, no un resultado”.

Hay, además, un problema práctico. Según explica, los paneles utilizados habitualmente detectan apenas cuatro o cinco sustancias dentro de las cerca de 400 prohibidas en Chile y dejan fuera drogas sintéticas o de consumo extendido como tusi, ketamina, GHB, LSD, MDMA, catinonas y mefedrona. El resultado, advierte, podría ser paradójico: autoridades que no consumen podrían enfrentar falsos positivos, mientras consumidores de otras sustancias podrían pasar inadvertidos.

Para Leturia, el riesgo político es generar una falsa sensación de control: sucesivas rondas de exámenes negativos podrían ser presentadas como demostración de que las instituciones están libres de infiltración, mientras el crimen organizado continúa operando a través de sobornos, financiamiento, patrimonio e infiltración en áreas estratégicas.

Frente a ello propone poner el énfasis en inteligencia, escuchas, cooperación internacional, protección de denunciantes y seguimiento del dinero. Y cuestiona que una medida de esta naturaleza llegue incluso a rango constitucional sin estudios previos sobre su eficacia.

Un test que apunta al lugar equivocado

La primera objeción del académico es de diseño: si la preocupación es la penetración del narcotráfico en el Estado, sostiene que el control debería concentrarse en los espacios donde las organizaciones criminales tienen mayores incentivos para infiltrar funcionarios. A eso suma una crítica al supuesto que vincula consumo con corrupción: para Leturia son fenómenos distintos y convertir uno en indicador del otro puede terminar distrayendo recursos del problema principal.

-El Gobierno ha vinculado esta reforma con el combate al narcotráfico. ¿Un test de drogas a autoridades es realmente una herramienta eficaz?

–No. Y peor aún. Es el tipo de errores y despistes que el crimen organizado celebra. Primero, porque los sujetos de interés de las mafias son policías, fiscales, jueces, agentes de aduana y funcionarios portuarios. No subsecretarios. Exactamente las personas que esta reforma no considera. Segundo, porque el crimen organizado tiene herramientas mucho más efectivas para infiltrar al Estado y chantajear a alguien. Antes prefiere financiar campañas que encargar una lista de sus clientes al muchacho que reparte bolsitas en la calle. La huella del crimen organizado está en el dinero, no en las fiestas electrónicas ni en los recitales.

Y tercero, porque tal como esta, el test apuntará más a falsos positivos que a reales consumidores. En otras palabras, esta propuesta solo va a generar problemas, como ya está ocurriendo con el subsecretario, y no va a cumplir ninguno de los objetivos que se propone (probidad, transparencia, lucha contra el crimen organizado). Nunca mejor dicho eso de que “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”.

-¿Existe una relación suficientemente sólida entre consumo de drogas y corrupción como para justificar la pérdida del cargo?

-No. Consumir no lleva a ser capturado por el crimen organizado. Sabemos que una buena cantidad de diputados y senadores son consumidores habituales, y no necesariamente son los de más bajo desempeño. Otra cosa es que el Presidente pueda cambiar a quien quiera en los cargos de confianza, porque es una cuestión subjetiva, que él puede determinar como quiera. Pero no me parece que sea útil a nivel general. Si en ninguna parte del mundo existe algo como lo que ha planteado este Gobierno, no es porque sean tontos o no lo hayan pensado. Es porque no funciona.

-¿Existe el riesgo de confundir dos fenómenos distintos: consumir una sustancia y tener vínculos con una organización criminal?

-Es peor. El test no acredita consumo, solo la existencia de ciertos metabolitos, que pueden tener distintos orígenes. Si lo que se busca es excluir de la política a los consumidores, el test no sirve. Esto es muy importante de entender. El test de pelo plantea una hipótesis, no una conclusión. Y el margen de error puede ser importante, ya que los resultados cambian mucho según el laboratorio, la técnica utilizada, e incluso según el tipo de pelo. De hecho, hay estudios que dicen que el pelo oscuro y rizado captura más metabolitos. Por tanto, tal como está planteado es una lotería. Saldrán más falsos positivos que verdaderos consumidores. Un absurdo. Menos mal que la propuesta deja fuera de los test al Presidente y a la primera dama. ¿Te imaginas la crisis institucional que habría si en esta lotería de falsos positivo le toca la carta marcada al Presidente, y tuviera que renunciar, como tuvo que hacerlo el subsecretario?

