La mala percepción de la justicia en Chile

Las encuestas de opinión vienen señalando hace tiempo una mala opinión de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia en Chile. La relacionan con escándalos de corrupción en tribunales, manipulación de procesos judiciales, conflictos de interés y todo un degradé de conductas reñidas con la ética y/o las leyes.

Este descrédito genera una crisis de confianza que afecta a todo el funcionamiento de la justicia, como sistema esencial de resolución de conflictos en la sociedad. Aunque principalmente impacta al Poder Judicial, sus esquirlas también alcanzan al Ministerio Público, a los abogados y a los demás auxiliares de la administración de justicia.

La Corte Suprema, no obstante su autonomía, potestades y verticalidad sobre todo el Poder Judicial, ha carecido de liderazgo e iniciativas para crear una agenda sustantiva que permita enmendar o complementar la institucionalidad de la justicia. Si bien puede sancionar faltas y abusos cometidos por jueces y demás empleados de la función jurisdiccional, muchas veces lo hace solo a medias y de espaldas a la transparencia. Corrige principalmente lo burocrático, pero los daños al litigante o a la sociedad normalmente los pasa por alto.

Así, la dirección o control de las operaciones que lleva adelante con el apoyo de su Corporación Administrativa (CAPJ) es cautelosa o inexistente en temas de fondo. El impulso de normativas para asegurar una administración de justicia rápida, eficiente y proba, no se aprecia. La CAPJ, base de la acción de la Corte Suprema y que maneja los recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura y de personal del Poder Judicial, lo hace sin control ni auditorías externas. Es un organismo lleno de vacíos, ineficiente y es tal vez el problema más grave que tiene la Corte Suprema.

La rehabilitación práctica del Poder Judicial requiere de un uso enérgico de la facultad de superintendencia directiva, correccional y económica que tiene la Corte Suprema y no de algo cosmético, ni menos de un mero lavado de imagen corporativa. No basta con modificar reglamentos menores. Se requiere de medidas e incentivos mayores para terminar con la opacidad de gestión y la mala imagen pública. El peligro de captura por el crimen organizado está a la vuelta de la esquina.

La indolencia política sobre la imagen y funcionamiento del Poder Judicial le genera al país un riesgo de interés nacional. Dejar que la parte sustancial del sistema legal sea un ámbito permeable a la corrupción y al crimen organizado, no resulta sano ni coherente con la búsqueda de inversión extranjera y la viabilidad del desarrollo del país.

Es indispensable, en primer lugar, eliminar la discrecionalidad e influencias externas en la asignación de causas y en la conformación de salas en las cortes. Esto es hoy una de las zonas de mayor opacidad institucional del sistema. La IA, mencionada profusamente en la inauguración del año judicial 2026, puede proporcionar un “azar” auditable en esas asignaciones con algoritmo informático automatizado, aleatorio y de código abierto. Esto permitiría trazabilidad total en cambios de sala, recusaciones u otras gestiones, registrados para su historial público en el portal del Poder Judicial.

En segundo lugar, se debe abolir el tráfico de influencias para ascender en el escalafón judicial, otro de los principales focos de corrupción. Un sistema de evaluación de puntaje técnico ciego, basado en variables como fallos redactados, idoneidad ética, publicaciones y otros, 100% público, contribuiría a inhabilitar el lobby judicial interno o de pasillo.

En tercer lugar, se debe mejorar el control disciplinario, ojalá una Fiscalía Judicial autónoma y proactiva, con capacidad de auditoría forense interna, y facultad de cruzar las declaraciones de patrimonio e intereses de los jueces de forma aleatoria y permanente, especialmente en los registros de propiedad propios y de familiares cercanos.

Pero tal vez lo más importante sea terminar con la promiscuidad del sistema de “abogados integrantes” en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, fuente de favores políticos y redes de influencia económica. Deben eliminarse, sin más y en forma urgente. Si bien ello podría hacerse con un auto acordado restrictivo de la Corte Suprema, es posible que por razones financieras se deba solicitar reforma legal al gobierno. Debería ser reemplazada por un sistema de subrogancia exclusiva con jueces de carrera dedicados solo a la magistratura.

Si la Corte Suprema impulsara estas medidas, la ética judicial no sería una utopía inalcanzable sino un conjunto de reglas operativas con rendición de cuentas, y el sistema judicial no premiaría al operador político que se mueve en las sombras, sino a quienes litigan con transparencia y bajo las reglas de la buena fe procesal.