BRAGA
Créditos: Fotos de Poder Judicial / Agencia Uno
De acuerdo a los antecedentes del caso, Barría agredió sexualmente a una funcionaria del Poder Judicial durante el año 2018. El hecho fue denunciado por la víctima, sin embargo, debido a tal acción ha sido hostigada por sus compañeros de trabajo.
Sin medidas cautelares y manteniendo su grado de juez, finalizó la formalización del ex relator de la Corte de Rancagua y acusado de abuso sexual, Luis Barría. Esta situación causó la inmediata reacción de distintos grupos de mujeres, debido a la ausencia de restricciones para el imputado.
‘‘Nos extraña que el señor Barría aún tiene el cargo de juez y no se dieron lugar a las medidas cautelares que se ha solicitado por la parte requiriente. Continuaremos en la lucha por nuestras socias’’, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Lilian Huanca.
De acuerdo a lo señalado por la fiscal del caso, Carmen Gloria Agurto, no se solicitaron cautelares, ya que se debe presentar una querella de capítulo para pedir alguna medida restrictiva. De igual forma, la defensora de la víctima, Katherine Villagra, había pedido la prisión preventiva.
Cabe recordar que de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, Barría abusó sexualmente de una funcionaria del Poder Judicial el año 2018. La agresión fue denunciada y acreditada por la Superintendencia de Salud.
Luego de realizar la denuncia, la víctima ha sido maltratada y hostigada por parte de funcionarios/as del Juzgado de Garantía de Rancagua, hechos por los que se abrió un sumario administrativo, ya que se acreditó que la mujer ha sufrido graves problemas de salud debido al ambiente laboral al que se ha tenido que enfrentar.
Ante tal situación, se solicitó al Poder Judicial y a la Corte Suprema efectuar medidas de mitigación, como el traslado de los agresores y el cambio de funciones del resto de los trabajadores para no tener contacto con la víctima.
Sin embargo, las medidas no se han cumplido, ya que Barría trabaja a menos de 800 metros de la víctima y el resto de los funcionarios implicados también siguen en los mismos cargos. ‘‘Da cuenta de la falta de apoyo que existe dentro del sistema judicial ante casos de hostigamiento laboral y acoso sexual. Hoy nada resguarda a la víctima, porque en cualquier momento ella se podría encontrar laboralmente con ellos y así enfrentarse nuevamente con sus agresores”, señaló la socia y abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán.
Luego de la audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó un plazo de 120 días de investigación.
