Eliminación del lenguaje inclusivo en los servicios públicos: acusan populismo ideológico

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast dejar sin efecto cualquier acto administrativo que promueva o establezca el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos del país. La iniciativa abrió un nuevo capítulo en el debate sobre lenguaje, diversidad y reconocimiento de identidades de género en Chile.

La propuesta fue impulsada por los diputados Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez, quienes pidieron al Ejecutivo instruir a los ministerios a revocar circulares, resoluciones u otros mecanismos que promuevan el uso de expresiones inclusivas y, además, dictar un decreto que garantice el uso del castellano conforme a las normas gramaticales tradicionales.

Los parlamentarios sostienen que durante la administración del expresidente Gabriel Boric se promovió el uso del lenguaje inclusivo en distintos organismos públicos, especialmente en el ámbito educativo. A su juicio, estas medidas constituyeron una imposición ideológica que buscó instalar determinadas concepciones sobre identidad y género dentro de los espacios de formación.

En el texto aprobado, los legisladores argumentan que el uso de fórmulas inclusivas responde a intereses políticos de sectores que buscan representar a grupos históricamente excluidos y que, según afirman, han intentado transformar dichas prácticas en políticas públicas. Asimismo, sostienen que el rechazo ciudadano expresado en distintos procesos políticos recientes habría restado legitimidad a estas iniciativas.

Como respaldo de su postura, los diputados citan pronunciamientos de la Real Academia Española (RAE), institución que ha defendido el uso de las formas tradicionales del idioma y ha señalado que el masculino gramatical puede cumplir una función inclusiva para referirse al conjunto de las personas. También mencionan orientaciones de Naciones Unidas sobre lenguaje inclusivo, las que distinguen entre género gramatical, género como construcción sociocultural y sexo biológico.

Preocupación por el impacto en personas trans y no binarias

La aprobación de la resolución generó críticas desde organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, que advirtieron sobre las consecuencias que una eventual prohibición podría tener para grupos históricamente discriminados.

El encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, cuestionó la iniciativa y afirmó que no existe una definición clara de lo que los parlamentarios entienden por lenguaje inclusivo.

“Sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, señaló.

Desde la organización sostienen que el debate excede una discusión lingüística y se relaciona con el reconocimiento social de identidades de género diversas. En particular, manifestaron preocupación por el eventual impacto que la medida podría tener en personas trans y no binarias, para quienes el uso de determinadas expresiones constituye una herramienta de visibilización y respeto.

“Tememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo, de manera de garantizar la no discriminación”, indicó Gómez.

El Movilh también acusó una motivación ideológica detrás de la resolución y cuestionó la premisa de que existan políticas públicas que obliguen a utilizar lenguaje inclusivo en el Estado. Según la organización, la iniciativa busca restringir formas de expresión asociadas a los avances culturales y sociales en materia de diversidad.

Aunque el proyecto aprobado por la Cámara tiene carácter de resolución y no implica cambios legislativos obligatorios, vuelve a instalar en el centro del debate la tensión entre las políticas de reconocimiento de la diversidad y las visiones que buscan preservar las formas tradicionales del lenguaje.

La discusión sobre el lenguaje inclusivo se ha transformado en uno de los temas más visibles dentro de las disputas culturales contemporáneas. Mientras sus detractores argumentan que altera las normas tradicionales del español y responde a agendas ideológicas, quienes lo defienden sostienen que constituye una herramienta para reconocer la diversidad de identidades y promover espacios más inclusivos.