Sala cuna universal: un buen título para una mala letra escrita por el empresariado

Pocas causas concitan en Chile un acuerdo tan amplio como la sala cuna universal. La deuda es antigua: desde 1917 la ley reconoce el derecho, pero el artículo 203 del Código del Trabajo solo obliga a las empresas con veinte o más trabajadoras, umbral identificado como barrera a la contratación de mujeres. El resultado: la cobertura de sala cuna llega apenas al 26,6% —solo 84.066 de los 316.463 niños y niñas menores de dos años tienen matrícula—. Por eso la indicación sustitutiva que el Gobierno presentó al proyecto en trámite merece un examen más allá del titular: bajo la promesa de universalidad, transforma un derecho en una mera expectativa.

El primer problema es cómo se paga. La nueva cotización empleadora del 0,35% se compensa íntegramente con una rebaja equivalente de los aportes al Seguro de Cesantía: 0,2% menos a la cuenta individual de cada trabajador y 0,15% menos al Fondo Solidario. Es decir, los empleadores no pondrán un peso adicional y el derecho se financiará con recursos que pertenecen a las y los trabajadores, debilitando su protección frente al desempleo; las grandes empresas que hoy financian sala cuna pasarán, además, a costo cero. Se vulnera así el principio de corresponsabilidad social del cuidado que la Corte Interamericana, la OIT y la CEPAL han puesto al centro.

El segundo es el copago. El aporte del Fondo —estimado en 5,2 UTM mensuales por niño— se pagará solo a salas cuna privadas y, cuando la mensualidad supere ese monto, la diferencia la pagará la familia: entre $163 mil y $267 mil mensuales según la localidad, de acuerdo con una simulación del Observatorio Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy, la madre que tiene el derecho no desembolsa nada; con el nuevo diseño ese estándar retrocede, y golpea más duro a los hogares monoparentales —12,7% del total, ocho de cada diez encabezados por una mujer—. La red pública, en tanto, pese a concentrar 4.374 de los 6.009 jardines infantiles del país, queda excluida del Fondo: sin recursos para extender horarios, abrir en febrero o llegar a las comunas donde el mercado no llega.

A ello se suman discriminaciones difíciles de explicar: las trabajadoras de casa particular deberán esperar un año más, en contra del Convenio 189 de la OIT; las mujeres informales —28,7% de informalidad femenina, frente al 25,4% de los hombres— quedan simplemente fuera; las temporeras accederán de manera intermitente, solo mientras dure la faena; y la gradualidad, construida sobre la fórmula “madre y padre”, invisibiliza a las familias homoparentales que la ley chilena ya reconoce.

Pero hay una ausencia aún más profunda: la de los niños y las niñas. El proyecto mira la sala cuna solo desde el empleo adulto y olvida que la ley N°21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia reconoce a los niños y niñas como titulares del derecho a la educación inicial, sin discriminación por la condición laboral ni la composición de su familia. Nada en el diseño se hace cargo de la calidad educativa: el Fondo opera como un subsidio ciego, sin exigencias ni incentivos para mejorar los procesos pedagógicos, cuando el 55,8% de los jardines privados —912 de 1.635— carece de toda certificación y el registro admitirá establecimientos con una mera autorización de funcionamiento. La fiscalización en régimen contempla apenas dos personas adicionales para todo el país. Y al cumplir dos años, el niño o niña financiado por el Fondo deberá abandonar su establecimiento si la familia no puede costearlo, interrumpiendo trayectorias educativas decisivas para el desarrollo en la primera infancia.

Nada de lo descrito obliga a abandonar la justa necesidad de legislar una buena ley de sala cunas: lo que obliga es a rechazar la indicación sustitutiva del Gobierno más cuando ésta se exige legislar con suma urgencia, corriendo y escuchando en las audiencias solo a “algunas” organizaciones. 

Eliminar el copago, exigir un aporte empleador real, fortalecer la oferta pública y asegurar calidad y continuidad educativa son correcciones posibles y de amplio respaldo que son posibles realizar, más cuando el proyecto de ley se encuentra en primer trámite legislativo, pero solo será si el Gobierno retira las urgencias, abre la escucha y recuerda sus promesas de campaña, esas que señalaban con gran elocuencia sobre la seguridad de las familias. 

En un país cuya fecundidad cayó a 0,97 hijos o hijas por mujer, la más baja de su historia, las familias necesitan certezas, y los niños y niñas, un Estado que les mire como sujetos de derechos y no como beneficiarios de un voucher. 

La sala cuna universal puede marcar a una generación: para eso, el derecho tiene que ser real, de las mujeres y de la infancia, y no una letra marcada por los grandes empresarios del país.