De las telecomunicaciones a la infraestructura digital: el imperativo de una nueva gobernanza

Chile se encuentra en un punto de inflexión crítico. Mientras el debate público continúa encasillado en categorías analógicas, la convergencia tecnológica y la irrupción masiva de la inteligencia artificial (IA) han dejado obsoletos los marcos normativos del sector. Nuestra arquitectura regulatoria padece una asfixiante fragmentación y sobre regulación que amenaza con paralizar la inversión y erosionar el liderazgo regional del país.

La premisa de partida debe ser categórica: el concepto tradicional de “telecomunicaciones”  ha muerto, resulta ineficaz seguir regulando bajo el paraguas de las redes telefónicas del  siglo pasado. La realidad actual exige hablar de infraestructura digital interconectada,  columna vertebral intangible donde convergen fibras ópticas, datacenters, redes 5G,  capacidades satelitales y procesamiento en la nube. Esta metamorfosis se ha acelerado por  la IA Generativa, tecnología de propósito general que demanda ancho de banda masivo y  latencias mínimas, pero que pretendemos gestionar con una institucionalidad concebida  para la era del par de cobre.

El diagnóstico sectorial apunta a una falla estructural: la hiper-fragmentación institucional y  la lenta tramitación legislativa. A medida que emergen normas de ciberseguridad, datos e  IA, el Estado reacciona superponiendo capas inconexas de nuevas regulaciones. Informes de los diferentes centros de estudios de América Latina, demuestran que esta sobre regulación genera costos directos e indirectos que desvían capital estratégico —destinado a  inversión e innovación— hacia el cumplimiento burocrático, con enfoques arcaicos centrados en sanciones, recaudación y trabas municipales que paralizan el despliegue de  redes e infraestructura. Además, al diseminarse la responsabilidad entre varios ministerios, la transformación digital no es prioridad de ninguno.

Frente a este escenario, Chile debe consolidar su soberanía digital mediante arquitecturas abiertas e interoperables que garanticen resiliencia ante desastres o ciberataques. Para  lograrlo, la regulación debe migrar hacia estándares de mejora regulatoria, incorporando  Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y esquemas adaptativos que permitan la innovacion  y el desarrollo, como fue la historia de éxito de este sector.

Para consolidarnos como Hub Digital regional, el Gobierno debe ejecutar urgentemente  relevantes tareas de política pública. Refundar la gobernanza, creando una Autoridad Digital transversal, dependiente de la Presidencia de la República, sacando al sector de la trampa  del Ministerio de Transportes y de la hipersegmentación institucional; implementar una ventanilla única de permisología que simplifique la burocracia municipal y acelere el  despliegue de redes; adoptar un ciclo regulatorio adaptativo basado en evidencia en lugar de multas y, por último, y no menos relevante, una Política de Estado en Soberanía Digital con enfoque multi-proveedor e integración satelital.

Chile no puede enfrentar el futuro digital con la institucionalidad del pasado. Llegó la hora de que el Ejecutivo asuma la infraestructura digital como una prioridad estratégica de Estado, antes de que la burocracia disipe nuestra ventaja competitiva.