Injusticias y salud mental

En las últimas semanas, el juicio a Lindsay Clancy, quien en 2023 mató a sus tres hijos ahorcándolos en la bañera y después hizo un intento fallido de suicidio, ha enardecido las redes sociales con la polarización a la que el algoritmo nos tiene acostumbrados. Sobra decir que su acto nos resulta monstruoso, contrario a todo lo que asociamos con el amor materno y la protección de los hijos.

Sin embargo, el caso tiene una arista que no puede soslayarse: la psicosis posparto, un fenómeno clínico todavía insuficientemente estudiado. Clancy acudió en varias ocasiones a familiares y especialistas para comunicar que sufría alucinaciones y delirios; su propio esposo ha dado testimonio de que, antes de esa crisis, ella fue una madre cariñosa y presente. Pese a ello, la discusión pública basada en la contraposición en el juicio entre la defensa y el fiscal parece reducirse a una dicotomía entre punitivismo y compasión: si merece la cadena perpetua o si merece clemencia por haber actuado en un estado psicótico.

En términos prácticos, el dilema se traduce en si debe estar recluida en una cárcel o en un hospital psiquiátrico donde puedan tratar su enfermedad y acompañarla en el proceso de asumir lo que hizo. Pero hay otra discusión, más de fondo: la de la falta de escucha y atención a la salud mental.

Se trata, sin duda, de un caso extremo, pero también de uno en el que la muerte de tres niños quizás habría podido evitarse si las señales de alarma se hubieran tomado con la seriedad que requerían. El hecho mismo de que exista tan poca investigación sobre un padecimiento que afecta específicamente a mujeres es ya un signo de injusticia: nos deja sin las herramientas para comprender y tratar adecuadamente estos casos.

Un caso igualmente trágico es el que presenta Maite Alberdi en su documental Un hijo propio, basado en la historia de Alejandra, una mujer que, tras tres abortos espontáneos y una enorme presión social, roba a un bebé recién nacido en el Hospital General de México. Aquí también subyace un problema de salud mental no atendido: según la psicóloga perita, Alejandra presentaba un embarazo psicológico y un cuadro disociativo. Al ver el documental, una no puede evitar preguntarse por qué, tras el tercer aborto, la médica que le da la noticia no le pregunta cómo se siente ni le sugiere acompañamiento psicológico.

Nadie defiende lo que hizo ni minimiza el sufrimiento de los padres durante los días en que no supieron qué había ocurrido con su hija recién nacida. Pero la jueza, adoptando una perspectiva más comprensiva que estrictamente punitiva, le impuso una condena de trece años, reconociendo que no se trataba de un secuestro cualquiera, sino de una mujer con un trastorno de salud mental grave.

La discusión, en ambos casos, no puede resolverse en la dicotomía punitivismo contra compasión. Lo que estos casos revelan es algo anterior y más profundo: que la salud mental sigue estando desatendida, y que quienes la padecen pueden hacer intentos, verbales o en acto, de expresar su sufrimiento sin ser escuchadas ni derivadas a un tratamiento adecuado. Cuando esas voces no se oyen, las consecuencias pueden ser irreversibles.