Abajo la hipocresía moral: aborto legal es justicia social

El aborto legal tiene hoy una creciente aprobación en diferentes sectores de la población, y es una demanda de mucha relevancia y urgencia para las mujeres en Chile, cuestión que lo vuelve ineludible.

Hoy, la interrupción voluntaria del embarazo tiene un apoyo del 84% para su aprobación en alguna de sus causas (según encuesta Criteria de julio 2026). Esto es más que casi tres veces el apoyo que tiene el actual gobierno de nuestro país (según la encuesta Criteria de septiembre 2026, Kast llega solo a un 29% de aprobación). Lo que demuestra que el aborto, es un tema que nos convoca transversalmente como sociedad, más allá de credos religiosos, diferencias de clase y concepciones valóricas. Pero a pesar de esto, en Chile solo quienes tienen dinero pueden acceder a un aborto, e incluso entonces deben hacerlo de forma clandestina.

Como feministas nos preguntamos por el rol que cumple el Estado en garantizar los derechos sexuales y reproductivos ya conquistados como las tres causales de la ley IVE. Aquí, pareciera ser de perogrullo afirmar que a la institucionalidad le corresponde garantizar el acceso a todas quienes requieran abortar por motivo de violación, riesgo para la vida de la mujer o embarazo no viable. Sin embargo, existen innumerables barreras que impiden esa garantía. La situación se complica aún más cuando quienes gobiernan y legislan no asumen que esto es un tema país y se alinean bajo sus intereses personales y sus credos religiosos.

Este es el caso de la bancada del Partido Republicano. Donde uno de sus miembros, el diputado Romero, disfraza la persecución penal del acompañamiento al aborto con un argumento de salud pública: perseguir la venta ilegal de medicamentos. Sin embargo, esta última conducta ya tiene un tipo penal específico asociado. 

Pero no solo eso. Es curioso como desde estos sectores se refieren al aborto, enjuiciando la necesidad que experimentan miles de mujeres frente a una realidad que ellos desconocen. Una necesidad que su sector político, que representa los intereses de los que más tienen, resuelve con dinero en clínicas privadas. Sectores, que hipócritamente, en nombre de credos religiosos, intentan sobremoralizar la política para legislar en función de sus intereses económicos. 

Tenemos que poder remarcar que el acceso al aborto es un hecho social que puede salvar vidas. Hoy por hoy, quienes intentan hacernos retroceder, lo hacen por intereses personales, buscando alinearse con un proyecto ideológico global que busca concentrar el poder y enriquecerse a costa de las vidas de mujeres y niñeces. Ellos no legislan para la sociedad. Las mujeres e infancias que saben de abandono, vulnerabilidad, violencia y precarización son quienes demandan una legislación sin barreras para ejercer su derecho a decidir con dignidad, porque los abortos existen y seguirán existiendo, prescindiendo de las opiniones valóricas de algunos sectores de la sociedad y de los intereses económicos de los poderosos. La tarea que tenemos quienes nos organizamos por la vida, es precisamente evitar que esta decisión siga exponiendo a miles de niñas y mujeres a los riesgos de la clandestinidad. Lo vamos a decir todas las veces que sea necesario: la maternidad debe ser deseada y la infancia querida y respetada.  

Aunque lo niegue Kast, el derecho a decidir ya está asentado en el sentido común. Hoy como ayer, el aborto es justicia social.