La crueldad por encargo

Este lunes 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. La fecha nació en 1990, cuando mujeres de toda América Latina decidieron ponerle nombre a una tragedia que se repetía en cada uno de nuestros países: mujeres pobres muriendo o terminando presas por abortos clandestinos. En Chile la fecha llega este año con un peso distinto, porque por primera vez desde 2017 gobierna un Presidente que alguna vez exigió, sin eufemismos, levantar un proyecto para derogar la ley de tres causales.

Hoy José Antonio Kast dice otra cosa. Dice que encabeza un gobierno de emergencia, que no va a impulsar medidas que generen tensión, que este no es el momento. Su ministra de la Mujer asegura que “Chile ya zanjó esta materia”. Suena a tregua. No lo es.

Mientras La Moneda se lava las manos, su propio sector hace el trabajo. En junio, diputados republicanos, libertarios y de Renovación Nacional presentaron el proyecto “Escucha su corazón”, que obliga a ofrecer a la mujer escuchar la actividad cardíaca del embrión y, si ella se niega, obliga al médico a negarse a atenderla. Hablamos de niñas violadas. Hablamos de mujeres que reciben el diagnóstico de que su embarazo no tiene ninguna posibilidad de vida. La ultraderecha quiere convertir las salas médicas en un lugar de tortura y de castigo, y no hay otra forma honesta de decirlo.

¿Qué hizo el Presidente? No lo rechazó. Dijo que era legítimo que sus parlamentarios lo presentaran y que su gobierno simplemente no avanzaría en la materia. El presidente de su partido agregó que el debate debía quedarse en el Congreso. Desde la bancada libertaria respondieron que no bajarán los brazos hasta levantar todo lo que, según ellos, derrumbó el gobierno anterior. Nadie en el oficialismo dijo que el proyecto era inaceptable. Solo que era inoportuno.

Dos semanas después, un diputado del partido del presidente Kast anunció otro proyecto: cárcel para quien venda o facilite misoprostol, el medicamento con que miles de mujeres interrumpen sus embarazos. Chile tiene un problema serio de venta irregular de fármacos, y ya existe una ley en trámite que lo aborda de manera general. La pregunta la hizo con claridad la exministra Antonia Orellana: ¿por qué este medicamento y no otro? La respuesta es obvia. Y la ministra de la Mujer, en vez de marcar distancia, salió a decir que el gobierno apoyaría cualquier moción en esa línea.

Esa es la fórmula de este gobierno. El Presidente no firma, no pone urgencias, no se expone. Sus diputados legislan la crueldad y su ministra la acompaña con declaraciones tibias. Eso no es neutralidad. Es una división del trabajo.

Hay además una forma más silenciosa de retroceder: la plata. Este año el gobierno recortó 2.741 millones de pesos al Ministerio de la Mujer. La ministra prometió que no tocaría los programas de violencia. Sin embargo, la atención inicial de víctimas perdió recursos, el programa de recuperación de autonomía para sobrevivientes perdió cien millones, la prevención también fue recortada y Prodemu perdió cerca del ocho por ciento de su presupuesto. Los derechos no solo se derogan en el Congreso. También se derogan dejándolos sin recursos, sin equipos, sin gente que los haga reales.

Conviene recordar de qué estamos hablando. Entre las menores de edad que acceden a la causal de violación, la edad más frecuente es de trece años. Trece. Más de un centenar de niñas menores de catorce años han tenido que recurrir a esta ley. Al mismo tiempo, estudios sobre hospitales públicos han mostrado que cerca de la mitad de los obstetras se declara objetor ante la causal de violación. La ley ya funciona a duras penas. Cada obstáculo nuevo cae sobre las mismas: las niñas pobres, las mujeres de regiones como la nuestra, las que no pueden pagar una clínica ni viajar a otra ciudad a buscar un médico que las atienda.

Mientras tanto, el proyecto de interrupción voluntaria hasta las 14 semanas, que la Comisión de Salud aprobó en general en marzo por un solo voto, está detenido. El gobierno que dice que Chile ya zanjó esta materia se asegura de que nada avance, y deja la puerta abierta para que todo retroceda.

Chile permitió el aborto terapéutico desde 1931 hasta que la dictadura lo eliminó en 1989. Nos tomó casi tres décadas recuperar lo mínimo. No vamos a permitir que nos lo quiten por goteo, un proyecto a la vez, un recorte a la vez, mientras el Presidente mira hacia otro lado y dice que no quiere tensión.

Al Presidente le decimos algo simple: el silencio también es una decisión. Quien calla mientras sus diputados legislan contra niñas violadas no está evitando la tensión. La está administrando.