BRAGA
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En Chile el cambio climático ha impactado de diversas formas, situación que tiene un componente de género que no pasa desapercibido porque afecta mayormente a las mujeres y niñas, quienes, por ejemplo, se ven vulneradas al momento de querer cuidar de su salud sexual y reproductiva y sufren por la escasez de agua. Para conocer el rol que han jugado las mujeres en las crisis ambientales y las múltiples formas en que se ven afectadas, el Mostrador Braga conversó con la doctora en Ciencias sociales e Historia de la UDP y activista de la organización Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, Anita Peña, y con la académica del Instituto de Asuntos Públicos y del Programa trasdisciplinar para la Reducción de Riesgo de Desastre de la Universidad de Chile, Paulina Vergara. Ambas consideran que son las mujeres quienes han liderado la defensa de los derechos medioambientales, y a su vez, las más afectadas por esta crisis.
Actualmente, el mundo está pasando por una gran crisis climática que ha afectado a varias zonas, agudizando con ello las desigualdades sociales existentes, pues son los grupos más vulnerables quienes sufren las consecuencias de la situación medioambiental y las mujeres las que mayormente han recibido el impacto de la crisis.
De acuerdo con la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Paulina Vergara, quien conversó con El Mostrador Braga, “el tema del cambio climático y en general de desastres socionaturales, desde los años noventa hay mucha evidencia científica sobre los impactos diferenciados, es decir que los desastres no son neutros al género. Además, depende mucho de la mitigación y la reducción de riesgos de desastre de las acciones del Estado. Entonces, si no hay transversalización al género, probablemente los impactos por género son aún mayores en mujeres y en niñas”.
La dimensión de acceso al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos está completamente limitada y hay un montón de barreras en las zonas donde hay conflictos socioambientales.
Para la especialista en estas materias, quien ha realizado su activismo ambiental con mujeres de zonas de sacrificio en resistencia (Muzosare), Anita Peña, “tras revisar todas las cifras de los nacimientos en Chile y en las zonas de despojo, allí es donde hay una mayor tasa de natalidad, entonces ahí se puede establecer una relación, o sea, ¿qué está pasando con esos territorios? ¿Las mujeres están decidiendo tener más hijos o no están pudiendo acceder a métodos de planificación familiar eficaces?”, señala en esta entrevista.
Sumado a ello, añade que en las zonas donde no hay agua se produce una bidireccionalidad donde existe un aumento de las infecciones urinarias en las mujeres. “Ocurre por ejemplo en la comuna de La Ligua, que hay colegios que no tienen acceso al agua de manera permanente y cortan el agua, entonces, las niñas se aguantan el orinar, al hacer eso, no poder ir al baño, va generando infecciones urinarias en las niñas”. También, agrega, “hay dificultad en el acceso a la higiene menstrual, ya que es inequitativo en esos términos de acceso al agua. Porque no es la misma higiene si están menstruando en una zona con sequía que en una zona donde sí hay agua. Además, hay problemas de salud cuando hay que caminar una gran cantidad para conseguir el agua, ya que mujeres, niñas y niños se exponen a violencia sexual”.
Por último, uno de los aspectos donde las mujeres se ven afectadas se debe a la feminización de la pobreza, ya que la población más vulnerable -que estadísticamente son en su mayoría familias monoparentales lideradas por mujeres-, agudiza la vulnerabilidad a la que se ven enfrentadas. Muchas de ellas acceden a trabajos informales y además son las mujeres las que llevan las actividades agrícolas en Chile, como el cultivo de verduras y frutas a pequeña escala.
En ese sentido, comenta Anita, la organización Muzosare de la que es parte, busca generar estrategias de resistencia para enfrentar el conflicto socioambiental en la Bahía de Quintero y el sector de Puchuncaví. Según Peña, otra activista documentó abortos producto de la contaminación por la intoxicación masiva sufrida por más de 2 mil personas el 2018. “Hay niños y niñas naciendo con malformaciones, no sólo producto de los químicos que se utilizan para el monocultivo, sino que también producto de la contaminación del aire y el agua que está en estas zonas”, puntualiza.
