PAÍS
Organizaciones chilenas denunciarán hoy ante la CIDH retrocesos en DDHH en el país
Entre los puntos que serán dados a conocer a la instancia, perteneciente al sistema interamericano de Derechos Humanos, están el desmantelamiento del Programa de DDHH, el desfinanciamiento de distintos planes y la decisión de no expropiar los terrenos de Colonia Dignidad.
A las 14 horas de hoy se realizará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la audiencia pública, en el marco del 196 periodo de sesiones de la CIDH. En la ocasión, distintas organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) chilenas denunciarán el desmantelamiento de la institucionalidad de DDHH del país a partir de marzo de este año, luego de la llegada del Presidente José Antonio Kast al poder.
Como ha relatado El Mostrador, la primera señal visible al respecto fue el descabezamiento del Programa de DDHH, dependiente del Ministerio de Justicia, a lo que se sumó el retiro del proyecto de enajenación de los terrenos de la secta de Colonia Dignidad y la negativa de las nuevas autoridades en orden a seguir adelante con la función de querellante del Programa de DDHH en varios casos en contra de exagentes de la dictadura, los llamados “indultos pasivos”.
A todo lo anterior se suman los reajustes presupuestarios instruidos desde el Ministerio de Hacienda, que afectan al Programa de DDHH, al Plan Nacional de Búsqueda y al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS).
Además, las 80 organizaciones patrocinantes denunciarán también el recorte que afectaría a una serie de programas sociales. “Llevar este panorama ante la CIDH en Washington es un paso crítico. Estamos presenciando cómo se desarma la infraestructura de derechos humanos que costó décadas instalar en Chile. Esto no es un simple ajuste técnico, es una vulneración directa a los compromisos de verdad, justicia y no repetición que el Estado debe garantizar”, señaló desde Washington la abogada Paulina Zamorano, exjefa del Programa de DDHH.
Los detalles
Por cierto, el informe escrito que sustenta la presentación indica que todo lo anterior ocurre en un contexto mucho más amplio: “Entendemos que el contexto al que asistimos no es exclusivo del territorio chileno. Por el contrario, forma parte de un fenómeno regional que ha puesto en riesgo los avances alcanzados por nuestros países en materia de democratización, institucionalidad pública y garantía de derechos”.
En ese sentido, el documento asevera que en el caso chileno, “el Poder Ejecutivo se ha ido alejando progresivamente de su deber de protección y garantía de los Derechos Humanos” y que en lo relativo al recorte de fondos para programas sociales, “la magnitud, transversalidad y orientación del ajuste presupuestario propuesto e implementado por el gobierno de José Antonio Kast, configura un proceso de debilitamiento de capacidades estatales esenciales para la garantía de Derechos Humanos”.
Asimismo, critican duramente otros recortes menos conocidos, como el que afectó a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) de la Subsecretaría de Derechos Humanos. A este respecto se asevera que en 2023 existían casi 5.500 personas que estaban en búsqueda de sus orígenes, en un fenómeno que, como ha informado El Mostrador, se estima que afectó al menos a 25 mil niños que fueron ilegalmente adoptados en Chile a partir de los años ’60. La cifra se incrementó en los años ‘70 y ’80, aunque continuó incluso después de la dictadura, hasta fines de los años ’90.
La secta de Parral
También desde Washington, Paola Peebles, quien acudirá a la audiencia como representante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, indicó que al respecto se expondrá que “el hecho de revertir la expropiación de Colonia Dignidad es un problema grave, porque se presenta como una decisión administrativa, como una decisión que tiene que ver con el presupuesto, pero sabemos bien que es una decisión política y que es un retroceso en términos de Derechos Humanos que es inadmisible”.
En ese sentido, agregó que “impidiéndose la expropiación, se impide acceder correctamente al sitio para hacer lo que es necesario; es decir, investigar para saber si se pueden encontrar huellas que podrían llevar a descubrir el paradero de las personas que se hicieron desaparecer ahí. En ese sentido, esa decisión está protegiendo a los perpetradores, en vez de proteger a las víctimas”.
Respecto del uso actual de ese sitio, ubicado a 30 kilómetros de Parral, como un centro turístico, dijo que como familiares de las víctimas que estuvieron recluidas y torturadas en el interior de dicha secta “es muy chocante el hecho de que, en lo que fue un campo de concentración, que en realidad siempre ha sido una organización criminal desde que se fundó, se lucre con actividades comerciales y fiestas” en vez de ser un sitio de memoria en homenaje “a las personas que desaparecieron y fueron torturadas ahí. Es muy indignante y no se logra entender cómo Chile deja que eso pueda ser posible a estas alturas. Eso es incomprensible desde el punto de vista de las víctimas y de la asociación”.
Finalizó indicando que “hacer ahí fiestas de todo tipo, organizar matrimonio y hasta estadías de vacaciones con tinajas y todo lo que venden en el sitio que hoy llaman Villa Baviera es muy impresionante, porque la propiedad privada parece tener más importancia que los derechos fundamentales, que el derecho a la vida y la prevención de tipo de crímenes en el futuro”.
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