BRAGA
La instancia recibió a víctimas y organizaciones que dieron cuenta de una serie de situaciones de violencia en contra de funcionarias de la salud. Las parlamentarias, además, continuaron con las audiencias para la tramitación de la despenalización del aborto.
Esta semana, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género celebró sesión para analizar las situaciones de acoso laboral en el ámbito de la salud. Para ello, las parlamentarias escucharon la postura de las coordinadoras de las subcomisiones de Violencia, Salud Funcionaria y Cuidado Infantil de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, a través de Carol Poblete.
La personera solicitó a la comisión que oficie al Ministerio de Salud sobre la incorporación de mesas de género en cada una de las reparticiones de salud. Explicó que muchas funcionarias están sobrepasadas, hoy particularmente por el trabajo en pandemia, denunciando incluso suicidios entre estas debido a la presión, maltrato y acoso laboral.
Es el caso de Karin Salgado, quien se quitó la vida en el año 2019 por ser víctima de acoso laboral en el Hospital de Chillán. Su hermana, Claudia Salgado, aseguró que Karin no fue escuchada y sus empleadores se negaron a cambiar las condiciones laborales. Ante eso, pidió generar políticas de acoso laboral con el respectivo conducto regular para hacer las denuncias.
A su vez, María José Pino, funcionaria del Hospital San Juan de Dios y víctima de acoso laboral, denunció malos tratos hacia las enfermeras y dijo no haber alzado la voz por miedo a represalias. Aseguró que en este recinto está “institucionalizada la violencia” y no hay voluntad para sancionar.
Javiera Mena, representante del Colectivo de Enfermeras Feministas, denunció un “patriarcado biomédico” y afirmó que en el gremio no hay paridad en sueldos, ni reconocimiento por grados académicos. Añadió que se trata de un gremio precarizado y pidió crear una institucionalidad capaz de diagnosticar un acoso laboral con perspectiva de género. Finalizó su intervención haciendo un llamado a aprobar el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
Tras los testimonios, las parlamentarias acordaron oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre las denuncias que existen a nivel nacional por acoso laboral; así como también al Hospital de Chillán y San Juan de Dios para conocer en particular sobre los dos casos denunciados.
Asimismo, se acordó citar a las autoridades de salud correspondientes para que puedan dar cuenta de los oficios solicitados; y se comprometieron a revisar si existe algún proyecto de ley que sancione los sumarios sin resolver. De no haberlos, se comprometieron a crear una legislación al respecto.