Sería una crisis institucional absurda. Además, te reitero. El crimen organizado busca otro tipo de capturas, generalmente por plata, sobornos, infiltraciones. No por consumo.

-¿Qué tan problemática entonces es una legislación que da una señal política fuerte pero usa un instrumento que no detecta la penetración real del crimen?

-El problema no es que sea inútil. Es que hace daño. Cada ronda de exámenes negativos se va a leer como prueba de que el Estado está limpio y puro, lo que obviamente es falso. Y mientras creemos que estamos ocupados del tema, descuidamos lo obvio: las funciones realmente críticas, la ruta del dinero, etc. A mí me molesta esto porque el crimen organizado es un problema real y serio. No da para cuñas o medidas performativas, que suenan bien, pero son pésimas medidas. Estos son temas serios. No podemos, para generar una buena imagen y un alza de popularidad en el corto plazo, descuidar el principal problema del país, lo que la gente votó solucionar. Si las cosas se hacen sin cuidado, no solo salen positivas personas que no consumen. Muere gente, se corrompen las instituciones, las redes de la mafia avanzan.

“Hipótesis, no resultados”

Aquí aparece uno de los puntos más duros de la argumentación de Leturia. Antes de discutir si consumir una sustancia hace o no incompatible a una persona con un cargo público, el expresidente del CPLT plantea que el instrumento escogido ni siquiera permite establecer con la certeza necesaria que ese consumo existió. Desde esa perspectiva, vincular automáticamente un resultado de laboratorio con la cesación del cargo abre, en su opinión, un problema de proporcionalidad y debido proceso.

-¿Qué importancia jurídica tiene distinguir entre consumo, dependencia y un test positivo?

Consumo y dependencia son categorías médicas, deben tratarse como problemas de salud. Acá el argumento que se ha dado es vínculos con el crimen organizado, riesgo de extorsión, compras ilegales, además de argumentos de probidad y transparencia que realmente no vienen al caso. Pero te insisto: el test de pelo es solo un indicador de magnitudes, de probabilidades. Un dato de laboratorio, que no sirve para acreditar, por sí mismo, nada de lo que se busca acreditar. Transformar la sospecha en sanción, destituir sin certezas autoridades electas por el pueblo sobre la base de un examen falible y corrompible, me parece una invitación a la paranoia, a la injusticia, al mal gasto de recursos. Un retroceso civilizatorio bajo cualquier circunstancia y lugar del mundo. Si tuviera que dejar una sola idea de esta entrevista, sería esta: el test es una hipótesis, no un resultado. Hay que leerlo con mucho cuidado, porque su valor predictivo positivo es mucho más bajo que lo que la gente de la calle imagina. De hecho, te reitero y puedo apostar dinero a que habrá muchos más falsos positivos que verdaderos consumidores, al menos en las autoridades analizadas, y que considera la reforma (porque además consumos leves y esporádicos son indetectables en el test).

-Según el  argumento, un test positivo, entonces, no acredita una conducta incompatible con la función pública. Solo la presencia de una sustancia.

-Es que ni siquiera podemos entrar en ello todavía. Faltan datos. El test ni siquiera puede acreditar consumo con plena certeza. Acá hay un desconocimiento brutal, un pésimo abordaje de un tema. Tal como está, es una ruleta rusa, una lotería con destitución y daño reputacional incluido. En otro momento, podemos entrar en el debate de si una persona que consume drogas es inhábil o indigno de un cargo público. Solo quiero dejar constancia de Thomas Jefferson, George Washington, Marco Aurelio y Bernardo O’Higgins, por solo mencionar algunos, habrían sido privados de participar en la vida pública.

-Si se establece la cesación del cargo, ¿Qué estándar probatorio debería exigirse?

-Encuentro peligroso entrar siquiera en este análisis. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un test de inteligencia? ¿Un test psicológico? ¿De nivel de testosterona en sangre, porque alguien no quiere cobardes? A mi me parece que el análisis más puro, es el del trabajo bien hecho. El resto del trabajo de combate a las mafias y a las drogas se lo dejaría a las policías, y secundariamente a los médicos y educadores. Gastaría toda la plata que sea necesaria, pero donde rinde, donde más le duele al crimen organizado. En perseguir el dinero.

