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Red de periodistas feministas entrega propuesta sobre el derecho a la comunicación en la Convención Constitucional BRAGA

Red de periodistas feministas entrega propuesta sobre el derecho a la comunicación en la Convención Constitucional

La presentación incluyó un diagnóstico sobre la actual situación de medios en Chile, donde se destaca la ausencia de marcos legales que garanticen, entre otras materias, el pluralismo informativo.


Esta semana la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (RedPerioFem) presentó sus propuestas sobre Derecho a la Comunicación con enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos ante la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio de la Convención Constitucional.

En dicha presentación, fue vital el diagnóstico sobre la situación actual de los medios y un conjunto de propuestas concretas para ser incorporadas en la carta magna, las que fueron elaboradas de manera colectiva por la organización.

Dentro del diagnóstico, destacan los marcos legales nacionales que no garantizan pluralismo informativo y que dejan fuera sujetos sociales históricamente excluidos como las mujeres, disidencias sexuales, pueblos originarios, entre otros/as, sumado a la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile y la ausencia de mujeres en el ecosistema de medios.

La periodista Fabiola Gutiérrez, explicó que según datos del informe del Monitoreo Global de Medios – la investigación mundial que aborda el tema de género en los medios noticiosos realizado el año 2020- a nivel mundial solo el 17% de los sujetos de las noticias fueron mujeres. “En el caso de Chile, las mujeres aparecen con mayor presencia como sujeto de noticias en el área de economía, con un 37% del total; en noticias de índole social y legal con 33%; en ciencia y salud con 29%; en política y gobierno 23%; celebridades, deportes, medios y arte con 16 %, y crimen y violencia 10%. A la pregunta sobre la función que desempeñan las mujeres en la noticia, un 45% corresponde a “opinión popular”, un 32% son relatoras de su experiencia personal, y solo un 29% son experta o comentarista. El 26% son sujeto principal de la noticia y un 22% voceras”, indicó.

“Enfrentamos importantes problemas en materia de comunicación, marcos legales que no garantizan el pluralismo, alta concentración en la propiedad de los medios, medios principalmente privados y su representación de las mujeres como sujetos sociales marcan un sistema media pobre y poco diverso”, añadió.

Propuestas construidas en RED

Frente a este escenario, la periodista Rocío Alorda, indicó que en el marco del cambio constitucional Chile está ante una oportunidad histórica para impulsar transformaciones culturales que permitan abordar los problemas de falta de representación de mujeres en los medios y de reproducción de violencia simbólica. Por ello solicitan que se garantice el Derecho a la Comunicación, entendido como el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales, correspondiendo al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible”.

“Para la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, este derecho implica el desarrollo de acciones afirmativas o políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, en especial de las mujeres”, señaló Alorda, quien destacó que alcanzar el Derecho a la Comunicación desde una perspectiva feminista es la posibilidad de que las voces históricamente excluidas participen del ecosistema de medios y es el Estado el que debe generar medidas para remover los obstáculos que permitan esa participación en igualdad de condiciones”.

Sobre las propuestas presentadas, que han sido trabajadas conjuntamente con el Bloque por el Derecho a la Comunicación -instancia que integra la Red- destacan aquellas que exigen al Estado remover obstáculos que presentan los grupos o comunidades discriminadas o en desventaja para participar en la esfera pública y en el ecosistema de comunicación y medios, así como contribuir a que las comunidades organizadas desarrollen sus propias iniciativas de comunicación.

Otras de las ideas señaladas son las garantías que el Estado debe generar en educación mediática con enfoque de género, feminista y derechos humanos, para la formación de una ciudadanía activa, crítica e informada en un contexto de difusión de noticias falsas y discursos de odio, así como el desarrollo de medios de comunicación públicos con criterios de diversidad que faciliten el acceso y expresión directa de los distintos grupos sociales, en particular de las mujeres.

Finalmente, las representantes indicaron la necesidad de que “el Estado fomente una política activa y visible de incorporación de un enfoque de género y feminista en los medios de comunicación, a través de normas legislativas y políticas públicas para erradicar la violencia simbólica contra mujeres y disidencias en los medios”, para impulsar un cambio cultural que involucre a toda la sociedad respecto a garantías para vivir una vida libre de violencia de género.

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