Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH: “Vivimos en un mundo donde se sigue discriminando a las mujeres, pero también vivimos en un mundo que tiene en la cúspide de la agenda estos asuntos”

Con su reciente nombramiento, Antonia Urrejola se convierte en la primera mujer chilena presidenta de la CIDH, organismo que a su vez contará por primera vez en la historia con una directiva integrada en su totalidad por mujeres.

En entrevista con El Mostrador Braga, la abogada ahondó en la problemática de la paridad de género como asunto de derechos humanos, en cómo la pandemia ha impactado de manera diferenciada a la población, junto con los principales desafíos de su nuevo cargo en materia de derechos humanos y la importancia de exigir una perspectiva de género a los Estados para contribuir al mejoramiento de la situación de las mujeres y disidencias en el continente americano.

“La perspectiva de género es esencial, no sólo en los procesos judiciales sino muy especialmente en materia de reparaciones.  Los Estados deben adoptar medidas de reparación y políticas públicas  con una visión transformadora, a fin de reformar el contexto de discriminación contra las mujeres que existe en el continente. Se deben propiciar cambios en las costumbres, las actitudes y los estereotipos de las autoridades y la población en general, y abordar debidamente las causas y consecuencias sociales de las violaciones de derechos humanos a fin de lograr cambios estructurales”, comentó en esta conversación.

-Sobre la existente brecha de género en el ámbito laboral y la falta de representación de las mujeres en organismos internacionales, ¿cómo percibes tu nombramiento como presidenta de la CIDH, en donde por una parte es primera vez que una chilena lo preside, y por otra, primera vez que la junta directiva estará compuesta solo por mujeres?  

-Además de la obvia brecha de género que hay en materia laboral y en casi todos los ámbitos de la vida, brecha en que las mujeres estamos en desventaja, hay una cosa adicional implícita en esta pregunta, y es que la paridad de género es un asunto de derechos humanos, por eso me lo preguntas a mí en mi calidad de presidenta de la CIDH. El hecho de que después de 61 años de existencia, ésta sea la primera vez que la CIDH tenga una Junta Directiva integrada solo de mujeres, llama a reflexión. Y por eso es noticia. No sería noticia si fuesen tres hombres. Entonces la mala noticia es que vivimos en un mundo donde se sigue discriminando a las mujeres pero también vivimos en un mundo que tiene en la cúspide de la agenda estos asuntos, al punto que es parte inevitable de cualquier discusión de derechos humanos.

El hecho de que en la Comisión Interamericana, además de su directiva, hoy las comisionadas seamos cinco y los comisionados sean solo dos, es de nuevo el reflejo de esa buena noticia. Sin embargo, estamos lejos de cantar victoria, estamos lejos de poder detener las luchas y las reivindicaciones en materia de igualdad de género. Ciertos avances específicos no pueden relajarnos. Seguimos viviendo en un mundo desigual y las sociedades en que vivimos tienen profundas raíces patriarcales hacia la superación de las cuales debemos seguir avanzando. Y en ella, obviamente, los hombres deben ser aliados.

-A tu parecer, ¿cuáles son las principales barreras que impide a las mujeres romper con el “techo de cristal”? 

-Hay una gran barrera que es la cultura, es ésta la que está en la base de las prácticas que discriminan a las mujeres, y que muchas veces humillan, denigran o castigan; ello ocurre en el seno de nuestras familias,  en el seno de nuestras instituciones, de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Cuando los órganos internacionales como la CIDH o cuando los movimientos feministas alegan la necesidad de perspectiva de género eso es lo que se pretende, visibilizar esas prácticas y evitar que ellas sigan imponiendo roles de género subordinados, y poniendo en desventaja a las mujeres. Eso no ocurrirá automáticamente, como no fue,  por el simple flujo de las cosas,  que se conquistó el derecho a voto para las mujeres en su momento.

