BRAGA
Créditos: Fundación Iguales
El estudio realizado por Fundación Iguales, también expone la falta de cifras oficiales, por parte del Ministerio Público y del Interior, respecto a denuncias y crímenes motivados por discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
En lo que va del año, al menos 14 fueron los hechos relacionados con violencia y crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQA+. Así lo explica un informe realizado por Fundación Iguales, quienes, además, develaron que siete de estos casos resultaron en la muerte de alguna persona de la diversidad.
El análisis realizado por el área jurídica de la organización, tomó en cuenta desde el asesinato en México de la chilena activista trans, Camila Bolocco, hasta la muerte -por la misma causa- de Yaridia Pizarro, ocurrida en junio de este año en la ciudad de Iquique.
Lamentablemente, son numerosos los hechos violentos y homofóbicos que han ocurrido a nivel nacional en los últimos meses: el asesinato del chef de la comuna de Quillota, Jaime Tomás Vergara y de la mujer trans de 26 años, Ignacia Palma, quien fue víctima de un brutal ataque propinado por un grupo de hombres en Valparaíso.
“Lamentablemente, la lista es larga y no vemos por parte del Estado una real decisión por terminar y prevenir este tipo de crímenes. Lo dijimos una vez, no podemos tolerar más leyes con nombre, hoy la legislación requiere de ser modificada de forma urgente para que los violentos, aquellos que discriminan y agreden a las personas por su orientación sexual o de identidad de género, sean realmente castigados”, afirmó directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor.
Estos hechos no son algo nuevo, en estudios realizados en años anteriores, por ejemplo, el análisis “exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTI+”, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en colaboración con Fundación Iguales y Movilh en el 2021, el 62.5% de las personas LGBTIQ+ encuestadas reportó haber sido víctima de un delito de odio al menos una vez en su vida.
Entre ellos, los más preponderantes fueron los cibernéticos (38.2%), seguidos de las amenazas físicas (33.7%), las amenazas sexuales (19.9%), los ataques físicos (19.6%) y los ataques sexuales (18.5%).
En esa misma línea, un estudio de 2021 realizado por la organización, revela que el 24.8% de las personas LGBTIQ+ encuestadas señaló haber sufrido al menos una agresión física en su vida por su orientación sexual, identidad o expresión género, y el 65.7% reportó haber sufrido al menos una agresión verbal en los últimos cinco años por este mismo motivo.
El informe de este año, exhibe además que ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior cuentan aún con estadísticas oficiales y públicas respecto de denuncias y crímenes motivados por discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género de una persona, generando que el trabajo por una política pública que se encargue de la investigación, prevención y sanción de esto, sea bastante difícil.
Así lo menciona Iguales, quien también explica que los distintos proyectos, como la reforma a la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación y la Ley José Matías, cuyo principal objetivo es erradicar la discriminación y violencia dentro de los establecimientos educacionales, “demuestran la necesidad de políticas públicas eficientes que encaminen en la erradicación de la violencia y la discriminación en todos los espacios”.
