BRAGA
Créditos: Andrés Pina/ Aton Chile
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, y la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, conversaron con El Mostrador Braga sobre los cuatro años desde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los procesos legislativos y el debate que ha generado en los sectores políticos de cara al nuevo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Para las expertas es vital evidenciar los trabajos políticos que se han realizado desde la vuelta a la democracia, la penalización del aborto en dictadura y la poca preocupación de los sectores políticos en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. En este sentido, Maturana considera que se viene un buen pronóstico por delante, puesto que, sea a través de un(a) Presidente(a) o de la Convención Constitucional, tras el estallido social “los tomadores de decisiones ya no pueden ignorar los requerimientos de la ciudadanía”.
El aborto ha sido un punto de división social desde los orígenes del país y uno de los ejes de los conflictos políticos entre distintos sectores. Ya era condenado en el Código Penal de 1874 por la influencia española, hecho que solo cambió 57 años después, en 1931, cuando se despenalizó el terapéutico. Este avance retrocedió en dictadura, y luego avanzó con creces en 2017 con la despenalización en tres causales y el cambio de paradigma socio-cultural respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de entonces, es que la discusión por un aborto libre se instala como algo más tangible.
Actualmente, con la nueva Constitución y las elecciones presidenciales en la mira, el debate por el aborto despenalizado y bajo ninguna causal, ha tomado la agenda de los programas gubernamentales y políticos. Si bien es una demanda que proviene de décadas, se retomó con fuerza en la opinión pública durante el estallido social.
En este sentido, tanto para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, como para la abogada y encargada de incidencia legislativa de Corporación Humanas, Camila Maturana, ha existido una dualidad en los sectores políticos, especialmente en los de “centro”, sin embargo, ambas coinciden en que alejarse de esta demanda feminista histórica, es considerarse un partido que está “en contra de los derechos de las mujeres”. Para las especialistas, “siempre fue difícil que los sectores de derecha y centro aceptaran el aborto en tres causales, especialmente la tercera causal de violación”, puntualiza Casas.
Para Maturana, la discusión ha ido cambiando el tono y es eso lo que la diferencia de hablarlo en 2021 que en 1990. Cada vez se ve menos como una muestra valórica, y más se advierte desde un derecho humano, y eso lo han comprendido ciertos sectores políticos. “En la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, el debate de las tres causales permitió plantear la conversación social”, sostiene.
En noviembre de este año habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, y el derecho al aborto no ha estado exento de polémicas. El candidato presidencial por la alianza Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha expuesto abiertamente su apoyo a la despenalización total, al igual que la libre autonomía de decidir.
Caso contrario ocurre con los candidatos de derecha, ya sea la coalición Chile Podemos + o el Partido Republicano, donde Sebastián Sichel y José Antonio Kast, respectivamente, se oponen a su legalización. Para Sichel, las tres causales son suficientes para acceder al aborto, “mantendría las cosas tal como están”, en cambio Kast recurre a la oposición total de la legalización.
Por otro lado, la apuesta de Unidad Constituyente (ex Concertación), Yasna Provoste, ha tenido una posición dual. Si bien ella ha manifestado estar a favor, su partido (DC) se ha mostrado contrario a la despenalización y a su legalización.
“Quienes van de candidatos(as) deben decir desde qué lado están, si desde los derechos de las mujeres y las niñas, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado al firmar los tratados, o si quieren defender sus propias convicciones morales y religiosas, incluso imponiéndolas a otros a través de la ley o de ‘mi cargo de representante ciudadano’. Es muy importante dejarlo en evidencia”, plantea Maturana.
Para Casas, el aborto no es una temática que la derecha considerará, ya que “históricamente han estado en contra de los derechos de las mujeres”, pero pone énfasis en la diferencia de opinión que genera esta discusión al interior de Unidad Constituyente y su candidata.
“Ella (Yasna Provoste) como candidata tiene que mostrar un paso más allá de su coalición, sin embargo, va a tener que enfrentarse a su propio sector, donde no necesariamente va a contar con los votos. Eso le pasó a la Presidenta Bachelet, donde no solo los detractores estaban en la oposición, sino que también en su propio Gobierno”.