La cosa es que para superar ese techo de cristal que es la cultura, deben abrazarse luchas por parte de la sociedad civil. El ejercicio de esas luchas es un derecho humano reconocido en el Sistema Americano como derecho a la protesta social pacífica. Pero no basta con la protesta para visibilizar,  deben elaborarse políticas públicas por parte de los Estados y deben hacerse cambios en las sociedades.

Deben haber cambios institucionales para que, por ejemplo, los directorios corporativos sean integrados por más mujeres, deben modificarse normas para que la participación política sea paritaria, para que las remuneraciones sean equitativas por trabajo similar entre hombres y mujeres. Yo no debo pronunciarme sobre asuntos de Chile debido a mi trabajo en la Comisión Interamericana, pero como ya no está en discusión sino que se trata de una decisión tomada, puedo decir con orgullo que Chile tendrá la primera Asamblea Constituyente paritaria en la historia de la humanidad, y eso se hizo disponiendo de reglas especiales para cambiar la “normalidad” con que se elegían los cargos políticos de elección popular.  El punto es que los cambios deben promoverse y esa es una de las funciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos como la CIDH.

-En tu larga trayectoria y experiencia laboral, ¿alguna vez te sentiste discriminada o pasada llevar por ser mujer?, ¿compartes algún episodio?

-La verdad es que una cuando es más joven, sobre todo mi generación y más aún las anteriores a la mía, muchas veces no teníamos conciencia de esa discriminación por género. Normalizábamos un trato que hoy, mirando hacia atrás sin duda era discriminatorio, incluso humillante. Son tantas cosas que pasan todos los días a las mujeres que me da pudor referirme a mí misma, porque yo hablo desde el privilegio por ser una mujer educada, blanca, de un determinado estrato socioeconómico.

Entonces, desde una visión interseccional, mi situación disfruta de varios privilegios. Las brechas de género deben ser superadas para todas las mujeres, pero principalmente para las mujeres que están cruzadas por varios factores de discriminación, mujeres pobres, mujeres indígenas y afrodescendientes, mujeres migrantes, mujeres de la diversidad sexual y de género etc. Hay mucho trabajo por hacer y millones de historias de vida en nuestro continente que son evidencia de esa necesidad.

Precisamente esta semana me ha tocado estar en dos espacios que hablan de esta discriminación en su peor expresión: la violencia de género y más concretamente, la violencia sexual. El lunes participé en representación de la CIDH en una audiencia de la Corte Interamericana en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya. Ella fue secuestrada, torturada y violada colectivamente por un grupo paramilitar. El propósito: acallarla, que no siguiera ejerciendo su profesión de periodista. Y ayer jueves estuve en una audiencia de la Comisión con mujeres víctimas de violencia sexual durante la dictadura militar en Uruguay. Es muy impactante escuchar los testimonios y conocer directamente los riesgos especiales de violencia sexual y discriminación a los que están expuestas las mujeres y niñas en razón de su género. Reconocer la violencia sexual como delito y como método de violencia política es un avance importante para alcanzar la igualdad y la justicia de género.

-¿Qué importancia le dan a la incorporación de la perspectiva de género a sus actividades y cuáles son los principales desafíos para la CIDH en esta materia? 

-No existe ninguna política pública que satisfaga los estándares internacionales de derechos humanos si no incorpora la perspectiva de género. En consecuencia no existe ninguna recomendación internacional que pueda cumplirse apropiadamente sin perspectiva de género. Cuando hablamos de memoria verdad y justicia, por ejemplo, por hechos del pasado, no puede olvidarse que la represión durante las dictaduras en nuestro continente, y las represiones que hoy mismo despliegan ciertos estados con características autoritarias, son mecanismos represivos que tuvieron o tienen dispositivos especiales de ataque a las mujeres, precisamente en su condición de mujeres, desde las detenciones, específicas formas de malos tratos, formas de tortura.  Fueron o son dispositivos que esos aparatos represivos destinaron especialmente a las mujeres. Hoy empezamos a abrir esos pedazos de la memoria, como los ejemplos que te mencioné anteriormente de Colombia y Uruguay,  y a exigir a los estados perspectiva de género en los esfuerzos por verdad, justicia y memoria para las mujeres vejadas en dictaduras o durante los conflictos armados.

