No habrá paz esta noche. El miedo inunda

Estas semanas han sido muy extrañas. Entre las más diversas declaraciones de perdón y los programas de televisión sobre el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Entre las declaraciones de víctimas y victimarios. Entre las expresiones sinceras y las interesadas. Entre la buena voluntad y la muy mala voluntad.

La noche del domingo pasado, en un programa de televisión, entrevistaron al diputado Alberto Cardemil. Fue tal la cantidad de barbaridades que dijo, que comencé a sentirme mal, me dolió el estómago y terminé vomitando.

Tuve sensaciones horrorosas que no quiero volver a tener. Sentí nuevamente esa sensación de miedo que tenía cuando era pequeño. Y no quiero volver a sentirlo. Nunca más.

Pero afortunadamente me di cuenta del porqué, logré racionalizarlo y comprender qué es lo que me genera ese terror.

Y quiero aprovechar este espacio para compartir mi experiencia. No sólo por un ejercicio terapéutico o personal, sino porque creo que tiene que ver con la reconstrucción del alma nacional, con la esencia de la cultura y de nuestro pacto social.

El golpe de Estado y la dictadura cívico-militar representan un quiebre en el desarrollo de nuestra vida en comunidad, de nuestra sociedad. Por lo tanto, al revisar los 40 años del Golpe, parece necesario que nuestra sociedad reformule el pacto social, pues el que había, quedó destrozado o por lo menos ha caído en un grado importante de deslegitimación.

Es un tema cultural que tiene que ver con la constitución de nuestra sociedad. Con los valores que nos identifican.

Hoy en día nadie puede desmentir la existencia de una dictadura cívico-militar que tuvo como política oficial de Estado la persecución  de sus opositores políticos mediante el uso indiscriminado del exilio, la tortura, la detención ilegal en centros secretos y el asesinato; es decir. el terrorismo de Estado. Eso es indesmentible. Consta en los denominados informes Rettig y Valech, que han sido validados por casi toda la sociedad.

Pero ocurre que cuando se plantean estos temas a personeros políticos de derecha (a ésos que votaron por mantener la dictadura ocho años más en el plebiscito de 1988) contestan argumentos absurdos y falsos, que entendí… están en la base de mi temor. El peor de los temores, que es el miedo a que “el enemigo” vuelva  a hacer lo mismo. Porque no está realmente arrepentido.

Me explico. Los argumentos de los políticos de derecha son básicamente: 1) que todas estas cosas pasaron como consecuencia de lo que ocurrió antes; 2) que no sabían lo que pasaba en el país y que se dieron cuenta ahora;  3) que lo que pasó no fue obra de las Fuerzas Armadas ni del Estado, sino de un grupo de delincuentes, 4) que esos “excesos” no pueden opacar las grandes obras del Gobierno militar; y 5) que lo mejor que se puede hacer es dar vuelta la página y ponerle término a todo el tema para “construir el país del futuro”.

El primer argumento es tan falso como vergonzoso y sobre todo aterrador. Sostener que las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas durante la dictadura militar fue una consecuencia de los “excesos” que cometió el gobierno de la UP. Es inaceptable. No existe ningún argumento que justifique el tipo de atentados sistemáticos a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Pinochet. El hecho de haber un caos político, desabastecimiento, desorden, enfrentamiento entre civiles, etc., no justifica 17 años de violaciones a los derechos humanos, de persecuciones y crímenes.

Es falso, porque no existe ninguna regla que permita hacer lo que hicieron. Hasta la guerra, la guerra real entre ejércitos de verdad tiene reglas. No es admisible meterle un ratón  vivo por la vagina a una mujer para obtener una confesión. Ni es aceptable permitir que un preso sea violado por el ano por un grupo de militares para destruir su espíritu. O que le arranquen las uñas. O que torturen a una embarazada hasta el aborto. Ninguna regla acepta el tipo de cosas que hizo la dictadura cívico-militar. Tampoco vale quemar viva a una estudiante como Carmen Gloria Quintana, por la razón que sea. Es absurdo.

Y es aterrador, porque si las personas que sostienen eso lo creen realmente, es porque está dentro de las conductas que estiman lícitas y, por lo tanto, basta que se vuelvan a producir condiciones similares (muy probable por los ciclos de la historia) para que vuelvan a consentir y aplaudir esas aberraciones.

Se intenta una suerte de empate moral ahí donde no cabe empate. No es lo mismo que un gobierno de origen democrático que infringe la Constitución y las leyes (como lo dijo de manera tajante la Excelentísima Corte Suprema, la misma que no fue capaz de objetarle nada al tirano y que rechazó 9.999 recursos de amparo).

