CULTURA
La noche del viernes 16 de abril del año 2015, cambiaría para siempre la forma en que los recitales masivos –en recintos para menos de tres mil personas- se realizan en Chile. Esa noche, cinco jóvenes de entre 17 y 25 años, fallecieron trágicamente en medio de un caos generalizado a la entrada del local nocturno llamado “Espacio Santa Filomena”, en la comuna de Santiago. Sus trágicas muertes abrieron una discusión que por años se había evadido, y también, establecieron un precedente de responsabilidad para quienes realizan y producen este tipo de eventos.
El viernes 16 de abril de 2015 Gastón Angladetti (25), Daniel Moraga (24), Fabián González (22), Ignacio Medina (17) y Robert Rivas (23), esperaban, junto a un centenar de otros jóvenes, entrar al club nocturno para ver a la banda punk británica Doom, quienes arribaban por primera vez a Chile y habían agendado una única presentación.
En la entrada del local subterráneo, en medio de una avalancha humana y de gritos desesperados, los dos primeros fallecieron aplastados mientras que los otros tres, incluido el menor del grupo, lo hicieron más tarde tras largas agonías. Otros cinco muchachos, que sobrevivieron quedaron con heridas con secuelas, físicas y psicológicas, de por vida.
El público de la tragedia de Doom
A diferencia de los primeros relatos presentados por la prensa de la época, que trató de demostrar constantemente la tesis de un accidente debido al caos característico de los jóvenes afines a la música Punk, los cinco jóvenes fallecidos no presentaban en sus respectivas autopsias, consumo de drogas y, en los que se presenta consumo de alcohol, este es muy bajo, hecho que desmiente las primeras afirmaciones que señalaban a los jóvenes como un grupo alcoholizado o drogados que trataron de entrar a la fuerza al recinto. Además, los cinco contaban con su entrada. Incluso algunos de ellos tenían pre-ventas, lo cual también desmiente la hipótesis de querer entrar gratuitamente.
Los sobrevivientes a esta tragedia, relatan que la violencia comenzó mucho antes de la avalancha humana. Los guardias se paseaban mostrando los bates según los testigos y los mismos videos de las cámaras de seguridad los muestran, incluyéndose los constantes insultos a los jóvenes, incluidos a aquellos que querían comprar una entrada en la puerta del recinto, hecho que es muy común en este tipo de eventos, incluso regatear con los encargados de la puerta, valores más bajos.
“Daniel e Ignacio, comparten heridas en común”, comentan los padres de Daniel Moraga. Ambos, según sus autopsias, presentaban marcas no atribuibles al aplastamiento y coinciden mayormente con el uso de electroshock, hecho que confirma la doctora y perito Vivian Bustos, quién en su declaración durante el juicio, habló de compatibilidad de tal elemento en las heridas específicas que presentaban los jóvenes. Además, Ignacio, quien falleció producto de un paro cardíaco horas después del hecho, presentaba una gran congestión en la cabeza, atribuible a una contusión cerebral. Ignacio era el único menor de edad del grupo. Robert Rivas Clavero, falleció 22 días después en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Los primeros informes señalan que entró en coma a la ex Posta Central, estado del cual ya no se recuperaría, a pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas realizadas por el personal médico del recinto hospitalario.
Los otros sobrevivientes terminaron con heridas graves, todas asociadas a hipoxia y golpes que señalaron haber recibido, a modo disuasivo, por parte de la seguridad del evento, quienes se ven en diversos videos de vigilancia del mismo recinto, portando objetos contundentes, que concuerdan con la versión de los testigos, quienes señalan en una primera instancia, haber sido golpeados con bates de béisbol, bastones retractiles y electroshok, los cuales se encuentran prohibidos. A eso se debe agregar que, durante la investigación de la tragedia, se demostró presencia de agua en el lugar y sobre gran parte de los jóvenes, hecho que se volvería fatal a la hora de aplicar elementos con electricidad sobre sus cuerpos
Este trágico evento, fue organizado por la productora “La Fiskalía”, de propiedad de Fernando Sánchez, más conocido como el “Marihuana” dentro del mundo de las producciones o Fernando Magno. Desde un principio, este negó responsabilidad en el hecho, pero finalmente fue hallado culpable por la justicia.
Las negligencias y precariedades en los eventos organizados por Sánchez eran algo común, según cuenta un ex colaborador del quién es en la actualidad, vocalista de la banda punk “Curasbun” y que además fuera por décadas manager y amigo de la conocida banda nacional “Fiskales Ad-Hok”. Agrupación, que, según comenta este ex cercano a Sánchez, se habría desligado de la figura del “Marihuana” luego de ser constantemente hostigados en sus conciertos por la responsabilidad de su manager en las muertes de los jóvenes y por programar las denominadas “Tocatas fantasmas”, en las cuales se vio involucrada más de una agrupación importante en la escena tanto nacional como internacional.
