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Durante el 2017 y 2021 se han registrado 42 denuncias por agresiones sexuales realizadas por profesionales de la salud. Bajo estas cifras, es que desde el Colegio Médico señalan la necesidad de trabajar en acciones concretas para prevenir y sancionar este tipo de conductas. Una de ellas es el registro de abusadores, medida que se encuentra dentro del proyecto de ley que regula el acoso sexual en las atenciones de salud.
Al menos 42 denuncias por agresiones sexuales entre el año 2017 y 2021 fueron registradas por el Departamento Nacional de Género y Salud del Colegio Médico (Colmed). Según detalló la presidenta del Colmed, Francisca Crispi, las situaciones se dieron tanto entre médico-paciente, así como entre profesionales de salud.
Bajo tal contexto, es que la autoridad del Colmed planteo la propuesta de un organismo encargado de quitar la opción de ejercer la profesión a quienes son condenados por abuso sexual a pacientes. Lo anterior, según explicó Crispi, ya que actualmente en el sistema judicial este tipo de sanción no está tipificada.
Cabe señalar que durante estos días, se dio a conocer la situación del oncólogo Manuel Álvarez, imputado por dos delitos reiterados de abuso sexual contra pacientes, y quien luego de prohibirle el ingreso a su lugar de trabajo, se le permitió atender de forma telemática.
‘‘Los casos que existen son tan graves y producen tanto daño a la profesión que es muy importante que como Colegio Médico y sociedad nos hagamos cargo», señaló Francisca Crispi a Cooperativa.
Otra de las medidas que explicó la presidente del Colmed, se refiere a un listado de funcionarios de salud condenados por delitos sexuales. Según detalló la profesional, esto se encuentra contemplado en el proyecto de ley que regula el acoso sexual en las atenciones de salud.
Concretamente, tal propuesta legislativa propone que la Superintendencia de Salud podrá emitir un registro de abusadores, de manera que cuando una institución de salud pública busque candidatos para llenar una vacante, pueda revisar este listado antes de realizar la contratación.
El proyecto también obliga a que los prestadores institucionales de salud deberán elaborar un reglamento interno sobre prevención y sanción del acoso sexual en las atenciones de salud, contemplando procedimientos de denuncia y sanciones administrativas internas.
