Sin humo blanco por las 57 notarías: Servicio Civil acusa que opera a ciegas y defiende “baipás”

La Comisión de Constitución del Senado sesionó este martes en la Sala N° 10 de Valparaíso para reactivar el debate en particular del proyecto de ley interpretativa (Boletín 18.297-07), que busca definir el régimen aplicable a los concursos notariales iniciados antes de la entrada en vigencia de la reforma al sistema registral y notarial.

La discusión se desarrolla en medio del debate político y jurídico abierto tras la implementación de la nueva normativa, el pasado 2 de abril, y del criterio fijado por la Corte Suprema respecto del tratamiento de los concursos pendientes. Mientras el Ejecutivo defendió la iniciativa como una norma transitoria para otorgar certeza jurídica durante el proceso de implementación, sus detractores —entre ellos el diputado Jaime Mulet— cuestionaron que permita mantener parte de los concursos bajo el régimen anterior y criticaron la suma urgencia otorgada por el Gobierno.

En ese contexto, la comisión escuchó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, quien advirtió que el organismo enfrenta la implementación del nuevo sistema sin contar con una base de datos consolidada sobre las vacantes, con recursos limitados y con una carga de trabajo que, de absorber los concursos pendientes, podría extender la provisión de los cargos por cerca de 19 meses.

Servicio Civil advierte falta de información y proyecta un plazo de 19 meses para absorber el stock pendiente

Durante su intervención, el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, expuso la estrategia de implementación gradual diseñada por la institución y advirtió que actualmente el organismo no dispone de una base de datos consolidada proporcionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que contenga el total de cargos vacantes, los oficios involucrados y sus respectivas jurisdicciones, situación que —afirmó— impide realizar una proyección real de la carga que deberá asumir.

Respecto del escenario que se produciría si la ley interpretativa no prospera y el Servicio Civil debiera hacerse cargo de los concursos iniciados antes del 2 de abril, Lea-Plaza estimó que ello implicaría incorporar 115 cargos adicionales —57 que ya se encuentran en etapa de terna y otros 58 en fases previas—, lo que representaría un incremento cercano al 60% de la carga operativa del organismo. En ese escenario, proyectó que el proceso de provisión de esos cargos podría tomar del orden de 19 meses.

Asimismo, explicó que el Servicio Civil cuenta actualmente con recursos para gestionar un máximo de 100 concursos al año y que el equipo dedicado a esta tarea es reducido. Agregó que la decisión del Consejo de Alta Dirección Pública de reducir transitoriamente la homologación de las pruebas de conocimientos desde nueve a tres meses podría generar un impacto en la proyección presupuestaria del servicio.

Rabat propone extender las inhabilidades a las convivencias de hecho

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que la posición del Ejecutivo apunta a resolver el período de transición generado entre el despacho de la reforma y su entrada en vigencia, entregando certeza respecto de las inhabilidades aplicables y de la autoridad encargada de confeccionar las ternas. Según precisó, actualmente existen 26 ternas ya elaboradas sin considerar las nuevas inhabilidades y otras 59 que permanecen pendientes de confección.

Durante su intervención, además, propuso aprovechar la discusión del proyecto para ampliar las inhabilidades por nepotismo incorporando expresamente las relaciones de convivencia de hecho. “¿Qué pasa con la convivencia? Hay convivencias de largo plazo… que técnicamente no generan parentesco, pero sí generan una relación de cariño, de amistad, que no está recogida exactamente en la norma”, planteó.

Al término de la sesión, la Comisión de Constitución levantó la reunión sin someter el articulado a votación en particular, por lo que el proyecto continuará su tramitación sin que, por ahora, exista una definición sobre el mecanismo que regirá los concursos iniciados antes de la reforma.