Las drogas que el examen no ve

La eficacia técnica constituye otra de las debilidades que Leturia identifica. Mientras el mercado de drogas ha incorporado nuevas sustancias y mezclas, sostiene que los paneles siguen concentrados en un grupo reducido de compuestos. Esto no solo limitaría la capacidad del examen para identificar consumos reales, sino que, según advierte, podría incentivar el desplazamiento hacia sustancias que no son detectadas.

-¿Hasta qué punto un test refleja el consumo de una persona? ¿Puede una política pública descansar en una fotografía parcial?

-Esto es muy interesante. Porque de las cerca de 400 sustancias prohibidas en Chile, el test solo busca 4 ó 5, y una de ellas legal, aunque muy adictiva (benzodiazepinas).

El tusi, la keta, el GHB, el popper, el MDMA y el éxtasis, el LSD, las catinonas sintéticas, la mefedrona, los hongos mágicos, no son pesquisados, y algunos ni siquiera pueden ser pesquisados por el test. Y lo grave es que son estas precisamente las sustancias que más se consumen hoy.

¡Es ridículo! Si intensificamos estas medidas, solo se logrará un desplazamiento de consumo a drogas nuevas, no pesquisables y a técnicas para evadir el control (recetas médicas que expliquen legalmente los metabolitos, técnicas de limpieza, etc).

 -¿Qué ocurre con las nuevas drogas sintéticas que no están en los paneles de detección?

-No se pesquisan. Esta es la paradoja de un test de drogas que no pilla las drogas que la gente consume y que generan más problemas. Un total absurdo. Una propuesta noventera, de gente que ha visto narcoseries, pero que no sabe lo que pasa en la calle. Tampoco se dan cuenta de que Pablo Escobar hubiese salido limpio, porque en general los narcos no consumen.

-¿Existe el riesgo de una falsa sensación de control?

-Totalmente. Y eso me parece muy grave, muy inmoral, muy irresponsable. Dada la magnitud del problema del crimen organizado y del mandato que la ciudadanía ha dado al gobierno para hacerse cargo de ella. Por lo mismo, espero y confío en que esto se corrija, y solo sea el comienzo de una discusión que vaya volviéndose poco a poco más seria.

“Es el mundo al revés”

Para el ex presidente del Consejo para la Transparencia, el problema de fondo es dónde se ponen los recursos y la atención del Estado. Su planteamiento es que la infiltración criminal debe buscarse siguiendo las funciones estratégicas y, especialmente, el dinero. Por eso contrapone los test masivos a herramientas como inteligencia, investigación financiera, escuchas y protección de denunciantes.

-¿Tiene sentido concentrarse en autoridades políticas y dejar fuera a funcionarios de áreas sensibles?

-Ninguno. Es el mundo al revés. Se sobrerregulan funciones de bajo riesgo con medidas intrusivas y publicaciones infamantes y se abandonan las áreas críticas. Los puntos de riesgo real están en las policías, fiscales, jueces, aduanas y puertos, gendarmería, en fiscalización, en compras públicas y permisos. Y son los que no se tocan. Subsecretarios y alcaldes son figuras de más bajo riesgo, y si se corrompen, no será por una bareta de marihuana.

-¿Hay evidencia de que las normas de los últimos veinte años hayan detectado redes de narcotráfico o corrupción?

-Nadie lo ha evaluado. Y si somos más honestos, tampoco se podría evaluar, porque era una obligación legal tan cara y problemática, que no se cumplía. Era un saludo a la bandera, una pantomima de control, sin que realmente lo hubiese. Por tanto, no hay línea de base, no hay indicadores, ni estudios públicos de rendimiento. Pero te puedo decir otra cosa: si con el test se hubiera detectado una red criminal, lo sabríamos.

-¿Conoce evidencia comparada que demuestre que esto sirve para descubrir vínculos con el crimen organizado?

-No existen modelos consolidados. Pero lo poco que hay va en la dirección contraria. Lo que realmente sirve son otras cosas. Inteligencia, escuchas telefónicas, colaboración internacional, protección de denunciantes anónimos, seguimiento del dinero, ya sea en patrimonios, cuentas corrientes o lo que sea. Los test sirven, pero hay que usarlos donde tienen más utilidad, en función del riesgo del cargo, con los debidos cuidados. La propuesta chilena de examen obligatorio a funcionarios de bajo riesgo, resultados públicos y pérdida del cargo sin dolo ni plena certeza de consumo, y más encima de rango constitucional, no existe en ninguna parte. Entonces, debemos ir con un poco más de calma.

