Presupuesto 2027: el Ministerio de la Mujer crece en el papel y se achica en los hechos

El Gobierno del presidente Kast presentó un proyecto de Presupuesto 2027 en que el gasto total crece 1,5% y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sube 1,7% real. Leído así, cualquiera concluiría que la política de género se mantiene. Basta abrir los cuadros de la Dirección de Presupuestos para ver lo contrario.

Ese 1,7% se explica entero por dos transferencias nuevas que salen del Ministerio hacia otros servicios: $4.172 millones a SERCOTEC y $2.172 millones a JUNAEB. Descontados esos recursos, lo que el Ministerio ejecuta con sus propios programas cae 5,7% real. Es decir, el Ministerio deja de diseñar política para mujeres y pasa a ser caja pagadora de otras carteras, sin una sola glosa que obligue a que esa plata llegue efectivamente a mujeres.

Lo más grave no está en las cifras sino en una línea de texto. La glosa 07 del Servicio Nacional de la Mujer dispone que PRODEMU podrá funcionar “hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento”. Los $8.372 millones que se le asignan son para operar tres meses, pagar indemnizaciones, saldar deudas y liquidar la fundación. Si se suma el convenio que tenía con INDAP para el Programa Mujeres Rurales, también eliminado, PRODEMU pasa de $13.807 millones a cero ofertas programáticas. Una institución con más de tres décadas de trabajo territorial y cerca de 380 trabajadoras y trabajadores se disuelve en una glosa, sin proyecto de ley, sin evaluación pública y sin decir quién va a acompañar a las mujeres que hoy atiende.

El Ministerio justifica la decisión en la deuda de la fundación y en su gasto en remuneraciones. Pero el problema de gestión de una institución no se resuelve eliminando la política pública que ejecuta. Y el argumento de la eficiencia no resiste los datos: a agosto de 2026, PRODEMU había ejecutado el 100% de su presupuesto, Mujeres Jefas de Hogar el 98,5% y el programa de derechos sexuales y reproductivos el 98,3%. Son precisamente los programas que se recortan o cierran.

El proyecto elimina además el programa Mujer, Participación Política y Social, el único instrumento estatal de formación política de mujeres, a dos años de las elecciones municipales y regionales de 2028. Desaparece Mujer Emprende. La Fundación de las Familias sale del Ministerio hacia Desarrollo Social con 43% menos. La línea de equidad de género cae 88,9% y queda reducida a un fondo de $63 millones.

Hay también un cambio de enfoque que no es menor. El programa de derechos sexuales y reproductivos pasa a llamarse “Mujer, Sexualidad, Maternidad y Corresponsabilidad“, baja 6% y pierde la glosa de higiene menstrual. Las palabras de un presupuesto no son decorativas: indican qué se va a financiar y qué se deja de nombrar. Se deja de nombrar, por ejemplo, el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, que según denunció Movilh no aparece en el proyecto.

El contraste con las prioridades del Gobierno es elocuente. Seguridad Pública sube 7% y Defensa 6,8%. Solo el aumento de Seguridad equivale a 2,4 veces todo el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Mientras tanto, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres queda congelada (+0,2% real): no hay recursos para abrir un Centro de la Mujer ni una Casa de Acogida más. Los programas nuevos de prevención del delito son de televigilancia y teleprotección con inteligencia artificial; ninguno aborda la violencia de género. Los centros de atención a víctimas del Ministerio de Seguridad caen 12%. Un gobierno que hace de la seguridad su bandera debería saber que para la mitad de la población la inseguridad empieza muchas veces en la casa.

La ministra ha dicho que el foco del 2027 es el empleo femenino. El proyecto dice otra cosa. El Bono al Trabajo de la Mujer se absorbe en un Subsidio Unificado al Empleo que ya no distingue cuánto llega a mujeres. Mujeres Jefas de Hogar cae 9,6%. En el mundo rural, INDAP pierde 13%, elimina el convenio con PRODEMU y recorta 35% el PRODESAL y 42% el programa territorial indígena. Las mujeres rurales e indígenas pierden su programa específico y, además, parte de la oferta general.

En cuidados, la apuesta es la inercia. El Sistema Nacional de Cuidados crece 2,4%, el pago a cuidadoras de personas con discapacidad queda congelado y no hay un peso para sala cuna universal. Los subsidios maternales caen cerca de 10% sin que el Ejecutivo explique por qué.

Nada de esto aparece en el discurso oficial, porque el proyecto no trae un análisis de impacto de género. Por eso corresponde al Congreso hacer esa lectura. Las parlamentarias y los parlamentarios no pueden aumentar el gasto, pero sí pueden rechazar la glosa que ordena el cierre de PRODEMU, exigir glosas que obliguen a que las transferencias a SERCOTEC y JUNAEB se destinen a mujeres, pedir información desagregada por sexo del nuevo subsidio al empleo y condicionar su voto a un protocolo que reponga lo eliminado.

Un presupuesto es la forma más concreta que tiene un gobierno de decir qué le importa. Este dice, con claridad, que la autonomía de las mujeres puede esperar. No es una diferencia de matices: es una decisión política, y como tal debe ser discutida y corregida en el Congreso.