¿Puede llevarse adelante una política laboral apropiada sin perspectiva de género? Claro que no. ¿Y en materia de justicia? Tampoco. La perspectiva de género es esencial, no sólo en los procesos judiciales sino muy especialmente en materia de reparaciones.  Los Estados deben adoptar medidas de reparación y políticas públicas  con una visión transformadora, a fin de reformar el contexto de discriminación contra las mujeres que existe en el continente. Se deben propiciar cambios en las costumbres, las actitudes y los estereotipos de las autoridades y la población en general, y abordar debidamente las causas y consecuencias sociales de las violaciones de derechos humanos a fin de lograr cambios estructurales.

-La pandemia ha impactado en distintos frentes y de manera diferenciada en la población, la violencia de género y su más extrema expresión, los feminicidios, han aumentado producto del confinamiento. ¿Hay algunas medidas que los Estados puedan tomar como mecanismos de prevención? 

-Como te decía, no hay fenómeno social, ni política pública que no requiera perspectiva de género. La pandemia tiene una triste manifestación en el aumento preocupante en la región de los casos de violencia de género sobre todo en el ámbito familiar. La Comisión Interamericana, ya en abril de 2020, emitió una resolución con una serie de llamados a los Estados de la Región en el contexto de la pandemia. Ya en ese momento llamó a fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género.

Como decía antes, hay profundos cambios que promover en la propia cultura que está en la base de la violencia en contra de las mujeres, pero en el corto plazo, los estados tienen la obligación de protección a la integridad y vida de las personas, y en este contexto de violencia doméstica,  de las mujeres. Existen mecanismos de detección temprana y respuesta rápida de violencia intrafamiliar que deben tener mejores y más rápidas respuestas, particularmente en contextos especiales que favorecen la violencia, como lo ha demostrado la pandemia por COVID19

-¿Qué posición tiene la CIDH referente a la violencia sexual utilizada como herramienta política en Estados democráticos? (en Chile 700 mujeres víctimas por agentes del estado, según información del INDH)

-Es un hecho histórico que la violencia sexual ha sido  un arma específica usada en contextos de conflictos violentos. La represión a las mujeres ha sido atravesada por dicha característica y no existe fenómeno represivo en nuestra región que no demuestre eso. Los sistemas policiales deben protocolizar el uso de la fuerza en contextos de protesta social, y establecer mecanismos específicos de seguimiento para que esos protocolos se respeten, y para que, cuando no se respeten, eso obligue a los funcionarios involucrados y a la agencia estatal envuelta en esos hechos, a rendir cuenta, determinar responsabilidades y castigos y producir una reparación apropiada de las personas cuyos derechos han sido violados. Por lo mismo, es una obligación que ello se haga con perspectiva de género y se haga cargo de la violencia sexual que porfiadamente aparece en la evidencia continental de represión contra las mujeres en contextos de protesta social.

Desarrollar políticas específicas en estas materias es una obligación internacional de los estados a la luz de los instrumentos americanos y universales aplicables.

-Preocupantes son los casos de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTIQ+, ¿Qué posición o diagnóstico tiene la CIDH a este respecto en la región? 

-La Comisión se encuentra preocupada por los altos índices de violencia que se registran contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex o aquellas personas percibidas como tales, en el continente y la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática. Esto se evidencia en la falta de adopción de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia cometidos contra personas LGBTI, de acuerdo al estándar de debida diligencia. La CIDH reconoce que se registran avances en algunos Estados en está materia, pero sin duda la violencia, estigmatización y discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ sigue siendo una preocupación prioritaria para nosotros y la relatoría que tenemos sobre el tema hace una tarea extraordinaria en monitorear y hacer conciencia sobre lo que ocurre a este colectivo en la región.

