BRAGA
Durante estas semanas la elección del Fiscal Nacional se ha tomado la agenda del país. Derrotas, nudos y cancelación son algunas de las palabras que marcan este episodio que se continúa alargando. Una de las situaciones que más polémica ha causado es el supuesto veto de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a Miguel Angel Valencia, por su participación en la defensa de casos de violencia sexual. Sin embargo, la titular subrayó que sus reparos son enfocados a la deuda histórica de justicia desde la Fiscalía.
‘‘Esperamos trabajar, sea quien sea la persona que encabece esa institución, porque lo que nos preocupa es el funcionamiento’’, fueron las palabras de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, frente a los cuestionamientos por un supuesto veto hacia Miguel Ángel Valencia para el puesto de Fiscal Nacional.
La situación arrancó este lunes, cuando en el Senado la ministra de Justicia, Marcela Ríos, comentó que Antonia Orellana se habría pronunciado respecto a una eventual designación de Ángel Valencia para el cargo.
“Acá la decisión que ha tomado el Presidente es evaluando cuál es la persona que cumple mejor con las competencias para este cargo y en ningún caso respecto de un listado de deficiencias o peros que se puedan tener de los otros candidatos, todos candidatos legítimos, ratificados por la Corte Suprema, y sobre los cuales nosotros no hemos planteado ningún reproche público en este sentido. Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación”, dijo Marcela Ríos en la cámara Alta.
Las palabras de la ministra rápidamente se tomaron el ojo público, situación que no dejó indiferente a parlamentarios de la UDI, quienes señalaron que evalúan interpelar a la ministra Orellana, asegurando que la secretaria de estado vetó el nombre Valencia y, que además, su influencia ha problematizado otras aristas en La Moneda.
“Estamos convencidos de que otro elemento distorsionador es la ministra de la Mujer, quien vetó un nombre para fiscal nacional, vetó el ingreso al gobierno del cura Felipe Berríos, pero su defensa por el feminismo nada dice con el linchamiento político de la exseremi de Desarrollo Social. Sería saludable que la ministra pudiese venir a la Cámara a explicar sus políticas de género”, comentó el diputado Gustavo Benavente, de la Comisión de Constitución.
Por su parte, Valencia presentó un mail al Colegio de Abogados para pronunciarse oficialmente respecto a la cancelación pública de su persona. Específicamente por parte de organizaciones feministas y la ministra Orellana.
Cabe recordar, que la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres sí cuestionó pública y tajantemente una posible designación de Valencia como Fiscal Nacional, debido a su participación en la defensa del exjuez Luis Barría, quien fue acusado por el presunto delito de abuso sexual de una funcionaria del Juzgado de Garantía en Rancagua.
Otro de los casos resaltados en que Valencia fue parte de la defensa, es el del psicólogo chileno-español, David Bros San Martín, condenado por abusos sexuales y violación de una menor de edad en la ciudad de Antofagasta.
De hecho, una vez encontrado culpable al violador, Valencia intentó anular el fallo interponiendo un recurso de queja en contra de las juezas del Tribunal Oral en lo Penal que dictaron la sentencia.
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Tanto Antonia Orellana como Marcela Ríos salieron a aclarar los dichos y poner en foco que las preocupaciones expresadas desde los ministerios se refieren al deficiente trabajo de la Fiscalía respecto a los delitos contra las mujeres y diversidades.
“Yo fui muy tajante: acá el gobierno no ha hecho ningún veto. La ministra de la Mujer no ha planteado ningún veto respecto de ningún candidato. Lo que ha planteado la ministra, reiteradamente, en su rol, es su preocupación por la falta de eficacia de la Fiscalía en la persecución penal de los delitos en contra de las mujeres. Entonces, acá quiero insistir: no hay un veto a ningún candidato, ni del comité político, ni del Presidente, ni de esta ministra, ni de la ministra de la Mujer”, señaló Ríos en CNN.
Por su parte, la ministra Orellana señaló que sus preocupaciones concretamente se enmarcan en la nula participación de la Fiscalía Nacional en el Informe Circuito Intersectorial de Femicidio, documento que tiene por objeto entregar información sobre la caracterización del problema social del femicidio en Chile y sus víctimas.
‘‘En ese circuito, pese a que ya lleva 9 años, no está presente la Fiscalía Nacional y es precisamente el espacio en la que tenemos nuestra primera respuesta cuando ocurren hechos extremos de violencia. Lamentablemente, la participación está al arbitrio de cada Fiscal Regional’’.
Otro de los puntos de reparo, se refieren a la impunidad que existe actualmente cuando se trata de violencia de género. ‘‘La violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados en el país, sin embargo, solo unas seis mil denuncias llegan a juicio y de esas solo un 4% llega a condena. Eso es impunidad’’, precisó la ministra Orellana.
Por último, destacó la ausencia de perspectiva de género en casos de legítima defensa de mujeres y disidencias.
‘‘Hay mujeres que la Fiscalía persigue sin tener perspectiva de género. Esos son los puntos que nos preocupan como Ministerio de la Mujer respecto de la Fiscalía Nacional y que esperamos trabajar, sea quien sea la persona que encabece esa institución, porque lo que nos preocupa es el funcionamiento de la institución en si misma’’.
