Yo opino
Créditos: Foto de Movilh
El respeto por las personas LGTBI+ se ha posicionado en los últimos años a nivel internacional como un valor democrático, mediante el cual los estados quieren encuadrarse como supuestamente modernos, democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento efectivo de estos colectivos y la incidencia efectiva en las desigualdades que cruzan, siguen siendo una tarea pendiente.
La intervención pública y las leyes han prestado poca atención a esta comunidad -víctima de violencias y discriminaciones de todo tipo- como ha quedado demostrado en las últimas dos semanas, en que se han registrado tres hechos de violencia de odio hacia personas trans.
El último de ellos ocurrió el lunes pasado cuando una mujer trans recibió más de 100 perdigones en su rostro y cuerpo, que la tiene internada y con pérdida de visión. Una semana antes, la trabajadora sexual y activista trans, Canela Inbenjamin, junto a dos mujeres más fueron víctima de una golpiza también en el sector de Américo Vespucio, dónde las agrupaciones trans han denunciado diversos actos de violencia trans-odio.
[cita tipo=»destaque»] Aunque Chile cuenta hoy con una Ley de Identidad de Género y una Ley Antidiscriminación, los hechos revelan que son insuficientes y que se necesita urgentemente una política pública transversal que posibilite reconocimiento, pero también redistribución social que considere los derechos de estos colectivos. [/cita]
En el contexto de la pandemia por Covid19 y el resurgimiento de activismos de extrema derecha en Chile, la población trans y otras personas LGBI+, debe tener garantías estatales de que la violencia odiante será perseguida y castigada. Así como los discursos de odio que la sustentan y las estructuras sociales que la soportan. También, que se velará por sus derechos humanos, así como por su bienestar en tanto ciudadanxs que sufren diversas discriminaciones: por su identidad y orientación sexual, su posición socioeconómica, por su procedencia nacional, su color de piel, etc.
Esta es una situación que se ve agravada con las precariedades derivadas de la pandemia de Covid 19 y especialmente cuando se trata de personas migrantes no heterosexuales, quienes cruzan por diversas violencias dadas por las restricciones fronterizas y del Estado, por la homo/lesbo/transfobias institucionales y cotidianas, en algunos casos por su color de piel o rasgos físicos y también por su posición socioeconómica. Estos hechos de violencia no son aislados y se han agudizado este año, según han denunciado los colectivos LGTBI+ sin recibir respuesta de las autoridades.
Aunque Chile cuenta hoy con una Ley de Identidad de Género y una Ley Antidiscriminación, los hechos revelan que son insuficientes y que se necesita urgentemente una política pública transversal que posibilite reconocimiento, pero también redistribución social que considere los derechos de estos colectivos. Es importante que se ponga coto a todas las violencias, torturas y malos tratos cometidos contra las personas trans y personas LGBTI+ y ofrecer reparación efectiva a las víctimas.
Por otro lado, tal como lo plantean diversas organizaciones trans, se requiere una Ley Integral Trans-Travesti que proteja los derechos de estas personas y evite que sigan siendo víctimas de violencia y asesinatos como los hechos lamentables de estas semanas.
