BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Entre los principales obstáculos que mencionan las expertas se destacan la poca información sobre la ley y los derechos que reconoce, incluso de los propios equipos de salud.«Hemos tenido una administración [del Gobierno anterior de Sebastián Piñera] que estaba en contra de esta ley y no le interesaba que se conociera», indica Lidia Casas, fundadora de la Mesa Acción por el Aborto.
A cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.
Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.
Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276.
Ante tal recuento y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.
«Existen barreras que dificultan que las mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que la ley IVE define», sostiene Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.
Entre los principales obstáculos que mencionan las expertas se destacan la poca información sobre la ley y los derechos que reconoce, incluso de los propios equipos de salud.
«Hemos tenido una administración [del Gobierno anterior de Sebastián Piñera] que estaba en contra de esta ley y no le interesaba que se conociera», indica Lidia Casas, fundadora de la Mesa Acción por el Aborto.
Las analistas también apuntan a una falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; el estigma social con el que carga el aborto; la ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos; y la falta de regulación de la objeción de conciencia.
El 47 % de los obstetras del sistema público son objetores de conciencia en caso de violación, según datos publicados en la prensa chilena proporcionados por la Ley de Transparencia.
«Existe una normalización de la violencia sexual por parte de los proveedores de salud», apunta la directora de la Corporación Miles, Javiera Carrera.
Otro dato que las expertas destacan es que solo el 14% del total de IVE se realizaron en un centro de salud privado, un porcentaje que cae aún más en la causal de violación (3%) y que se convierte en ínfimo cuando esta circunstancia afecta a menores: en cinco años, el sector privado solo ha realizado la IVE a dos menores por violación.
«Hay una fuerte presencia del conservadurismo en el mundo de la salud de los espacios más de élite. El sector privado no tiene fiscalización del Estado y pone sus propias normas», indica Siomara Molina, integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.
Recientemente, el Partido Republicano ha presentado un proyecto para derogar la ley de la IVE y aumentar las penas a las mujeres que la realicen.
«Desde 2012 a 2021 ingresaron ante el Ministerio Público 1.430 nuevos casos por delito de aborto y de las personas formalizadas (69,5%) o posteriormente condenadas (57%) la mayoría son mujeres», señala Camila Maturana.
Para los detractores, como Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, «la implementación de la ley de las tres causales dio pie a que se persiga una legislación completamente permisiva». La dirigente se refiere al artículo de la propuesta de nueva Constitución que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto.
La ciudadanía rechazó el nuevo texto en el plebiscito del 4 de septiembre, por lo que, por ahora, los avances en esta materia quedaron congelados.
«Según las encuestas, solo un 8% de las personas se movilizaron a votar rechazo por estar en contra de la agenda de género, por lo que en ningún caso se pierde la posibilidad para seguir avanzando», sostiene Javiera Canales.
Para Maturana, el recorrido debería darse al margen del proceso constituyente que está a punto de reanudarse.
«Los derechos sexuales y reproductivos, en tanto a derechos humanos consagrados en los tratados internacionales vigentes en Chile, son vinculantes para el país y no debieran depender del contenido de una nueva Constitución», explica.
La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años.
En declaraciones a la televisión CNN Chile, Orellana ha revelado que ya se han iniciado «las conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos».
La meta es definir «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos digamos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones», afirmó.
La ministra ha criticado, asimismo, el proyecto promovido por dos diputados del conservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que con el apoyo de la Iglesia y grupos de ultraderecha, pretende prohibir el aborto en Chile.
«Quiero ser bien clara: no hay lugar para propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave», ha recalcado.
