BRAGA
Cada vez que una mujer vive violencia de género, el Estado dispone de una serie de instituciones y herramientas de protección, asesoramiento y acompañamiento. Sin embargo, algunas instituciones no están formadas para abordar los casos, les exigen a las víctimas llamar personalmente desde su equipo y hay líneas telefónicas que pueden presentar fallas de funcionamiento según la compañía desde la que se llame. Desde la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres subrayaron que la violencia de género “no existe como concepto jurídico” y que, en tal sentido, se requiere un cambio de foco en la conceptualización del problema que va más allá del funcionamiento del sistema.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) provee una serie de instituciones y herramientas para la protección, asesoramiento y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia, siendo una de ellas el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), organismo encargado de ejecutar las políticas, planes y programas que le encomienden desde el ministerio (Ley 20.820).
Con direcciones en cada región del país, el espacio tiene numerosos objetivos, entre ellos, promover la autonomía económica de las mujeres, fomentar el pleno ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y otros aspectos. Asimismo, el servicio pone especial énfasis en el derecho a una vida libre de violencias.
En 2019, SernamEG puso a disposición la línea telefónica 1455 para la ayuda y orientación de mujeres víctimas de violencia de género. De acuerdo a la información proporcionada por la institución, en 2022 recibió 82.025 llamados, y entre enero y marzo de 2023 sumaron 21.497.
Según se expresa desde el sitio web, el servicio es confidencial, gratuito y está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, además de contar con atención de “especialistas en violencia”.
Pese a ello, el viernes 12 de mayo una denuncia anónima alertó a El Mostrador Braga sobre el funcionamiento parcial de la línea telefónica. Un docente universitario, que prefirió reservar su identidad, comentó que al intentar realizar una llamada desde su celular no pudo hacerlo, pues la línea le respondió que “el teléfono no existe”.
Desde El Mostrador se llamó desde distintos celulares para analizar el funcionamiento del número. Se hizo desde diferentes compañías telefónicas y el problema radicó particularmente en una, que resultaba solo de algunos teléfonos: VTR. La compañía justificó desconocer la situación y se comprometió a analizarla para ver si “en 72 horas pueden habilitar el servicio”, contó el docente.
Ante eso, este medio se contactó con el 1455, quienes manifestaron que “a veces las compañías dejan bloqueados los números 600 y 800” y que, en tal caso, “hay que contactarse con la compañía y consultar”. A través del mismo llamado, que tuvo una respuesta inmediata, informaron que la denuncia se puede realizar a través de instituciones como Carabineros, PDI, Tribunales de Familia o Fiscalía.
“Cuando se trata de violencia psicológica (como hostigamiento, mensajes de audio o telefónicos o violencia verbal), nosotros sugerimos realizarla directamente en Fiscalía, ya que tiene una mejor recepción”, puntualizaron, y agregaron que Carabineros de Chile “no se encuentra al tanto de las situaciones que ingresan dentro de la violencia, entonces a muchos usuarios les ha pasado que no les toman la denuncia”.
“Entonces, para evitar esta situación, nosotros recomendamos realizarla (la denuncia) directamente en Fiscalía”, precisaron. Luego de esta respuesta, El Mostrador Braga se contactó con el servicio de orientación y derivación para los delitos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, vulneración de derechos y delitos sexuales de Carabineros, la línea gratuita 149, donde subrayaron que lo ideal es que sea la víctima la que se contacte.
En mayo de 2021, la Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe final de la auditoría cuyo objetivo era indagar el cumplimiento de las funciones y medidas contra el COVID-19 implementadas en casas de acogida y otros centros de atención de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).
La investigación detectó que existieron debilidades en las medidas de prevención y detección temprana de situaciones graves contra mujeres, falta de adopción de medidas concretas de coordinación con Carabineros de Chile y falencias en la atención de llamadas, con faltas en la derivación, acreditación, y demora en los seguimientos de las llamadas graves o vitales, problemas que, a dos años de publicado el estudio, parecen no resolverse.
Y es que, pese a un entramado legal e institucional nutrido, en Chile “no existe” la violencia de género y/o la violencia hacia las mujeres “como concepto jurídico”, aseguró la vocera de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Lorena Astudillo. A juicio del espacio, es este el motivo para que la institucionalidad no cuente con “los medios apropiados” ni las “políticas públicas apropiadas” para enfrentarla y, por ello, incluso los protocolos son insuficientes.
“Al no existir este concepto de manera jurídica institucionalmente, tampoco cuentan con nada que lo prevenga, lo sancione o se pueda actuar en caso de encontrarnos frente a estas manifestaciones de violencia”, detalló la vocera.
En relación con el funcionamiento del 1455, desde la agrupación mencionaron que funciona como “un call center informativo” y, si bien “no es un espacio de denuncia”, de la misma manera que el WhatsApp ofrecido por SernamEG, es un canal que materializa el derecho a la información.
“Por supuesto que es algo muy pequeño comparado con toda la información que debiéramos manejar, y que además es para alguien que tiene acceso telefónico y está lejos del agresor, porque si estoy con el agresor al lado, si el agresor me controla permanentemente, si además mira los números de teléfono, si tiene acceso a este tipo de control tecnológico, tampoco sirve”, recalcó.
Al mismo tiempo, comentó que sí existen protocolos de actuación frente a situaciones de violencia específica, como casos de femicidio, delitos sexuales, la trata y la violencia intrafamiliar. En estos casos –rescató la referente de la red–, sí existe legislación, sin embargo, “tienen un proceder distinto a la gran gama de manifestaciones de violencia que podemos vivir las mujeres”, subrayó. Además, agregó que se concentran en violencia familiar.
“¿Cuáles son los protocolos frente a la violencia intrafamiliar? Bueno, por esencia la respuesta del Estado chileno es la denuncia. Lo que nos dicen a las mujeres es que si estamos viviendo violencia, o si somos testigos de que una mujer está viviendo violencia por parte de su pareja, denunciemos, lo que es bastante pobre como respuesta o para ponerle la palabra protocolo, porque es la puerta de entrada a un proceso judicial que puede llevarse a cabo o no”, manifestó Astudillo.
En este sentido, sostuvo que los protocolos consideran diversas medidas de protección, asesoramiento y acompañamiento, lo cual –según comparten las integrantes de la red– necesitaría un giro en 180º grados: se trata de repensar el tema desde la construcción misma del problema. Para Lorena Astudillo, se requeriría mejorar “todo”.
“Se requiere que se comprenda que la violencia hacia las mujeres es un problema que está en las estructuras de nuestra sociedad, que no son manifestaciones aisladas, y que principalmente lo que nos preocupa a las mujeres es que no tengamos que vivir violencia”, dijo, junto con remarcar la insistencia que ha tenido la organización en pos de la promoción de “vidas libres de violencia”, para que la institucionalidad “no llegue después de que ya se ha sido violentada”.
“Se requiere un cambio de enfoque, se requiere una comprensión mucho más robusta de lo que significa la violencia hacia las mujeres”, concluyó la vocera de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