-¿Han fallado los Estados en el combate de la pandemia? ¿Consideras que existe un aprovechamiento por parte de los gobernantes para implementar medidas que vulneran los derechos humanos de las personas? Puedes dar algún ejemplo. 

-Es difícil responder esa pregunta desde la posición que yo detento, pues se trata de una compleja situación de política pública que han enfrentado todos los estados y sociedades del mundo sin toda la información y los recursos que quisieran, sin embargo es posible decir un par de cosas sobre eso.

No puede suceder que los estados y gobiernos tomen decisiones o desplieguen acciones que no se basen en la evidencia aportada por las comunidades científicas, ello es de una irresponsabilidad muy grave. La CIDH ha sido precisa en llamar a los estados de la Región y las autoridades a seguir la mejor evidencia científica disponible al momento de tomar decisiones de política pública en el contexto de la pandemia. Asimismo, hemos hecho un llamado a observar con especial cuidado en los pronunciamientos y declaraciones de los funcionarios públicos con altas responsabilidades en la pandemia. En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población, y al pronunciarse al respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma razonable con base científica. También, deben recordar que están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales. Los gobiernos y las empresas de Internet deben atender y combatir de forma transparente la desinformación que circula respecto de la pandemia.

Lo segundo, es que los Estados deben considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar.

Por ejemplo, el necesario abordaje de la violencia de género en el seno de las familias, el especial cuidado de salud e integridad de personas mayores, extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, etc.

Por último, hemos visto experiencias en el continente en que la pandemia se ha usado de excusa para implementar designios autoritarios y poco democráticos y en los casos en los que ha ocurrido eso, la Comisión ha llamado la atención sobre esos hechos y a cesar esas acciones por parte de estados que lo han hecho.

-Cómo se ve la imagen de Chile afuera con las violaciones a los DDHH ocurridos durante el llamado estallido social. La CIDH entregó un completo informe sobre esta materia con recomendaciones a comienzos del 2020, ¿qué pasa con lo que no se ha resuelto? ¿Esto es una mancha para un Chile democrático?, ¿existe una falta de alineamiento con los estándares internacionales en materia de DDHH? 

-Yo le insisto en que no puedo pronunciarme sobre asuntos de Chile por disposiciones que rigen el ejercicio de mi cargo como comisionada de la CIDH,  atendida mi condición de chilena. Pero se deben tener en cuenta algunos estándares internacionales en esta materia.

La CIDH reconoce que la protesta juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. A su vez, cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas. El recurso a la fuerza pública puede constituir un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la integridad de los manifestantes. Por otro lado, también representa una importante fuente de violaciones a estos mismos derechos. Es necesario que los Estados avancen en regulaciones sobre su accionar y en especial sobre el uso de la fuerza y de la actuación policial en los contextos específicos de protesta.

Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrrollo de las manifestaciones y protestas y la obligación de aislar a los manifestantes que recurren a la viiolencia. A su vez, los Estados tiene la obligación de investigar de forma imparcial, exhaustiva y expedita los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones pero también, y muy especialmente, cuando las fuerzas de seguridad atentan contra la contra la vida e integridad de personas que se manifiestan, esos hechos deben ser investigados, exhaustivamente hasta obtener la verdad sobre esos hechos, establecer responsansibilidades y proveer reparaciones apropiadas a las personas afectadas. Un aspecto muy importante es que deben tomarse medidas específicas para asegurarse que ese tipo de hechos no se vuelvan a producir.

 -¿Cuál es tu opinión de los movimientos feministas en el mundo?

-Tengo una opinión estupenda, sin los feminismos -en todas sus versiones- nosotros no habríamos tenido siquiera esta conversación. Así que a los feminismos, a esos movimientos, hombres y mujeres debemos darles las gracias, pues por la lucha de ellas avanzamos hacia este mundo como un mejor lugar para vivir.