BRAGA
Créditos: Josh Willink en Pexels
La iniciativa legislativa establece que los jueces podrán determinar la tuición compartida, incluso aunque no exista acuerdo de los padres, obligando a los cuidadores ausentes a hacerse presentes en la crianza y educación de sus hijos/as. Sin embargo, la norma ha traído consigo cuestionamientos relacionados principalmente con aquellos casos en que el padre haya ejercido violencia. ‘‘Cuando hay violencia, control y abuso, no hay igualdad, por ende no se puede coparentar’’, señala la abogada experta en derecho de familia y violencia, María Belén Ferreira Brisso.
Durante esta semana fue presentado en el Congreso Nacional el proyecto de ley Por los Derechos de Nuestros Hijos e Hijas. La iniciativa constitucional tiene como principal objetivo establecer un régimen de cuidado compartido entre madres y padres.
Concretamente, el proyecto busca que los jueces puedan determinar la tuición compartida, incluso aunque no exista acuerdo de los padres, esto obligará a los papás y mamás ausentes a estar presentes en la crianza de los hijos/as.
‘‘Tanto madres como padres juegan un rol fundamental en la crianza y educación de los niños, tienen responsabilidades y corresponsabilidades que ninguno de ellos puede eludir”, señaló el diputado Juan Antonio Coloma.
Aunque los y las legisladoras a cargo del proyecto señalan que esta norma viene a poner fin al ‘‘machismo cultural en qué es solo la madre quien debe criar’’, se han resaltado algunos tópicos que podrían traer consecuencias a las mujeres y sus hijos/as.
‘‘Las consecuencias de tener un cuidado personal compartido son especialmente vulneratorias para madres que han sido víctimas de violencia y por ende también sus hijos e hijas’’, señala la abogada experta en derecho de familia y violencia, María Belén Ferreira Brisso.
Según señala la experta, la experiencia internacional, principalmente de Europa, apunta a que este tipo de régimen no son beneficiosos para los niños/as, ya que generan trastornos emocionales que perduran en el tiempo.
‘‘Cuando hay violencia, control y abuso, no hay igualdad, por ende no se puede coparentar en estos términos, es imposible llegar a acuerdos con alguien que te maltrata de forma continua’’, destaca Ferreira.
Cabe señalar que durante el punto de prensa en que se explicó el proyecto de ley, el diputado Coloma sostuvo que serán consideradas las condenas por violencia intrafamiliar, sin embargo, no se profundizó más sobre esta temática, siendo la más preocupante.
En la misma línea, es necesario destacar que existe un margen de mujeres que muchas veces no denuncian la violencia intrafamiliar ejercida por sus agresores. De acuerdo a cifras de Instituto Milenio, durante la pandemia las denuncias por violencias disminuyeron en un 9,6%; sin embargo, las llamadas al Fono Familia aumentaron en un 43,8%.
“El cuidado personal compartido en Chile existe, pero solo puede ser fijado por la voluntad de las partes, hacerlo obligatorio no va a cambiar que sean las mujeres quienes se lleven todo el peso de los cuidados y pondrá en riesgo a nuestros NNA”, concluye la abogada.
El proyecto fue presentado por las diputadas Marisela Santibáñez, Erika Olivera, Viviana Delgado, Danisa Astudillo, Mónica Arce y los diputados Juan Antonio Coloma, Raúl Leiva y Cristian Labbé.
Por otro lado, también contó con la presencia de la sociedad civil con invitados como el exfutbolista de la Universidad de Chile, Nicolas Larrondo, y Florence Dumay. Además de organizaciones, tales como Crianza Compartida Chile, Fundación Derecho de Papá, la abogada de familia pro-crianza compartida Rita Castro Moscoso, entre otros.