Por otro lado, Boric tiene una postura mucho más clara. “Si fuéramos los hombres quienes nos embarazáramos sin desearlo (incluso ante la violencia de una violación), el aborto en Chile hace mucho tiempo sería legal”, ha opinado en debates parlamentarios acerca de la temática. Sin embargo, se le ha criticado por su postura y votación en proyectos defendidos por la derecha, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, como la Ley Antibarricadas, una ley que para el excandidato presidencial Daniel Jadue es la causa de que “hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido social”.
Cuando se habla de aborto, sobre todo desde la comunidad internacional, se hace desde una perspectiva de derechos humanos, eso es una novedad respecto de lo que fueron los debates antes, porque el aborto ya no se ve desde el punto de vista valórico. Para Maturana, en la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, la aprobación de las tres causales permitió plantear la conversación social, y que en las casas, en las onces, se hablara de los abortos, “porque las mujeres abortamos con o sin ley, siempre a lo largo de la historia, pero las condiciones son muy distintas cuando es ilegal, al hacerlo en la clandestinidad acarreas mucho estigma”, expresa.
Eso importa mucho en la discusión legislativa. Para la abogada, entregarle a una mujer autonomía para decidir sobre su vida cambia a una sociedad, la historia lo ha demostrado con la pastilla de emergencia y con los anticonceptivos, y por eso es que hay sectores conservadores que, al ver que desde lo moral y lo valórico “ya no resulta”, entonces buscan “tener un argumento para que esa opresión en el Código Penal no sea explícita, hay que darle otra apariencia, como ‘la protección de la vida’, por ejemplo, porque no puedes decir ‘no queremos que las mujeres sean libres’”, analiza.
Todo esto considerando que estamos en un contexto país donde se está discutiendo la nueva Constitución, para Casas y Maturana, en ella se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque “es un espacio mucho más representativo de las distintas sensibilidades, valores que la ciudadanía tiene. La composición de la Convención representa mucho mejor a la ciudadanía chilena que el Parlamento”.
Si bien apenas un 4,5% de los programas de las y los constituyentes incluyen propuestas explícitas respecto al derecho al aborto, según concluye un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 65,1% incluye demandas feministas o pro-mujer en sus propuestas. Del total, el 57,4% tiene un perfil feminista y el 7,7% se pronuncia respecto a propuestas pro-mujer.
A pesar de las dificultades sociales y políticas que se presentan respecto a esta problemática, la abogada Maturana considera que hay un futuro prometedor, y que el cambio se dará sí o sí, sea a través de un nuevo Presidente o nueva Presidenta, o a través de la Convención Constitucional.
“Yo lo veo todo muy positivo, considerando el tiempo transcurrido y las posiciones rígidas que estos actores han tenido en el tiempo, estamos en un momento en donde las demandas feministas en Chile y el mundo se han encalado con mucha fuerza, dando cuenta de una legitimidad social muy importante que hace unos años no era reconocida por los tomadores de decisiones, y hoy, en pleno proceso constituyente, en el marco de un estallido social que se mantiene, de un malestar social por una falta en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, es mucho más difícil para los tomadores decisiones oponerse a las demandas y a los estatutos establecidos por los organismos internacionales”, indica.
A pocos días de cumplirse cuatro años de la promulgación de la Ley 21.030, que legaliza el aborto en tres causales, se han realizo más de dos mil interrupciones del embarazo desde 2018 hasta la actualidad. Tres causales que, para muchas organizaciones sociales, no son suficientes para ejercer el derecho de soberanía de los cuerpos.
El jueves 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien las causales fueron un avance en la salud pública, los lemas de “no bastan tres causales” o “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, comenzaron a tomar fuerza debido a la no protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
A pocos días de ese jueves 14 de septiembre, el médico Gonzalo Rubio, primera persona que realizó un aborto legal en Chile –a una menor proveniente de Chiloé–, cuestionó la poca preparación del personal de salud, además de la poca información que el Estado entrega a la ciudadanía. Asimismo, argumentó que “es necesario que la formación académica de los médicos profundice en las medidas anticonceptivas e interrupciones de los embarazos y consideren un enfoque de género en el que se respeten los derechos de las mujeres”.
Bajo los últimos meses del Gobierno de Bachelet, su equipo se aseguró de iniciar capacitaciones en técnicas de vaciamiento uterino, sin embargo, esa capacitación cesó a partir de la llegada del Presidente Sebastián Piñera. «Ahora, solo un 29% de aquellos que trabajan en equipos médicos están capacitados”, indica la experta en Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.
