El ecosistema lector en Chile: costos y distancias

El 8 de septiembre, la OCDE publicó los resultados de PISA 2025, que revelaron un retroceso de doce puntos en el desempeño lector de Chile: de 448 a 436, frente a un promedio de 461 puntos entre los países de la organización.

Si se considera que, según una equivalencia habitualmente utilizada en PISA, veinte puntos representan aproximadamente un año de escolaridad, la magnitud del deterioro resulta preocupante. Apenas el 62 % de los estudiantes chilenos de quince años alcanzó el nivel básico de comprensión lectora.

Como ocurre después de cada evaluación, las respuestas se concentran en planes de reactivación, más horas de Lenguaje y campañas de fomento lector. Pareciera que todo debiera resolverse dentro de las aulas, mientras permanece relegada una pregunta fundamental: ¿qué condiciones encuentran los estudiantes para leer cuando regresan a sus hogares? La respuesta exige examinar aquello que aquí denominaremos ecosistema lector, un entorno que en Chile permanece profundamente desatendido.

Si los resultados escolares suscitan inquietud, el panorama de la población adulta resulta todavía más alarmante. En la última evaluación de competencias de adultos de la OCDE (PIAAC), aplicada en 31 países entre 2022 y 2023, Chile obtuvo 218 puntos en comprensión lectora, frente a un promedio de 260, y ocupó el último lugar entre los participantes.

Más revelador aún es que el 53 % de las personas de entre 16 y 65 años se situó en el nivel 1 o por debajo de este, una proporción que duplica el promedio de la OCDE (26 %) y constituye la más elevada de todos los países evaluados. En términos prácticos, estos resultados reflejan competencias lectoras restringidas, principalmente, a la comprensión de textos breves y a la identificación de información explícita. La dificultad, por tanto, no se circunscribe a una generación ni puede atribuirse exclusivamente al funcionamiento del sistema escolar.

Aunque ambas evaluaciones examinan poblaciones distintas, sus resultados remiten a condiciones que convergen en el hogar. Numerosos niños crecen en ambientes donde la lectura está ausente de las prácticas cotidianas y llegan a la escuela con un vocabulario más limitado, sin haber tenido siquiera la experiencia de observar a un adulto leyendo.

Los datos de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia permiten dimensionar esta desigualdad: cerca del 12 % de los niños pertenecientes a hogares de menores ingresos no dispone de ningún libro en casa y apenas uno de cada cinco cuenta con más de diez ejemplares.

En contraste, más del 60 % de los hogares de mayores ingresos supera esa cantidad. Desde luego, la escuela tiene la responsabilidad de compensar estas diferencias, pero resulta difícil exigirle que, por sí sola, revierta durante doce años de escolaridad las desventajas de crecer en un entorno donde los libros prácticamente no existen.

El acceso a los libros también está condicionado por su precio, y en esa dimensión las decisiones tributarias adquieren especial relevancia. En Chile, los libros están sujetos al impuesto al valor agregado (IVA) del 19 %, de modo que aproximadamente uno de cada seis pesos de su precio final corresponde a este tributo.

En 2024, el Senado aprobó por unanimidad una solicitud al Ejecutivo para eximirlos de dicho impuesto, mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados adoptó una resolución similar. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas tiene fuerza de ley y, hasta ahora, sus planteamientos no se han traducido en una modificación tributaria.

La defensa de la integridad del sistema del IVA constituye uno de los principales argumentos para mantener el gravamen, aunque el propio Estado ha establecido excepciones cuando ha considerado que existen razones suficientes para hacerlo.

En noviembre de 2023, por ejemplo, la Ley 21.622 eximió del IVA a los servicios prestados por asociaciones culturales, mientras que este año el Gobierno impulsó una exención temporal para la primera compraventa de viviendas nuevas, con el propósito de reactivar la construcción.

Otra objeción a la rebaja del impuesto a los libros sostiene que sus principales beneficiarios serían quienes ya los adquieren regularmente, es decir, los hogares con mayores ingresos y niveles de escolaridad. Se trata de una consideración atendible, pero insuficiente para clausurar la discusión.

La evaluación de una política pública no debería limitarse a identificar quiénes obtendrían sus beneficios inmediatos, sino que también tendría que examinar las oportunidades que se pierden al renunciar a ella. En materia de lectura, mantener las barreras económicas implica aceptar que el acceso a los libros continúe dependiendo, en buena medida, de la capacidad de pago de cada familia.

