¡Ouch! Piden incautar teléfonos e investigar chats de Rabat y Silva

La controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y presos de Punta Peuco dejó de ser solo una disputa sobre la interpretación de una ley, tal como se buscó presentar en un comienzo. Desde el Congreso Nacional preparan una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y en el ámbito civil se interpuso una demanda por daño moral contra el Estado que solicita una indemnización por $200 millones para dos víctimas de un torturador que incluso apareció en televisión celebrando el beneficio.

Aparte de estos dos flancos, existe una tercera arista que ha comenzado a consolidarse en tribunales: la vía penal, abierta por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes denunciaron al ministro Rabat y al exsubsecretario Luis Silva por fundamentar los decretos a partir de una decisión arbitraria que habría contravenido una prohibición legal. O sea, que ambos habrían cometido prevaricación administrativa.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo del persecutor Francisco Jacir, y fue el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien confirmó que Rabat estaba imputado en la causa, aunque matizó que una actuación puede ser cuestionable –o incluso ilegal– sin constituir necesariamente un ilícito de carácter penal.

“La Fiscalía no investiga errores políticos. Una cosa es la política. Nosotros no somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud“, indicó. El lunes, de hecho, la Fiscalía pidió los decretos exentos al Ministerio de Justicia.

La ironía de Valencia, sin embargo, no impidió que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera una querella presentada por el abogado Gabriel Salinas, quien también acusa de prevaricación al ministro Fernando Rabat y al exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, por haber tramitado, impulsado y defendido la dictación de exentos y decretos que favorecieron a condenados por violaciones de derechos humanos recluidos en Punta Peuco.

Ambas causas, eventualmente, podrían agruparse en los próximos días en una misma arista judicial. En su libelo, referido exclusivamente a los violadores de DDHH beneficiados por Rabat y Silva, Salinas solicita, entre otras cosas, que el Ministerio Público ordene la incautación de todos los correos electrónicos, minutas y archivos adjuntos de los correos de ambos querellados, enviados y recibidos entre enero y octubre de 2026, “con el fin de fijar el conocimiento fáctico (a sabiendas) de los fallos de la Corte Suprema”, señala.

Del mismo modo, se pide que la Brigada del Cibercrimen de la PDI revise la metadata de todos los documentos relacionados con los decretos exentos, a fin de determinarse por medio de las direcciones IP las estaciones de trabajo en las cuales se redactaron los decretos, las modificaciones que estos tuvieron y la identidad de quienes intervinieron en ellos.

Asimismo, se pide que se tomen declaraciones a los jefes de la División Jurídica y la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, así como a los imputados.

Además, Salinas pide que se investiguen los celulares privados y fiscales de Rabat y Silva, con el fin de revisar sus chats y determinar si hubo comunicaciones con los abogados de los exagentes de la dictadura, entre varias otras diligencias.

Bloque constitucional

Los casos de los exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Patricio González Cortéz y Heraldo Veloso Gallegos –ambos condenados por la desaparición forzada de miembros del Frente Manuel Rodríguez a fines de 1987–, sumado al caso de César Acuña Luengo, ya habían sido expresamente denegados por la administración de justicia en septiembre de 2025.

La resolución ratificada por la Corte Suprema –según argumenta la querella presentada por el abogado Gabriel Salinas–, establece que a los condenados por crímenes de lesa humanidad no se les debe aplicar “el estatuto doméstico ordinario de reducción de penas”, una situación que en el caso de realizarse contravendría el mismo principio rector, apelando de “forma torcida” a la consideración de buena conducta establecida por Gendarmería.

Al emitir los informes y decretar las rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad, plantea la querella, se habría fracturado el “bloque constitucional”, “pretendiendo aislar la aplicación de la Ley Nº19.856 de los compromisos sistémicos del Estado chileno en materia de derechos humanos”, como el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíben mecanismos de impunidad encubierta.