El segundo argumento es inverosímil. Que los políticos de derecha sostengan que no sabían que en Chile se violaban los derechos de sus opositores. Es falso y repugnante.

En primer lugar porque las personas que se permiten ese tipo de declaraciones fueron funcionarios de la dictadura. No eran personas que carecieran de vínculos con el poder. Y bastaba visitar cualquier residencia  privada de personas partidarias de Pinochet,  que no fueran políticos, que no ocuparan cargos en el Estado, para escuchar juicios alegres respecto de las persecuciones. La gente se reía de los perseguidos y decían cosas como: “No eran blancas palomas, bien muertos están”. Yo lo vi, lo viví. Tenía compañeros de colegio que se reían de los perseguidos y que nos gritaban “comunachos” en el colegio, compañeros que intentaron pegarnos en grupo varias veces. Cobardes. Gente que gozaba con la persecución política y que nunca le ha pedido perdón a nadie por eso y que va por la calle actuando como personas de conciencia limpia. Ese tipo de conductas están en la base de la fractura moral de la patria.

En consecuencia,  que las personas que ejercían poder en Chile, a través de ministerios o espacios de confianza, pretendan hacernos creer que no sabían nada, es inverosímil.  Si todos lo sabían.

Y por último, los políticos de derecha que ejercieron esos cargos, que estuvieron ahí, saben cómo rechazaban las alegaciones y peticiones de ayuda de las personas que lucharon por la libertad y dignidad de los perseguidos. Llamaban “cura rojo” al cardenal Silva Henríquez cuando organizó el Comité Pro Paz y la Vicaría de Solidaridad, pero siguieron así hasta el final de la dictadura, cuando en 1986 el cardenal Fresno apoyó el “Acuerdo Nacional” y lo denostaban como un cura comunista.

A las oficinas de los funcionarios de la dictadura llegaban los requerimientos de los abogados de DD.HH. A los políticos de derecha se les pedía ayuda y compromiso en la defensa de personas perseguidas, detenidas o exiliadas. Y siempre la respuesta fue la misma…. La burla y la agresión. Como los periódicos, la televisión y la radio que hablaba de “presuntos detenidos”, de terroristas muertos en enfrentamientos, etc.

No es verdad que no sabían. La verdad es que no quisieron saber y, en otros casos, se festinaron con lo que sabían. Y lo saben.

El tercer argumento es falso y está probado. No es cierto que las violaciones sistemáticas a los DD.HH. fueron cometidas por un grupo  de sujetos que eran miembros de las Fuerzas Armadas, pero que actuaban al margen de la Ley y de la autoridad. No era un grupo cerrado de locos y criminales que amparados en sus uniformes actuaban contra las órdenes del Gobierno. No es verdad y está probado judicialmente. Entre 1979 y 1984 la CNI recibió $ 13 mil millones de la época para sus actividades.

La dictadura cívico-militar chilena, dirigida por Pinochet y sus secuaces civiles y militares, diseñó y desarrolló una estrategia de persecución en contra de sus opositores, cuyo objetivo era la eliminación de esas personas y el amedrentamiento de la población.

Basta escuchar las grabaciones de las declaraciones de la época, de los militares y de los civiles. Es increíble la forma de expresarse, el odio. Hay quienes dicen, buscando un empate moral con la izquierda, que el mismo tipo de discurso lo tenían algunos políticos de la UP, como Altamirano. Efectivamente, lo he escuchado, es posible que haya un discurso similar, pero en la época de la UP no había exilio, prisiones secretas ni tortura ni asesinato político como método regular y sistemático de control y represión de la oposición. No es lo mismo.

Y saben, más allá de la tremenda responsabilidad histórica que le puede caber a Altamirano, él asumió por escrito su responsabilidad y se retiró de la política chilena. Perfectamente podría haber  asumido un cargo en alguno de los gobiernos socialistas (de Lagos o Bachelet), pero él asumió su responsabilidad. Se marginó (recomiendo leer el libro de Patricia Politzer).

El cuarto argumento, el de los excesos. El de las zonas oscuras de la dictadura versus los grandes aciertos o grandes obras del Gobierno militar.

La comunidad internacional, a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ha avanzado mucho. Se ha creado una verdadera conciencia universal de los DD.HH. y una institucionalidad que los respalda. Hay clara conciencia de lo que se puede y no se puede hacer. Aunque las potencias no lo respeten, como cuando Estados Unidos arrasa con los afganos o Israel infringe todas las resoluciones de la ONU y masacra palestinos. Pero en términos generales, hay una conciencia universal sobre los DD.HH.

