Los 300 espartanos judiciales

La dotación aproximada de funcionarios de los 30 juzgados civiles de Santiago supera levemente las 600 personas. Pero para efectos de la metáfora que se desarrolla en esta columna, asumiremos una cifra de 300, pues, dada la magnitud del fenómeno, la diferencia no altera en absoluto la conclusión.

Ese universo de funcionarios, que aún opera dentro de un modelo procesal concebido hace 150 años y “modernizado” a la altura de los años ’90, debe enfrentar la carga —verdaderamente descomunal— de 1.207.389 causas activas.

Hace pocos días estos 300 espartanos judiciales se enfrentaron a 38 mil escritos “persas”, y pese a su encomiable esfuerzo tecnológico fueron derrotados por los 38 mil “persas” que atacaron simultáneamente; algo parecido a la Blitzkrieg, la famosa doctrina militar empleada por Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para derrotar al enemigo con gran rapidez.

A este inédito suceso de julio se sumó otro notición proveniente del nuevo mundo de la IA en la profesión legal (que podría también ocurrir en cualquier otro) en el mismo mes de julio: una seguidilla de abogados sancionados —aquí y en medio mundo— por presentar escritos con citas de fallos inexistentes y notas inventadas por un sistema que nadie se molestó en verificar. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional aplicaron las sanciones más recientes.

Pero sin duda, el de los escritos fue el episodio de mayor connotación durante julio: como se sabe, un abogado ingresó más de 38 mil escritos a la Oficina Judicial Virtual en menos de tres días, a un ritmo de cientos por tribunal, hasta hacer colapsar la plataforma del Poder Judicial. Obviamente los espartanos resistieron hasta el último de ellos, pero no pudieron y fueron arrollados.

Lo inaudito, pero como toda opinión ajena respetable, es que no han faltado defensores de los 38 mil “persas”. La falla, dicen, no fue humana sino del sistema: si la plataforma no resistió el volumen, el problema es de la plataforma tecnológica.

Veamos: el argumento tiene una lógica aparente y un vacío enorme. Supongamos que el sistema hubiera funcionado a la perfección y soportado cien mil presentaciones simultáneas. ¿Se preguntó el autor de este tsunami quién las leería? ¿Qué juez y funcionario las tramitará, qué contraparte las contestará? ¿Quién se hará cargo de ellas? La respuesta es una obviedad. Sabemos que la capacidad de generar trabajo jurídico se ha vuelto prácticamente infinita, pero la capacidad de pensarlo, evaluarlo y responder por él sigue siendo tan finita como siempre. Ese desajuste, y no la caída de un servidor, es la verdadera noticia.

Conviene mirar estos episodios con alguna perspectiva. Hasta hace poco quienes ejercían las profesiones construían sus soluciones con estudio, con la memoria de los casos vividos, con la conversación con los colegas y con esa intuición que solo dan los años. Si quisiéramos ponerle números, probablemente un 80 por ciento de cada solución era razonamiento propio y el 20 restante venía de factores complementarios, como la información disponible, el consejo ajeno, la fortuna de haber leído lo correcto a tiempo y en el último tiempo también la IA. El producto final salía de un proceso íntimo.

A pesar de todo, lo que he venido planteando no constituye únicamente una amenaza; puede ser también una oportunidad extraordinaria. El verdadero peligro no reside, por cierto, en el uso de la IA, sino en su utilización irracional y/o deshonesta. Conviene, por ello, hacer una precisión: esta columna ha contado con el apoyo de la IA en determinadas tareas de redacción, ordenamiento y expansión de algunos párrafos. Sin embargo, la reflexión, la tesis, la estructura argumental, la concepción general y redacción del texto y, sobre todo, el criterio que lo inspira, pertenece íntegramente a su autor. Y es que renunciar a una herramienta que multiplica nuestras capacidades sería absurdo y, en ciertos oficios, hasta negligente.

El riesgo verdadero está en nosotros, y los episodios de julio lo retratan mejor que cualquier tratado: dejar de pensar, firmar sin leer, presentar sin verificar, multiplicar por mil la producción sin multiplicar por nada la reflexión (aunque se haya tratado de sencillas presentaciones de trámite). Porque ejercer una profesión no consiste solo en generar respuestas, ni siquiera en generar respuestas correctas: consiste en justificar por qué lo son y en responder por ellas.

El juicio profesional supone prudencia, experiencia y valores que ningún modelo, por prodigioso que sea, reduce por completo a estadística o a un algoritmo, al menos por ahora.

Y esto va mucho más allá de un problema gremial. Lo que está en juego es una cuestión de civilización. Una sociedad que delega masivamente su pensamiento —que acepta respuestas sin examinarlas, que firma sin leer, que produce sin discernir— no se vuelve más eficiente: se vuelve más frágil. No podemos permitirnos, como civilización, dejar de pensar, reflexionar y entender con nuestra propia mente. Todo lo demás es negociable; eso no.

No es casualidad que en este mismo pasado mes de julio hayan aparecido dos documentos que apuntan en esa dirección. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago publicó su estrategia para la enseñanza en la era de la IA: en lugar de prohibir la tecnología o de ignorar sus riesgos, propone una pedagogía “resistente”, que asegure que los estudiantes aprendan primero a pensar de manera crítica e independiente, cultive las habilidades humanas que distinguen al buen profesional y enseñe, además, un uso responsable y ético de estas herramientas.

Y entre nosotros se publicó la Guía sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial por abogados, cuya premisa es simple: la inteligencia artificial es un instrumento al servicio del profesional y en ningún caso lo sustituye. De allí derivan deberes que valen para cualquier oficio intelectual: supervisión humana permanente, resguardo de la confidencialidad, competencia tecnológica, verificación personal de todo resultado antes de hacerlo propio y responsabilidad indelegable de quien firma, que no puede excusarse atribuyendo un error a la máquina. Un texto académico y otro deontológico que coinciden en lo fundamental: la tecnología cambia las herramientas, no la responsabilidad. Si esa regla se hubiera respetado, ninguno de los escándalos de julio habría ocurrido.

Nuestra tarea no es competir contra la IA en aquello que hace mejor que nosotros. Esa carrera está perdida y, sobre todo, mal planteada. Tampoco es escandalizarnos con cada torpeza de quienes la usan mal, como si la herramienta fuera la culpable. Nuestra tarea es cultivar lo que la máquina no podrá reemplazar del todo: el criterio para decidir en la incertidumbre, la prudencia para sopesar lo que ninguna regla previó, la responsabilidad de responder por las propias decisiones, la creatividad que nace de una biografía y no de una base de datos, la empatía con quien sufre, la deliberación moral ante el caso difícil.

Hay que recibir esta revolución con entusiasmo y sin ingenuidad. La IA puede hacernos mejores profesionales: más rápidos, más informados, más agudos. Lo que no puede es hacernos, en nuestro lugar, más humanos. La humanidad siempre ha aprendido a convivir con sus propias creaciones No hay razón para que esta vez sea distinto, salvo que cometamos el único error sin remedio: dejar de pensar.

Los 38 mil escritos “persas” que intentaron contener los espartanos judiciales no colapsaron solamente un sistema informático; nos advirtieron, a tiempo, lo que ocurre cuando alguien decide que pensar ya no es parte de su trabajo.

Confío en que esta pequeña batalla de las Termópilas contribuya, al menos, a recordarnos que el verdadero riesgo nunca ha sido la IA, sino la renuncia de la inteligencia humana.