BRAGA
EFE/Paolo Aguilar
Las cifras alarmantes de maternidades forzadas precoces subrayan la urgencia de proteger los derechos reproductivos femeninos.
El movimiento Son Niñas, No Madres pide a los Estados que se pronuncie con celeridad sobre los cuatro casos de niñas de América Latina a las que se le negó el acceso al aborto y que se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos en 2019.
Se trata de los casos de Norma (Ecuador), Fátima (Guatemala), Susana (Nicaragua) y Lucía (Nicaragua), quienes fueron víctimas de violación cuando eran menores de edad y se les negó el acceso a un aborto en sus respectivos países, por lo que fueron obligadas a ser madres. Junto con esos casos, las organizaciones que las acompañan presentaron ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el caso de Camila, de Perú, que tuvo una resolución en 2023.
En el caso de Camila, el Comité determinó que Perú violó sus derechos a la salud y a la vida y pidió al Estado que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
Sin embargo, dice el movimiento, la realidad actual es “desesperanzadora”. “A casi 8 meses de darse este dictamen, las medidas de reparación y prevención no han progresado, sumiendo a víctimas como Camila en un desamparo legal y emocional”, señala.
El estancamiento en la implementación de medidas reparadoras ordenadas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado de Perú son claros indicios “de un sistema que falla en proteger a las niñas”, afirma el movimiento. “Mientras tanto, las cifras de violencia sexual y embarazos no deseados continúan en ascenso, alimentando un espiral de sufrimiento”, agrega.
Con el objetivo de comunicar a la ONU la necesidad urgente de este pronunciamiento, una delegación del movimiento “Son niñas no madres”, compuesta por Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos y Promsex, se reunió con expertos del Comité de Derechos Humanos para evaluar la situación de las maternidades forzadas en América Latina, por lo que esperan que la decisión de este organismo de las Naciones Unidas llegue pronto.
Y es que la situación en la región es intolerable, afirman las organizaciones que forman parte de Son niñas no madres. América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años y datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que 8 de cada 10 agresiones sexuales tienen como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años.
Con respecto al aborto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que el número anual de interrupciones del embarazo inseguros solo entre las adolescentes de 15 a 19 años en América Latina alcanza los 670.000. Mientras que cerca de 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros cada año, según datos del Instituto Guttmacher.
En la región, solo cinco países (Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba y Guyana) y algunos estados de México han despenalizado o legalizado el aborto en todos los casos. En Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Paraguay se permite solo en algunas causales, como cuando hay riesgo de vida para la madre o por violación. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Haití y Surinam prohiben totalmente la interrupción del embarazo.