-¿Serían más eficaces el levantamiento de información financiera, los controles patrimoniales o los sistemas de alerta sobre enriquecimiento injustificado?

Yo creo que sí. De hecho, hay consenso internacional en la materia. Basta con leer los informes de Naciones Unidas, que además, prohíbe mediante distintas normas la publicación de resultados y los test indiscriminados. Al igual que la OIT. Reitero: está bien gastar plata en esto. Dar más facultades a las autoridades. Pero no tenemos tiempo para cometer errores básicos, hacer cosas que sabemos que no funcionan. Y si tu pregunta va directamente a preguntarme por qué la privacidad bancaria merece tantas cautelas y tanto pudor, mientras la vida de las personas se expone de este modo, la verdad es que no tengo respuesta.

El límite entre transparencia, privacidad y sanción

La última dimensión de la entrevista cruza dos ámbitos que Leturia conoce de cerca: la transparencia y los derechos asociados a la información personal. Su argumento es que el carácter público de una autoridad no elimina automáticamente la protección de sus datos sensibles. El problema se vuelve aún mayor, sostiene, si el resultado de un examen falible puede terminar no solo publicado, sino produciendo la pérdida de un cargo obtenido mediante elección popular.

-Usted presidió el Consejo para la Transparencia. ¿Hasta dónde llega el interés público en conocer el resultado de un test de una autoridad?

-El CPLT se encarga de trazar una línea entre la información que de verdad es de interés público, y la que no. De hecho, también vela por la protección de los datos personales. Cuando yo era presidente fue todo el show de los test de pelo de los diputados, que obviamente era una maniobra para intentar exponer por secretaría a muchos diputados del FA. Pero todo quedó en nada, como siempre dijimos que pasaría: muy pocos diputados se hicieron el test, nunca conocimos sus resultados, y una buena cantidad entregó certificados médicos. Todo esto, bajo estricta reserva. Y lo más irónico, es que muchos de los que estaban nerviosos, ahora saben que si no consumes todos los días, o si solo lo haces en las tardes, eres indetectable para el test, lo mismo que si consumes tusi, LSD o muchas otras drogas. Yo creo que esa política no sirvió para nada más que para gastar plata y fomentar el consumo ilustrado, además de para que muchos perdiéramos respeto por los promotores de la iniciativa.

Además, hay otro detalle. Hay tratados a los que Chile está obligado. La OIT, por ejemplo, exige que los problemas con alcohol y drogas se traten como asuntos de salud, sin discriminación y con confidencialidad garantizada. Algo parecido ha dicho la Dirección del Trabajo, que impide dar al empleador el resultado de un test sin consentimiento expreso del trabajador. Porque publicar aleja del cuidado, estigmatiza y daña, en vez de cuidar y favorecer la recuperación al adicto, en los casos que existan.

¿Finalmente es necesario que esto esté en la Constitución?

-Esta es una pregunta realmente interesante, y un poco tramposa. Porque tiene varios matices. Primero, las causales de cesación de parlamentarios y otras autoridades elegidas por voluntad popular son materias que en Chile son de rango constitucional. Y si esta reforma se hiciera por ley, sería declarada inconstitucional, y contraria a varios tratados internacionales.

Pero incluso, en ningún caso podría ser aplicado a autoridades electas. O bien podría ser uno de esos casos de manual en que una norma constitucional resulta ella misma inconstitucional, sobretodo si quiere cambiar las reglas del juego sobre la marcha y torcer la voluntad popular por esta vía.

Hay quienes piensan que el quorum no se alcanzará, y que esto solo es una maniobra comunicacional. Pero yo creo que abre un interesante espacio para pensar en las cosas que realmente pueden servir, y corregir en el camino. Obviamente lo ideal seria que antes de proponer una reforma constitucional se tuvieran a la vista y se presentaran públicamente los estudios sobre el valor predictivo positivo del test que se propone usar. Pero acá se presentó la reforma sin saber qué tan fiable era, ni cómo o quién haría el test.

No te puedes gastar $5.000 millones al año en algo que dará casi ningún resultado de interés, mientras descuidas las áreas críticas que debieras cuidar. Mientras, el crimen organizado sigue haciendo sus negocios tranquilos, y se hace creer a la gente que vivimos en una república donde reina la pureza. Eso es frívolo, cruel, irresponsable.