“Intentar sobreponer un reglamento administrativo común de ejecución carcelaria, por sobre una prohibición constitucional de rango convencional por sobre el bloque de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, constituye un acto de pura arbitrariedad desnuda, desprovisto de toda cobertura jurídica de validez”, apunta el documento judicial.

Esta infracción al deber se circunscribiría en el delito de prevaricación administrativa, al dictaminar un resolución de forma “manifiestamente injusta”, pues ambos querellados habrían decidido voluntariamente suscribir informes y decretos para provocar un efecto “antijurídico”, actuando bajo las reglas del dolo, y faltando a un deber de “pericia y control superior”.

“El núcleo esencial de la prevaricación administrativa es que se emitan resoluciones injustas, pasando el límite de los derechos esenciales de la naturaleza humana. Esto tiene que ver con que se está rebajando la condena no a delincuentes comunes, sino a violadores de derechos humanos. Entonces, bajo este aspecto, estamos frente a una ilegalidad administrativa”, explicó Salinas a El Mostrador.

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Denuncia parlamentaria

La denuncia interpuesta por los diputados Cuello y Santana también explota la hebra de la prevaricación administrativa, en una investigación que lleva a cabo el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir. La indagatoria contará con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especial y busca establecer si los hechos denunciados constituyen delito y si existen responsabilidades penales de las autoridades.

Santana indicó que “el ministro le dijo al país que estaba cumpliendo sentencias de la Corte Suprema, cuando las rebajas se concedieron de manera general, sin exigirle a cada condenado un fallo que las ordenara. Esperamos que el fiscal cite a declarar a Rabat y revise los informes internos que sustentaron ese giro, y que las víctimas, a las que nadie escuchó, sepan por fin cómo y por qué se tomó esta decisión”, comentó Santana a El Mostrador.

Los diputados sostuvieron en la denuncia que el ministro Fernando Rabat no tendría atribuciones para imponer criterios jurisprudenciales por sobre disposiciones legales expresas, ni modificar el principio de efecto relativo de las sentencias, una interpretación que ha sido conocida hasta ahora como “doctrina Rabat” y que el propio Luis Silva dijo que se trataba de un ajuste de criterio impuesto por el ministro.

“El Gobierno sacó a Silva para usarlo de fusible, mientras el que fijó el criterio sigue en el cargo, con calidad de imputado y con el respaldo del Presidente Kast, y el 5 de noviembre firmó otra rebaja, esta vez a un condenado por homicidio. Por eso esto se tiene que llegar a la acusación constitucional, porque un ministro de Justicia imputado por cómo aplicó la ley no puede seguir un día más a cargo de aplicarla”, agregó Santana.

Los diputados invocaron, además, el artículo 228 del Código Penal que sanciona a las autoridades que dicten a sabiendas una resolución manifiestamente injusta. En el caso de Rabat –dijo el parlamentario socialista–, este firmó un rechazo el 18 de mayo y defendió esta posición en tribunales, “donde en al menos seis casos los jueces le dieron la razón” y aseveró que, “es más, un día antes de firmar el primer decreto favorable, la Corte Suprema respaldó un rechazo de su propio ministerio, o sea, tenía respaldo judicial para seguir aplicando la ley y decidió dejar de hacerlo”.

A estos antecedentes, detalló Santana, se suma el que los asesores del ministro Rabat le habrían advertido de las dificultades del cambio de disposiciones y que a pesar de esto –en al menos tres casos– aprobó rebajas, pese a que las seremis le avisaron que no se cumplían los requisitos.

“Hoy el ministro se escuda en que la comisión es el único órgano competente, cuando se han encontrado más de veinte decretos en que rechazó solicitudes por otros delitos que ya venían autorizadas, así que Rabat sí sabía decir que no y optó por decir que sí a condenados por violar y abusar de niños. El Fiscal Nacional dijo que algo puede ser ilegal sin ser delito y tiene razón. Esa frontera la marca el conocimiento, y aquí hay decretos firmados por las mismas autoridades que indican que sabían lo que estaban haciendo”, concluyó Santana.

Lea la querella interpuesta por Gabriel Salinas

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