Cuando la crueldad pretende convertirse en política

Durante los últimos días, dos hechos ocurridos en nuestro país me han provocado una profunda desolación e indignación. No solo por su gravedad, sino porque, al observarlos en conjunto, revelan una forma de entender la política y la convivencia democrática que deberíamos cuestionar con mucha seriedad.

El primero es el proyecto denominado “Escucha su corazón”, presentado por parlamentarios de derecha para modificar el Código Sanitario. La iniciativa busca obligar al personal médico a informar a las mujeres sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecerles la posibilidad de escucharla antes de acceder a una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, el “ofrecimiento” no es realmente voluntario, porque si la mujer se niega, el médico deberá rechazar la realización del procedimiento, por lo que no es un ofrecimiento, es una imposición.

En Chile no existe el aborto libre. La legislación permite la interrupción del embarazo únicamente en tres circunstancias extremas: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando existe una condición fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación. En ninguno de estos tres casos estamos hablando de decisiones simples ni de situaciones abstractas. Estamos hablando de mujeres y familias que atraviesan experiencias profundamente dolorosas. En dos de estas causales existe la certeza o el riesgo de una muerte. En la tercera, una mujer, y en la muchos de los casos una niña, que enfrentan un embarazo provocado por un acto violento, traumático e inhumano.

Esto me hace preguntarme ¿Qué propósito sanitario puede tener obligar a estas mujeres a escuchar la actividad cardíaca del feto? ¿Qué información nueva se les está entregando? ¿En qué contribuye esto a protegerlas, acompañarlas o disminuir su sufrimiento?. Condicionar el acceso a una prestación médica legal a la aceptación de una experiencia emocional impuesta no es acompañamiento, tampoco es consentimiento informado, es una forma de presión y, en muchos casos, de revictimización. Las mujeres que llegan a esta situación no necesitan que el Estado las someta a una prueba moral. Necesitan información médica objetiva, apoyo psicológico, protección, respeto y un sistema de salud capaz de acompañarlas sin juzgarlas. El Estado no debería utilizar el dolor como mecanismo de persuasión ni convertir una atención sanitaria en un castigo emocional.

El segundo hecho ocurrió pocos días después. Se difundió un video en el que Ítalo Omegna, entonces asesor legislativo y militante del Partido Nacional Libertario, participa en una celebración de cumpleaños en la que se realizan alusiones sexuales sobre menores de edad y burlas relacionadas con niños con trastorno del espectro autista.

Las expresiones difundidas no pueden reducirse a una broma desafortunada ocurrida en un ámbito privado. Existen asuntos que ninguna explicación basada en el humor puede relativizar. El abuso sexual infantil, la vulneración de niños y niñas y la discriminación contra las personas del espectro autistas no constituyen material inocente para una celebración entre amigos. Producto de que estos hechos se hicieron públicos Omegna renunció a su cargo como asesor y además fue desvinculado de otra organización en la que participaba. Sin embargo, apartar administrativamente a una persona no resuelve el problema de fondo. Se necesita una condena inequívoca del contenido de esos dichos, un reconocimiento explícito del daño que producen y una reflexión seria sobre los estándares éticos que deben exigirse a quienes trabajan en espacios de representación política.

Ambos acontecimientos se conectan en un punto central, la distancia entre ciertos discursos públicos y la dignidad concreta de las personas. Resulta difícil comprender que sectores que afirman defender la vida impulsen una iniciativa que aumenta deliberadamente el sufrimiento de mujeres que enfrentan embarazos inviables, riesgos vitales o las consecuencias de una violación. También resulta difícil aceptar y entender que desde esos mismos espacios se minimicen o respondan con ambigüedad expresiones que banalizan la violencia sexual contra menores y utilizan a personas con autismo como objeto de burla. La defensa de la vida y de la dignidad humana no puede ser selectiva. No puede invocarse para controlar las decisiones de las mujeres y desaparecer cuando se trata de proteger a niños, niñas o personas del espectro autista. Los principios solo son verdaderos cuando se aplican de manera coherente, especialmente frente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Pero esta reflexión no debería quedar atrapada en una disputa entre izquierda y derecha. Sería un error considerar que estos hechos solo deben preocupar a quienes pertenecen a un sector político determinado. Hay límites éticos y democráticos que debemos defender transversalmente.

Podemos tener diferencias legítimas sobre políticas públicas, economía, seguridad, educación. Esa diversidad forma parte de la democracia. Pero la revictimización, la crueldad, la discriminación y la banalización del abuso infantil no pueden convertirse en opiniones igualmente aceptables dentro del debate público. Cuando una sociedad comienza a normalizar estos hechos, pierde algo mucho más profundo que una discusión legislativa, pierde sensibilidad frente al dolor ajeno, pierde la capacidad de reconocer límites, y pierde confianza en sus instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de representarla.

Siempre he creído que la política es una herramienta poderosa para construir una sociedad más equitativa, justa y solidaria. Precisamente por eso resulta tan preocupante verla utilizada para imponer sufrimiento, alimentar prejuicios o relativizar aquello que debería provocar un rechazo inmediato. La democracia no se debilita solamente cuando se vulneran sus reglas, también se debilita cuando la dignidad humana deja de ser el punto de partida de la acción política.

Por eso, no basta con indignarnos por unas horas, compartir una publicación o exigir la salida de una persona. Debemos preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué conductas estamos dispuestos a tolerar y qué estándares exigiremos a quienes participan en la vida política. No aceptar la crueldad no es una posición partidista, es un mínimo democrático y humano. Y cuando ese mínimo está en riesgo, guardar silencio, relativizar o mirar hacia otro lado termina beneficiando a quienes quieren hacerlo retroceder. Frente a eso, necesitamos una condena transversal, clara y sin cálculos políticos. Porque cuando permitimos que el sufrimiento de otras personas sea utilizado como herramienta de control o como objeto de burla, no pierde solamente un sector, perdemos todas y todos como sociedad.