BRAGA
El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra, incluso en colegios laicos.
Sandra Pavez es una profesora de religion a quien se le prohibió seguir impartiendo clases hace más de 12 años por ser lesbiana y, tras negarse a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas, ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual, recién ahora se está un poco más cerca de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falle en su favor.
Exactamente este fallo en favor de la chilena es lo que el el grupo conservador estadounidense, ADF Internacional, quiere evitar, razón por la cual, durante la jornada de ayer, el Movilh denunció que el grupo cinició una campaña lesbofóbica de recolección de firmas, la cual tiene lugar, ante el inminente fallo de la Corte IDH, luego de que el 11 de septiembre del 2019, y tras 12 años de investigaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizara al Estado de Chile por vulnerar la vida privada, la autonomía y el derecho al trabajo de Sandra Pavez, acusando que ésta fue víctima de desamparo legal, desigualdad y discriminación.
En este sentido, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que se trata de “una abierta campaña lesbofóbica que daña la dignidad de la docente utilizando argumentos falsos para perpetuar esta dolorosa discriminación que ha mantenido a Pavez fuera de las aulas durante 24 años”.
La petición que será presentada ante la Corte IDH con el apoyo de estas firmas, señala que “la autonomía de las comunidades religiosas y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa acorde con sus convicciones se encuentra en juego en el caso de Sandra Pavez”
La misiva añade que Pavez “en 2008 llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón afirmando que tiene derecho a hacer clases de religión católica aun contra la objeción de su iglesia, y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados”.
“Hoy el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se espera una decisión durante 2021. De su decisión dependerá si las escuelas Católicas, Judías, Musulmanas, Evangélicas o de cualquier otra denominación podrán procurar que sus educadores religiosos guarden sus deberes de fidelidad hacia la fe que voluntariamente dicen profesar, y si los Estados respetarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones. Esperamos que la Corte no ignore el derecho humano básico a la libertad de religión”, apunta la carta de ADF Internacional.
Jiménez denunció que “con esta campaña nuevamente se aprecia como los grupos ani-derechos distorsionan la verdad, buscan legitimar la discriminación y el odio contra las personas LGBTIQ+ e intentan torpedear el Estado laico, todo en el marco de una irracional y peligrosa lesbofobia”.
“Confiamos en que la Corte IDH se ajustará a la Convención Americana de Derechos Humanos y fallará a favor de Pavez, una profesional intachable que durante más de 20 años dictó clases y se ganó el cariño de compañeros/as de trabajo, directivos, apoderados y estudiantes, siendo siempre elogiada y nunca cuestionada por la comunidad educativa. Solo la Iglesia Católica, y luego la Suprema, fueron el obstáculo para que Pavez siguiera enseñando”, apuntó Jiménez.
El caso se remonta al 25 de julio del 2007 cuando por orden del entonces obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía desde 1985.
“Lo anterior luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, sacerdotes visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, señaló Jiménez.
El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra, incluso en colegios laicos.
Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924.