Sin embargo, el precio representa solo una dimensión de un problema que también tiene una expresión territorial. El último catastro amplio del que tengo conocimiento, elaborado por Editores de Chile en 2017, examinó 36 ciudades entre Arica y Magallanes e identificó 355 librerías, aunque no abarcó la totalidad del territorio nacional.

De esos establecimientos, 184 se encontraban en la Región Metropolitana, 31 en cuatro ciudades de la Región de Valparaíso y 25 en el Biobío, mientras que cerca de la mitad de las regiones registraba menos de diez.

Un informe de GPS Property, publicado a fines de septiembre, contabilizó 796 librerías en la Región Metropolitana durante 2025. Si bien ambas mediciones emplean criterios diferentes y, por consiguiente, no admiten una comparación directa, permiten advertir un fenómeno persistente: la concentración territorial de la oferta editorial y las profundas diferencias en las posibilidades de acceso.

De acuerdo con el informe más reciente, Santiago, Providencia y Las Condes reúnen 440 librerías, equivalentes a más del 55 % de la oferta regional. A esta concentración se suma otro antecedente significativo: la Fundación Vivienda había estimado que apenas el 27 % de los habitantes de Santiago residía a quince minutos a pie de una librería o biblioteca, proporción que descendía al 4,5 % en Puente Alto y al 5,1 % en La Pintana.

Es comprensible que las librerías se establezcan donde existe una demanda capaz de sostener su actividad comercial, y sería poco razonable exigirles que prescindieran de esa consideración. El problema surge cuando esa lógica contribuye a reproducir las desigualdades existentes: quienes crecen en sectores favorecidos disponen de más establecimientos, conviven con una mayor presencia de libros y suelen alcanzar mejores resultados lectores. En cambio, quienes habitan territorios menos aventajados enfrentan barreras económicas, familiares y geográficas que restringen sus oportunidades desde la infancia.

Este círculo de desigualdad difícilmente podrá romperse mediante una medida aislada. Para que los niños desarrollen una relación sostenida con la lectura, los libros deben ser económicamente accesibles, encontrarse a una distancia razonable y llegar a sus manos mediante experiencias significativas de mediación.

Desde esa perspectiva, eliminar o reducir el IVA a los libros constituye una alternativa que merece discutirse seriamente, junto con políticas que incentiven la instalación de librerías fuera de los sectores donde tradicionalmente se concentra la oferta. Asimismo, resulta indispensable fortalecer las bibliotecas públicas, ampliar sus horarios más allá de la jornada laboral y dotarlas de profesionales capaces de promover experiencias lectoras. Una biblioteca no debería limitarse a custodiar ejemplares: también puede convertirse en un espacio comunitario de encuentro, aprendizaje y participación para niños y adultos.

No obstante, las prioridades expresadas en el proyecto de Presupuestos 2027 parecen avanzar en sentido contrario. La iniciativa asigna $10.416 millones al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, frente a los $13.323 millones contemplados en la Ley de Presupuestos 2026, lo que representa una disminución del 21,8 %.

Si se utiliza la base de comparación del Ejecutivo, que incorpora los ajustes realizados durante 2026, la reducción alcanza el 17,6 %. Todavía más significativa resulta la caída del 57,9 % en el programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas. En paralelo, el Ministerio comprometió $4.300 millones para la participación de Chile como invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2027 y, en julio, presentó parte de la reducción de los fondos del libro como una reasignación de recursos hacia ese encuentro internacional.

La presencia de Chile en una feria de prestigio mundial puede contribuir a la proyección de su producción editorial, pero difícilmente sustituye las políticas destinadas a acercar los libros a quienes viven lejos de una librería. Es evidente que las restricciones fiscales obligan a establecer prioridades y que cada asignación presupuestaria supone decisiones complejas.

Precisamente por ello, resulta difícil justificar que, a menos de un mes de conocerse el peor resultado nacional en lectura de la última década, uno de los recortes porcentualmente más pronunciados recaiga sobre el mejoramiento de las bibliotecas. Cuando se publiquen los próximos resultados de PISA, probablemente volverán a exigirse explicaciones y soluciones al sistema escolar.

Sin embargo, antes de depositar nuevamente toda la responsabilidad en las aulas, convendría observar las condiciones que rodean a quienes aprenden: barrios sin librerías, hogares sin libros y precios que incorporan un impuesto del 19 %. La crisis de la lectura también se expresa en esas distancias y en esos costos.