Y en esta materia no hay espacio para grises, o es blanco o es negro. Los DD.HH. son aquellos derechos que tienen las personas frente a los Estados, son el límite de la soberanía estatal y nacional. Son aquella área que los Estados no pueden penetrar, que deben respetar. Es el conjunto mínimo de derechos que los Estados deben respetar a las personas: la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física y psíquica, la libertad de expresión, de afiliación y sindicalización, la propiedad privada, etc.

Y es el Estado el encargo de promoverlos y respetarlos. Es su propio límite. Es decir, desde este punto de vista, los actos del Estado, o violan o respetan los DD.HH. No existen los actos neutros. Las garantías constitucionales no se pueden violar “un poquito”. Basta una somera infracción para que la garantía sea infringida. Porque son eso, la última garantía de los individuos frente al poder del Estado.

Entonces, cualquiera sea la “obra” de un gobierno… nunca será admisible la violación de los derechos de los ciudadanos. Esa “mancha” destruye todo lo demás. Le quita fundamento, legitimidad, sentido. Está en la base de la construcción del pacto social. Basta leer a cualquiera de los contractualistas (Russeau, Locke, Montesquiau). Los ciudadanos construimos la sociedad y suscribimos el pacto social, buscando protección. Renunciamos a nuestro derecho a ejercer la fuerza y se la cedemos a un tercero que nos protegerá. Es decir, renunciamos a la violencia para que un tercero nos cuide. Por eso es inaceptable que ese tercero use la violencia contra los ciudadanos. Es como el padre violándose al hijo o el sacerdote abusando de los feligreses.

Por lo tanto ningún éxito económico justifica lo que hicieron. Nada.

Lo que refleja el argumento es grave. Muy grave. Porque quiere decir que los que sostienen eso, lo creen. Vale decir, creen que para cambiar el sistema económico se justificaba la tortura, el exilio y el asesinato.

Y la guinda de la torta. El quinto argumento. Que ya está bueno. Que las cosas fueron así y que hay que construir el futuro y la reconciliación. Como si la reconciliación o el perdón  fuera un acto voluntario. Pero no es así.

Es como si el marido que es sorprendido por la mujer en una serie de infidelidades sistemáticas durante el matrimonio le dijera: «Mi amor, pero para qué vamos a discutir, las cosas fueron así, echémosle para adelante nomás y miremos el futuro con buena disposición».

Es como si una persona que te roba, al ser sorprendido, te dijera que bueno, que la embarró nomás y que la vida es así y que… démosle nomás. Sin ni siquiera devolverte lo que te robó.

Es  inaceptable.

Se habla mucho de reconciliación. Pero eso no va a ser posible. Al menos no en el corto plazo.

Chile tiene una enorme fractura moral que impide celebrar un pacto social. No es posible pactar nada con gente que cree que es bueno torturar a los enemigos y que está dispuesta a volver a hacerlo cuando le afecten sus intereses.

Y el mejor ejemplo son los políticos de la derecha que aún no son capaces de hablar de dictadura. Que no son capaces de reconocer que ellos se negaron a las denuncias de las violaciones y las persecuciones. Que creen que la responsabilidad política es una frase vacía. Que a los comunistas hay que matarlos. Que eran muy jóvenes para el golpe de Estado. Que creen que los chilenos somos estúpidos y nos vamos a tragar esas mentiras.

Mientras este país no asuma esa fractura moral, ese doble estándar, estamos liquidados. No va a haber reconciliación. Mientras no se reconozca el carácter de víctima a quienes lo fueron; mientras no se les reconozca la responsabilidad a quienes la tienen; mientras las personas que actuaron (con relevancia política) no asuman sus responsabilidades reales; de manera honesta, no habrá nada que hacer.

Mientras no podamos suscribir un nuevo pacto social que establezca que jamás, pase lo que pase, vamos a aceptar la tortura, ni el exilio, ni la persecución ni el asesinato de los opositores políticos. Mientras no podamos pactar, que pase lo que pase, respetaremos los derechos de los demás.

Lo único que cabe hacer, mientras sigan negando la información sobre el paradero de los cadáveres de los detenidos desaparecidos, la verdad de las torturas, de la apropiación de las empresas del Estado y mientras se sigan negando a llamar dictadura a la dictadura, es trabajar para las generaciones futuras, para que ellos comprendan el valor de las garantías de los DD.HH. y el rol del Estado en protegerlas. De manera que contribuyamos a que las futuras generaciones no acepten nunca más en Chile ni un golpe de Estado ni una dictadura. Se trata de construir una cultura del respeto a todos, en sus diferencias y sus semejanzas, pero con una base de respeto y garantía de los derechos de todos. De todos. Sin exclusiones. De ninguna especie. Nunca más.

Pero por ahora, no habrá paz en Chile.