Proyecto “Escucha su corazón”: advierten sobre el impacto en la salud mental de las mujeres

El proyecto de ley “Escucha su corazón”, presentado por el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristóbal Urruticoechea, volvió a instalar el debate sobre el acceso al aborto legal en Chile bajo las tres causales contempladas en la legislación vigente.

La iniciativa busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incorporar, como requisito previo al procedimiento, que la mujer escuche los latidos del embrión o feto cuando exista actividad cardíaca detectable.

Aunque el texto establece que la paciente puede rechazar esa instancia, también señala que, si lo hace, el médico deberá abstenerse de realizar la interrupción del embarazo. En la práctica, la propuesta convertiría la escucha de la actividad cardíaca fetal en una condición para acceder a la prestación de salud que hoy contempla la ley.

Salud mental y autonomía en el centro de la discusión

Más allá del debate jurídico y ético, especialistas advierten que la iniciativa también plantea interrogantes sobre sus efectos en la salud mental de las mujeres que enfrentan alguna de las tres causales.

Constanza Robles Mardones, psicóloga especialista en violencia sexual y de género e integrante de Minka, resume esa mirada con una frase: “Escuchar no es oír un sonido. Escuchar es reconocer la experiencia de quien sufre”.

A su juicio, el propio nombre del proyecto invita a ampliar la conversación. “El proyecto se llama ‘Escucha su corazón’, pero desde la psicología nos parece necesario ampliar la pregunta: ¿quién tiene derecho a ser escuchado? Las mujeres que acceden a alguna de las tres causales ya atraviesan experiencias profundamente dolorosas, marcadas por el miedo, el duelo, la violencia o el riesgo para sus vidas. Escuchar desde la salud mental significa acoger esa experiencia con respeto, validar el sufrimiento y acompañar sin imponer nuevas cargas emocionales en un momento de máxima vulnerabilidad”, detalló.

Una crisis que requiere acompañamiento

La especialista sostiene que quienes recurren a alguna de las causales legales no enfrentan una decisión habitual, sino una experiencia marcada por la crisis y la vulnerabilidad.

“Cuando una mujer se acoge a alguna de las tres causales contempladas en la legislación chilena, no está enfrentando una situación cotidiana. Está viviendo una crisis que puede implicar trauma, culpa, pérdida o violencia. Desde la psicología, esas experiencias requieren una atención sanitaria basada en la comprensión, la contención y el respeto a la autonomía. El desafío de las políticas públicas debiera ser disminuir el sufrimiento, no incorporar intervenciones que puedan intensificar la carga emocional de una decisión ya profundamente compleja”, sostiene la especialista.

Desde esa perspectiva, Robles advierte que las restricciones legales no eliminan las situaciones que viven las mujeres, sino que pueden transformarse en nuevas barreras para acceder a una atención segura y acompañada.

“Las restricciones no eliminan las situaciones que viven las mujeres. Lo que puede ocurrir es que aumenten las barreras para acceder a una atención segura y acompañada. Desde la salud mental, sabemos que enfrentar experiencias traumáticas sin apoyo profesional ni condiciones adecuadas puede incrementar el sufrimiento. Por eso, cualquier discusión sobre esta materia debiera considerar también el impacto psicológico que las decisiones institucionales tienen en quienes ya viven situaciones de extrema vulnerabilidad”, agrega.

¿Qué significa realmente cuidar la vida?

Para la psicóloga, el debate también debería incorporar una reflexión más amplia sobre el concepto de cuidado y el acompañamiento que reciben las mujeres antes, durante y después de estos procesos.

“El debate sobre este proyecto también nos invita a preguntarnos qué entendemos por cuidar la vida. Como sociedad, no basta con discutir el acceso a una prestación de salud; también debemos preguntarnos cómo acompañamos a las mujeres antes, durante y después de experiencias tan difíciles. Cuidar la vida implica garantizar una atención basada en la evidencia, apoyo psicológico, redes de cuidado y condiciones que permitan transitar estas situaciones con dignidad”, sostiene.

En esa misma línea, sostiene que las leyes no solo establecen normas, sino que también transmiten señales sobre cómo una sociedad entiende los derechos, la autonomía y el cuidado.

“Las leyes no solo regulan conductas; también expresan cómo una sociedad entiende los derechos, la autonomía y el cuidado. Cuando una norma incorpora recursos destinados a influir en decisiones profundamente personales, es legítimo preguntarse cuál es el mensaje que transmite a las mujeres que atraviesan una situación de crisis. Incorporar la perspectiva de la salud mental no reemplaza el debate jurídico o ético, sino que lo amplía y permite considerar el impacto de las políticas públicas en las personas”, añade.

El cuidado también pasa por las redes de apoyo

Finalmente, Robles plantea que fortalecer el cuidado de la vida también implica abordar las condiciones en que muchas mujeres ejercen la maternidad y las responsabilidades de crianza.

“Si como sociedad queremos fortalecer el cuidado de la vida, también es necesario mirar las condiciones en las que miles de mujeres ejercen la maternidad. Muchas enfrentan la crianza en solitario, con una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y con escaso apoyo económico o institucional. Desde una perspectiva de salud mental, promover políticas que fortalezcan la corresponsabilidad parental, el acompañamiento y las redes de apoyo también constituye una forma concreta de proteger la vida y el bienestar de las familias”, finaliza.