En todos los lugares donde hay plantación de monocultivo hay sequía, un caso emblemático de este fenómeno es la palta, la que ha afectado a comunas como Cabildo y La Ligua. De acuerdo con Peña, para proteger las plantaciones de estos cultivos se militarizan los territorios y es una militarización privada, lo que termina afectando mayoritariamente a las mujeres porque se exponen a mayor violencia en las calles. También genera una relación conflictiva con quienes defienden los bienes comunes, que son las defensoras de las tierras y del medioambiente.
Según Vergara, en la experiencia chilena y latinoamericana son las mujeres las que lideran la recuperación post emergencia y de desastres -en general- socionaturales.
Uno de los casos más conocidos es el de la defensora Verónica Vilches, quien es presidenta de una asociación de agua potable rural y ha sufrido varias amenazas de muerte.
“Los estados no protegen y no reconocen a quienes defienden los derechos de la naturaleza. Estamos más expuestas a la violencia por partes de agentes de estado pero también por parte de desconocidos, que en muchos casos, la evidencia nos dice que son personas contratadas por estas empresas. Entonces ahí ves que entre más aguda la necesidad de mantener el monocultivo, mayor es la violencia que se instala en los territorios, porque contratan a gente con armas para defender los cultivos. En ese nivel estamos”, puntualiza Peña.
Otras mujeres que se ven perjudicadas son las indígenas que están en territorios disputados por las forestales o la agroindustria, como se puede ver al sur de Chile, o en el norte donde se enfrentan al monocultivo de las aceitunas por el aceite de oliva.
Los liderazgos de estas mujeres indígenas son importantes para mitigar los efectos que trae el medioambiente, “hay mucha evidencia sobre la importancia de las mujeres indígenas en la reducción de riesgo terrestre y en las estrategias para luchar contra el cambio climático porque ellas son quienes tienen y heredan los conocimientos ancestrales. Además, ya que la organizaciones indígenas suelen ser más bien un “matriarcado” o tener una cultura muy distinta a Occidente, eso hace que ellas en general sean más lideresas y que puedan enfrentar mejor los distintos momentos de esta crisis”, asegura Vergara.
De acuerdo con Peña “es súper importante cómo toda esta crisis climática y los conflictos socioambientales tienen un registro de género, porque impactan mayormente a las mujeres y las niñas, tiene un registro de clase porque impactan principalmente a las personas más vulneradas y que tienen trabajos más precarios, la mayor pobreza en la zona de Valparaíso está en la zona de despojo Quintero y Puchuncaví, Petorca y también en las comunas, específicamente La ligua y Cabildo, y también racial porque está afectando a la comunidad migrante que por necesidad trabaja en condiciones precarias de quienes las empresa abusan, ya que hay registro de gente a quienes no les remuneran”.
Por estos motivos son importantes los avances y el reconocimiento legislativo de los efectos de la crisis climática, aspecto en el que el Estado aún está bastante al debe, según las académicas.
“Hoy día a las mujeres que estamos organizadas nos interesa que exista una ley que proteja a las personas que defendemos los derechos humanos, que tenga un énfasis particular en los conflictos socioambientales y que también genere mecanismos donde las mujeres puedan acudir a generar o a solicitar medidas de protección. Porque por ejemplo las amenazas que tienen hoy día las defensoras, las maneras cómo tenemos de cuidarnos es a través de nosotras, el Estado no está garantizando nuestras vidas, estamos quedando en completo abandono”, asevera Peña.
Otra dimensión que remarca como un pendiente del Estado es la firma del acuerdo de Escazú. “El estado debe reconocer la naturaleza con sus derechos”, asegura. Y por último recalca la necesidad de disminuir la contaminación, “como organización de mujeres en zona de sacrificio señalamos que es importante cambiar la matriz energética que tiene el país, no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo porque eso genera mucha contaminación”.
Por su parte, Paulina Vergara recalca la necesidad de reconocer el rol del movimiento feminista. Pone como ejemplo las organizaciones el Observatorio de Género y Equidad y Mujeres de Talca, que lograron generar una mesa de género y desastre, y a partir de esa experiencia, “hoy día Chile cuenta con una estrategia que da cuenta de gobernanzas del riesgo de desastre por el cambio climático con un componente de género, que sigue siendo todavía muy poco, pero son pequeños pasos”, finaliza.
