BRAGA
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Por medio de esta declaración pública firmada por más de 1200 personas, los estudiantes de la Universidad de Chile rechazan el oficio realizado por la Cámara de Diputados con el fin de que se les informe todas las actividades relacionadas a igualdad de género junto con los nombres de los administrativos que dirigen estos.
El día 9 de julio del presente año se envió desde la Cámara de Diputadas y Diputados un oficio como materialización de una consulta de los Diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen hacia la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile para que “informe a esta Cámara sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”.
Asimismo se solicita a la Universidad que “informe cuántos recursos destina anualmente para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudios que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.
Como estudiantes y egresades manifestamos nuestro total rechazo hacia persecución de la investigación de los estudios de género y diversidades sexogenéricas a través de éstos mecanismos de fiscalización, los que buscan atacar el trabajo levantado transversalmente en nuestra casa de estudios producto de movilización y la organización del movimiento feminista y disidente al interior de nuestra comunidad. Del mismo modo, rechazamos toda forma de censura, vulneración y restricción a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria por parte del organismo estatal bajo intereses ideológicos. Si damos paso a este tipo de requerimientos, permitimos que el fascismo obstruya la producción del conocimiento crítico que abre discusiones y reflexiones en torno a las históricas brechas impuestas en materia de género y para con las disidencias sexuales y de género.
Adherimos a la posición presentada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Cátedra Amanda Labarca frente a este hecho. La Universidad Pública tiene el deber de enseñar de manera crítica y construir espacios seguros de reflexión para contribuir a mejorar la sociedad.
Dicho lo anterior, la fiscalización de cátedras, programas, centros, cursos y planes de estudio en torno a temáticas relacionadas con estudios de género ofrecidos por las universidades estatales obstruye la formación íntegra de los futuros profesionales que el país necesita y, por lo demás, exige. Como colectivo asumimos el llamado (del que además nos hacemos parte) del movimiento feminista a nivel nacional para erradicar prácticas machistas, sexistas y discriminatorias en todos y cada uno de los espacios en que nos desenvolvemos, por ello, es crucial que nuestra formación académica integre dichos principios dentro de los respectivos planes de estudio.