La Ley 21.030 contempla las siguientes causas:
1. Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Este tipo de aborto puede ocurrir durante toda la gestación.
2. Que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida. Al igual que la causal anterior, no tiene límite de temporalidad.
3. Que señala que, si hubo delito de violación, el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Si esto ocurre en una menor de 14 años, puede ser hasta las 14 semanas.
De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dentro de la causal 1 se han realizado 797 IVE en cuatro años, es decir, un 31,2% del total. Si se desglosa desde 2018, año en que comenzó a contabilizarse esta intervención médica, hubo 262 en todo el territorio nacional y durante este año, hasta el mes de junio, se contabilizaron 108 casos.
Respecto de la causal 2, hubo 346 casos en 2018 y 192 hasta junio de 2021. Por otro lado, la causal 3, la que genera más conflictos entre los grupos conservadores y algunos políticos, ha sido la que posee menor cantidad de casos. En 2018 hubo 124, y en 2021, hasta junio, solo 48.
Para la abogada Lidia Casas, la tercera causal tiene bajos números de aborto debido a varios factores. Uno de ellos es la limitante temporal (12 o 14 semanas), a diferencia de las otras causales, que puede ser en todo el periodo gestacional. Además, agrega que no se sabe el número exacto de niñas y mujeres que acceden a esta causal porque están fuera de plazo.
El segundo punto, explica, es que existe un “prejuicio de la agresión sexual”, es decir, en las dos primeras causales está presente la base médica, donde hay un diagnóstico, sin embargo, en el caso de una violación, este no está presente y solo depende del relato de la niña y/o mujer.
“Si a las mujeres no les creemos y hay una serie de prejuicios que están en la base sobre la violencia sexual, tendremos problemas con esa causal. Además se cruzan con otro tipo de prejuicios en los prestadores de salud (…). En otros estudios se revelan que hay 264 nacimientos con niñas menores de 14 años, entonces, cuando hablamos de esto, inmediatamente estamos en una hipótesis de violación, así la ley lo establece. La pregunta es: a esas 264 niñas, ¿alguna vez se les ofreció la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Nosotras creemos que no”, enfatiza la especialista.
Gráfico nº1: Totalidad de abortos en tres casuales periodo 2018-2021
Fuente: Minsal
Gráficos nº2: Abortos por región en los cuatro años
Fuente: Minsal
Gráfico nº3: Abortos realizados en centros de salud público v/s privados
Fuente: Minsal
Con respecto al gráfico número tres, Casas comenta que deben realizar más abortos en centros de salud privados, solo que no se informan al Ministerio Público. “También sucede que mujeres que no encuentran satisfacción en clínicas privadas, terminan en el sistema público”, ejemplo de ello es el caso del Hospital San José, quienes recibían a mujeres de distintas regiones del país y de clínicas privadas, para asistirlas en las tres causales. Esto se debe a que las clínicas privadas no quisieron “hacerse cargo” de esta situación.
Las clínicas que han declarado abiertamente objeción de conciencia institucional son: Clínica de la Universidad de los Andes, Hospital Clínico Universidad Católica, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli, Hospital de Pucón, Clínica Adventista Los Ángeles y la Clínica Indisa, bajo la tercera causal.
Casas considera que la causal 1 se niega realizar a pesar de que la vida de una mujer esté en peligro, por lo que es contradictorio por parte de las médicas y los médicos que ejercen la objeción de conciencia.
Según la investigación “Monitoreo Interrupción Voluntaria del Embarazo, agravado por la pandemia del Covid – 19”, de la Corporación Miles, los médicos obstetras son quienes presentan mayor cantidad de objetores para todas las causales: 19,92% para la causal riesgo de vida para la madre, 27,42% para inviabilidad fetal y 46,72% para violación.
Finalmente, para ambas especialistas, es de vital importancia revisar la objeción de conciencia, puesto que significaría que el derecho humano de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no se está respetando.
(*) El Mapa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales 2018-2021 es un informe interactivo de Data Intelligence con datos obtenidos desde El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), por medio del portal de «datos abiertos» en deis.minsal.cl buscando con palabra clave «IVE». Este Mapa contiene información hasta junio 2021. Debido a que DEIS realiza actualización cada 3 meses.
