Opinión
«Hace varios años que es debatido y cuestionado en el ámbito ciudadano, académico, disciplinar y político a qué precisamente nos referimos con el concepto de patrimonio. ¿Nos referimos a lo que “expertos” de turno definen como lo importante de preservar? ¿A lo que la UNESCO describe por nosotros? ¿O nos referimos a una cuestión más compleja que involucra valores tangibles e intangibles que no son separables y cuya relación con la memoria, la historia y el valor estético que le otorga un grupo bastante más amplio de personas que aquellas que aparecen en los medios como influyentes en temas de patrimonio?», cuestionan las autoras de esta columna.
Si queremos hacer reflexiones profundas en materias de patrimonio cultural, entonces parece ser necesario alejarse de la dicotomía hegemonía inmobiliaria y Consejo de Monumentos Nacionales, como muchos han intentado instalar en diversos medios con el fin de desviar la verdadera importancia que tiene la aprobación a la solicitud de declaratoria de la Villa San Luis como Monumento Nacional.
Hace varios años que es debatido y cuestionado en el ámbito ciudadano, académico, disciplinar y político a qué precisamente nos referimos con el concepto de patrimonio.
¿Nos referimos a lo que “expertos” de turno definen como lo importante de preservar? ¿A lo que la UNESCO describe por nosotros? ¿O nos referimos a una cuestión más compleja que involucra valores tangibles e intangibles que no son separables y cuya relación con la memoria, la historia y el valor estético que le otorga un grupo bastante más amplio de personas que aquellas que aparecen en los medios como influyentes en temas de patrimonio?
El caso de la Villa San Luis, sin duda molesta en un barrio en que la memoria histórica que representa choca con los ideales de desarrollo que predominan en estos sectores privilegiados e interesados en el alto valor del suelo donde está emplazada.
No obstante, la aprobación de su declaratoria cumple a cabalidad con la legalidad existente en materias de protección del patrimonio actual y valor histórico que define la Ley de Monumentos Nacionales (contrario a lo que algunos intentan difundir).
Es, además, un excelente ejemplo, entre muchos otros, de cómo la movilización ciudadana en torno a la memoria y los derechos culturales han logrado hacerse escuchar e influir en las decisiones que se toman en estas materias.
El patrimonio como práctica y concepto es una categoría política, social, económica y cultural. Falta mucho camino por recorrer para democratizar realmente las formas en cómo discutimos, protegemos y preservamos el patrimonio y la memoria histórica en Chile.
Es necesario avanzar no sólo hacia una mejor institucionalidad y ley que proteja el patrimonio cultural y natural, sino repensar los fundamentos e ideales que se desarrollaron en un contexto antidemocrático que han impedido que la ciudadanía decida por sí misma el destino del territorio y de los entornos donde habitamos.
El patrimonio nunca ha sido y menos hoy, un tema ni una práctica que involucra sólo la opinión de unos cuantas voces autorizadas. Todo lo contrario, nos involucra a todos y por esta razón, las memorias del sentir ciudadano merecen respeto y procesos colaborativos dispuestos al diálogo entre diferentes actores sociales, privados y públicos.
Estos cambios nos permitirán avanzar hacia una planificación del territorio que propicie una mejor integración social, tal como representa la memoria de la Villa San Luis.
Magdalena Novoa y Soledad Díaz de la Fuente son codirectoras de somosaldea.org.
