Denunciar también puede convertirse en otra prueba

En los casos de violencia sexual, denunciar suele presentarse como el primer paso hacia la justicia. Para muchas víctimas, sin embargo, puede marcar el inicio de un segundo proceso, esta vez institucional, en el que deberán reconstruir lo ocurrido, aportar antecedentes y comprender procedimientos que desconocen.

El caso de una estudiante de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, volvió a poner esta realidad en discusión. La joven denunció haber sido drogada y agredida sexualmente por varios hombres en una casa de fraternidad en 2024. El caso fue abordado tanto por la universidad como por el sistema penal, dos vías que funcionan con reglas, estándares y objetivos diferentes. La fiscalía decidió inicialmente no presentar cargos y la investigación fue posteriormente reabierta.

Casos como este, que se han repetido en distintos países durante los últimos años, dejan una sensación difícil de ignorar. Una mujer denuncia una agresión sexual y, después de haber atravesado la violencia, debe volver sobre lo ocurrido para explicarlo, responder preguntas y aportar antecedentes que permitan acreditar aquello que está denunciando. La búsqueda de justicia puede terminar exigiéndole una nueva forma de exposición.

Desde la perspectiva jurídica, este problema obliga a mirar qué ocurre después de la denuncia. En Chile, la Ley 21.675 reconoce el acceso a la justicia y establece el deber de los órganos del Estado de actuar con debida diligencia, evitando la victimización secundaria. Ese principio adquiere especial importancia cuando la investigación depende, en buena medida, de antecedentes que deben ser reconstruidos después de ocurridos los hechos.

Las agresiones sexuales suelen ocurrir sin testigos directos. Las huellas físicas pueden desaparecer y las circunstancias pueden dificultar la obtención de evidencia. El relato de la víctima puede adquirir entonces una importancia fundamental, junto con todos los antecedentes que puedan corroborarlo. La forma en que ese relato es recibido, registrado e investigado puede marcar una diferencia en lo que ocurra después.

En el caso de Cornell, la estudiante señaló que tuvo que reunir por su cuenta parte de las pruebas y describió el proceso como confuso y emocionalmente agotador. Esa experiencia plantea una cuestión que también debemos mirar en Chile. Una víctima puede tener la responsabilidad de entregar los antecedentes que estén a su alcance, pero la investigación no puede descansar sobre su capacidad para convertirse en investigadora de su propia denuncia.

La exigencia de prueba es indispensable para determinar responsabilidades y proteger las garantías de todas las partes. El problema aparece cuando esa exigencia se confunde con la obligación de la víctima de demostrar, por sus propios medios, que merece ser escuchada.

El acceso efectivo a la justicia comienza mucho antes de una eventual sentencia. También está presente en la forma en que una institución recibe una denuncia, en la información que entrega, en la manera en que recoge un relato y en la diligencia con que busca los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos. Por eso la Ley 21.675 no solo reconoce derechos, también impone obligaciones destinadas a evitar que el paso por las instituciones se transforme en una nueva experiencia de violencia.

Denunciar requiere valentía. El sistema de justicia debería estar preparado para recibir esa decisión sin convertirla en una carga adicional. La víctima ya tuvo que atravesar aquello que está denunciando. La tarea de esclarecer los hechos y garantizar un procedimiento justo corresponde a las instituciones.

Cuando denunciar significa volver a demostrar, una y otra vez, que lo ocurrido merece ser investigado, el acceso a la justicia todavía tiene una deuda pendiente.