Gobierno presenta proyecto de “Cautelares Reforzadas” para fortalecer protección a víctimas de VIF

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, anunciaron el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”.

La iniciativa propone modificaciones a distintas normativas, entre ellas la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, la normativa que crea los Tribunales de Familia, la regulación sobre monitoreo telemático, las disposiciones sobre institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y el Código Procesal Penal.

En ese contexto, la ministra Marín destacó que “este proyecto de ley propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o mal utilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”.

Por su parte, el ministro Fernando Rabat explicó que “la iniciativa también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”.

Continuidad de la protección cuando una causa cambia de tribunal

El proyecto busca evitar vacíos en la protección de las víctimas cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía debido a la existencia de antecedentes que podrían constituir delito.

La iniciativa advierte que, durante este proceso, pueden surgir dudas respecto de qué tribunal debe mantener o supervisar las medidas cautelares, pese a que la víctima continúa expuesta a una situación de riesgo.

Para evitarlo, la propuesta establece reglas que permitan mantener la supervisión judicial mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia. Además, contempla un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y la penal para asegurar la continuidad de la protección y delimitar las responsabilidades de cada instancia.

Una nueva cautelar para frenar el hostigamiento digital

La iniciativa incorpora una nueva medida cautelar frente al hostigamiento o acecho que se desarrolla a través de medios digitales.

El proyecto plantea que una prohibición de acercamiento físico no necesariamente evita que una víctima siga expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante redes sociales y otras plataformas. Por ello, propone prohibir estas conductas contra la víctima y sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales.

Además, establece que la judicatura deberá pronunciarse, cuando corresponda, sobre medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes.

Más herramientas para controlar las medidas cautelares

El proyecto busca fortalecer la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático ante eventuales incumplimientos.

Para ello, amplía las facultades de los inspectores de seguridad municipal para colaborar en estas labores, elimina el requisito de formalización para acceder al monitoreo telemático y establece consecuencias cuando una persona arranque o inutilice intencionalmente el dispositivo.

Asimismo, contempla la obligación de informar a Gendarmería sobre las resoluciones relacionadas con esta herramienta.

Incumplir una cautelar podrá ser considerado al evaluar la prisión preventiva

La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución judicial destinada a proteger a una víctima, como una prohibición de acercamiento o de contacto.

Según el proyecto, estos incumplimientos pueden constituir antecedentes relevantes para evaluar el nivel de riesgo para la seguridad de la víctima. Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal que establece que la judicatura deberá considerar la entidad y las circunstancias de estos hechos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva.

La medida no supone una aplicación automática de la prisión preventiva, sino que exige analizar cada situación de acuerdo con sus circunstancias particulares.

Un juez con dedicación preferente para causas de VIF

El proyecto también busca avanzar hacia una mayor especialización en el tratamiento judicial de los casos de violencia intrafamiliar.

Actualmente, los jueces de Garantía conocen una amplia variedad de materias. Por ello, la iniciativa establece que, en tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, se podrá designar a uno de ellos para conocer preferentemente las causas de VIF.

El objetivo es favorecer una tramitación más especializada y dar continuidad al conocimiento de este tipo de casos.