CULTURA
El Consejo de Defensa del Estado tiene hasta el sábado para apelar un fallo de la Corte de Apelaciones que anuló la declaración de monumento nacional del emblemático proyecto de viviendas sociales de la UP en Las Condes, que un consorcio ligado a Hernán Büchi y la derecha pinochetista pretenden convertir en un centro de negocios. El tema de fondo es cómo conciliar el derecho de propiedad –de un espacio cuyos habitantes originales fueron expulsados por la fuerza– con la memoria histórica de un proyecto estrella en la idea de inclusión de la Unidad Popular.
Tras un fallo de la Corte de Apelaciones, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene hasta este sábado para apelar un fallo que anuló la declaración de 2017 de monumento nacional de los remanentes de la Villa San Luis de Las Condes, el emblemático proyecto de viviendas sociales que la UP construyó en esa comuna.
La instancia judicial, que además prohibió ejecutar una orden de demolición de la Municipalidad de Las Condes, dio la razón a la inmobiliaria Riesco, vinculada al Consorcio Financiero, de histórica ligazón con Hernán Büchi, que alegó no haber sido escuchada en el proceso, aunque el Comité de Defensa de la Villa San Luis lo desmintió.
El CDE señaló a El Mostrador que «está estudiando los antecedentes para ver la procedencia de los recursos respectivos. Al ser un fallo perjudicial es probable que apele».
La ministra de Cultura, Alejandra Pérez, que está encargada de reiniciar el proceso de declaración de monumento nacional junto a su subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, no quiso manifestarse al respecto, aunque trascendió que esperan la actuación del CDE para ver cómo seguir.
El tema de fondo es cómo conciliar el derecho de propiedad –de un espacio cuyos habitantes originales fueron expulsados por la fuerza– con la memoria histórica de un proyecto estrella en la idea de inclusión de la Unidad Popular.
Los empresarios del proyecto han defendido a rajatabla el derecho de propiedad, tanto ante el Ministerio de Educación –que a través del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tramitó el proceso de protección patrimonial–como a través de diversos insertos que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) publicó en los medios de comunicación.
En el mundo arquitectónico, hay muchos que señalan que el valor patrimonial de los restos de la Villa San Luis –de los 27 edificios originales solo quedan 4– es innegable.
«El valor de la pieza remanente refiere al conjunto. Conservar los últimos edificios que quedan en pie tiene un valor muy importante en términos de educar a las futuras generaciones sobre el valor de ciertas políticas de inclusión desarrolladas desde el Estado, preservar la memoria de lo que fue ese lugar. Para mí, como arquitecto, como memoria de la ciudad es importante preservar esos edificios», señala Daniel Opazo, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
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Él destaca que, en otros lugares del mundo, urbanizaciones del tamaño de la Villa San Luis son consideradas patrimonio y tienen protección legal. «Lo que pasa es que este conjunto se destruyó de manera sumamente irregular y eso está comprobado en varios documentos, como la película de Jaime Díaz», en referencia a La consagración de la pobreza.
El propio Díaz señaló en este medio que «confiamos en que el Consejo de Monumentos se reunirá con la inmobiliaria y volverá a declarar la Villa San Luis Monumento Nacional, dado que los empresarios ya han dicho al gobierno, a la justicia y a la Contraloría, todo lo que tenían que decir. No tienen nuevos datos técnicos ni jurídicos que sumar, esto es un hecho innegable».
«Solo debemos estar atentos a que no se aproveche este espacio de diálogo para ejercer presiones ilegítimas y forzar la demolición del último edificio de la Villa San Luis. El último de los 27 edificios que tuvo el conjunto habitacional. Para esto quieren ser escuchados, para convencernos de demoler lo ultimo que nos queda y construir, sobre sus ruinas, un memorial en miniatura, o bajo tierra, ahí, bien profundo, donde nadie lo vea», agregó.
Los departamentos fueron construidos en 1972 por el Gobierno de la Unidad Popular para ser vendidos a familias de pobladores que ya vivían en la comuna. Tras el golpe militar, muchos de ellos fueron expulsados a barrios periféricos y reemplazados por familias de militares.
En 1989, el Gobierno del general Augusto Pinochet transfirió los terrenos al Ejército, que en los 90 vendió la mayor parte a un grupo de inversionistas para la creación de un centro de negocios. A partir de 1997, las familias que quedaban en el lugar comenzaron a ser presionadas por las inmobiliarias para vender sus departamentos. La última habitante se marchó en 2015.
En junio, la constructora, a través de su gerente general Felipe Gilabert Prieto, socio en la empresa junto con Marcelo Cox Vial, denunció que el acuerdo del CMN se había efectuado «sin un debido proceso, sin consultarnos, ni darnos oportunidad de expresar nuestra opinión, siendo que los propios procedimientos y normativa del CMN establecen como requisito el conocer la opinión del propietario del inmueble, potencialmente sujeto de ser declarado como monumento histórico, lo que aquí no ocurrió».
Sin embargo, Javiera Martínez, vocera del Comité de Defensa de Villa San Luis, desmintió esta versión. En una entrevista realizada este miércoles con CNN Chile, comentó que la inmobiliaria tuvo varias oportunidades para señalar su opinión y que incluso recibió un oficio del Ministerio de Educación, pero no emitió respuesta.
Agregó que «creemos que lo más factible es que la ministra Pérez pueda convocar a una nueva sesión del Consejo para poder analizar de nuevo la declaratoria, en donde la Corte de Apelaciones no hizo ninguna objeción tanto en temas de fondo como en los valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos. Entonces la votación del consejo debiera seguir y la declaratoria debiera seguir en pie».
Claudio Magrini, director del Magíster «Territorio y Paisaje» de la UDP, tiene una propuesta audaz: cree que la solución ideal es rediseñar el proyecto de tal forma que los nuevos edificios incorporen viviendas sociales en su interior.
«Propongo hacer edificios de lujo que incorporen unidades sociales. En Europa se hace. Es un modo elegante para ir en contra de la gentrificación y fomentar la diversidad. Así son las ciudades de vanguardia», asegura. Aunque admite que «bajo las actuales lógicas de mercado es casi imposible».
«Hacen falta unos arquitectos y una inmobiliaria inteligentes, cuya única preocupación no sea la sola rentabilidad, sino que también se aboque al esfuerzo y el compromiso de articular una dimensión de bien común», añade.
En la comunidad arquitectónica, las opiniones están divididas. Para Enrique Vial, presidente del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y ex consejero del CMN, el conflicto surge a partir de una línea tomada en los últimos años por la entidad, en el sentido de ampliar el sentido de «monumento» a sitios de la memoria social.
Específicamente en el caso de la Villa de San Luis de Las Condes, Vial hizo referencia a una conducta errática del Estado, que primero adquirió los terrenos para vivienda social, luego expulsó a sus residentes y finalmente vendió a un particular.
En ese aspecto, señala que faltó un «sentido de oportunidad» y cree que la declaración de monumento nacional debió ocurrir mucho antes y no «a última hora». Hoy estima que debiera haber al menos un monumento de acceso público que recuerde la iniciativa.
Para Opazo, en el fondo en el tema están en juego dos valores: la propiedad y valores como la memoria.
La noción de patrimonio tiene una componente fuerte de índole comuntaria o identitaria que para diferentes grupos sociales puede representar diferentes cosas, según él. «Ciertos objetos, monumentos o edificios que en otro contexto no tendrían el mismo valor, en otros pueden ser considerados patrimonio», explica.
Y agrega: «En este caso, la condición de patrimonio no solo refiere a valores estéticos sino también de otra índole, como son históricos, de memoria social u otras. Acá, es un conjunto edificado que tiene valor patrimonial en varios sentidos. Uno es la memoria histórica, no solo ligada a la ciudad o la arquitectura, sino la política en Chile, del desarrollo de políticas inclusivas realizadas desde el Estado, que tenían un valor social importante».
«Puede ser un museo de sitio. Las organizaciones sociales tienen un plan para hacer un centro abierto a la comunidad, que cuente con exposiciones sobre el proyecto, pero también como un centro comunitario o cultural vivo», plantea. Para dilucidar esto, propone un concurso de arquitectos, para ver distintas opciones.
Para otros, lo importante es lograr una conciliación, y no imponer una visión sobre otra, donde todos cedan.
«Propuestas puede haber muchas, mixtas en financiamiento e integradoras en emplazamiento, dado que frente al predio privado protegido está el Parque Araucano, espacio público de propiedad municipal que puede ser incorporado a la solución», escribió en este medio Alberto Texido, entonces presidente de Colegio.
«Si el Estado aplica una variable de protección, también puede colaborar en la apertura de espacios de diálogo. Se trata de conmemorar lo que allí ocurrió y no de hacerlo desaparecer», señaló.
«La existencia de un lugar dedicado a la memoria es siempre sanadora y permite el recuerdo colectivo, lo que puede incluir el duelo de la pérdida. La incapacidad de dar cabida a la otredad significa la imposición de unos y la sumisión de otros. Aquí, por el contrario, debe tratarse de la ciudad donde coexistimos, incluimos lo distinto, acogiendo un vestigio de lo que alguna vez fue vanguardia. Esta convicción es la que conduce a la reflexión y a la construcción de un futuro común», concluye.