Fabián Quezada, Maximiliano Cartagena, Miguel Ruiz, Eugenio Poblete, Gonzalo Ramírez y José San Martín, fueron los guardias contratados por Sánchez, quienes se negaron, según se relató La Fiscalía en el juicio, a ser fiscalizados previamente y ninguno de ellos contaba con acreditación de seguridad para el evento. También se comprobó que al menos uno de ellos, usaba implementos prohibidos con un bastón de electroshock, arma que combinada con agua puede resultar fatal, tal como narraron sobrevivientes al fatídico evento y sus familiares.
Fernando Sánchez, alias “Marihuana”, fue condenado a la pena de ochocientos días de reclusión menor en su grado medio, en calidad de autor de un cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, con resultado múltiple. Hoy cumple una pena sustitutiva (sin cárcel), quedando sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que, de no cumplir, deberá cumplir con cárcel efectiva.
Por un caso de similares características, conocida como la tragedia de la discoteca Cromañon en Argentina, la justicia condenó al productor del evento, Omar Chabán, a 20 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo, ya que la tragedia ocurrió en medio de un espectáculo de una banda en vivo, cuando se desató un incendio por incumplimiento de medidas de seguridad.
La personalidad jurídica del ‘Centro Cultural San Martín’, lugar donde se llevaría a cabo en un origen el concierto, era un Centro Cultural, Social y Deportivo para el año 2015, y si bien en un inicio se dijo que el cambio de recinto se produjo por la capacidad del mismo, un testigo -parte del staff de Sánchez-, señaló que no se realizó en dicho local porque había que solicitar un permiso provisorio en la Municipalidad de Estación Central, el cual él, como ex funcionario, sabía que sería rechazado, ya que el recinto está ubicado en una zona residencial y los vecinos constantemente reclamaban. Con este antecedente, le dijo a Fernando que buscara otro local porque no le iban a dar los permisos correspondientes para la realización del evento.
Así es como se llega al recinto ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº776, comuna de Santiago. El relato de los responsables del espacio se diluye en un dueño que arrienda y un subarrendador, que también le subarrienda el espacio a una productora que, a su vez, arrienda por una cuarta vez, a la productora de Sánchez, por la noche del concierto.
El espacio era conocido en aquella época como ‘Discoteca Tsunami’, en el día funcionaba como lugar donde se llevaban a cabo fiestas universitarias y en ciertas ocasiones se realizaban espectáculos en vivo de similares características a nivel de público, pero no existía una experiencia previa con una banda como los ingleses. De hecho, uno de los administradores señala haber dado cuenta a Fernando de tal situación indicando que cuando le ofrecieron hacer este evento con público punk, no estuvo de acuerdo porque sabe que es un público más o menos complicado y que Fernando le había dicho: “hueón no te preocupis, este evento lo manejo yo”, lo cual incluía la responsabilidad por la seguridad del evento en general.
De esta forma, “La Fiskalía” se saltaban las dos primeras vallas administrativas. Primero, se accede a un local con patente de discoteca y cabaret, lo cual evitaba la solicitud de permisos especiales y, además, se podía vender alcohol al interior del mismo. La patente de cabaret además, permite realizar eventos musicales en vivo y el rol de discoteca, complementaba que las personas pudieran estar de pie y por la cantidad de personas que se estimaban, no se requería otra autorización.
En segundo lugar, el curso de OS10 para los guardias, no le era aplicable a este recinto, atendido que el Decreto Supremo 10/10 del Ministerio de Salud en artículo 5º letra l) Nº7, exige tal servicio de seguridad para los locales donde se realicen eventos masivos con capacidad de producir una concentración de 3.000 o más personas en forma simultánea, lo que no era el caso de este evento donde se esperaban menos de esa cantidad.
La Circular 28
La directora de Espacios Públicos de la Municipalidad de Santiago, Bernardita Lorenzini recuerda que cuando ocurrieron los hechos del 16 de abril no existía regulación alguna.
“En este caso, estábamos hablando de un contrato entre privados, entonces nosotros como municipalidad, no teníamos ni tenemos injerencia en normar lo que dentro de ese recinto privado ocurra, porque así lo señala la ley. Nos prohíbe ingresar a la propiedad como municipio, por eso es que fiscalizamos utilizando otras herramientas, como la patente comercial o la fiscalización por parte del ministerio de salud, o del agua, o con carabineros con las directivas de funcionamientos”.
Al menos así era hasta el año 2015, cuando, en vista de la tragedia producida por la falta de legislación en la producción de eventos masivos de estas características, el entonces intendente metropolitano, Claudio Orrego, instauró la Circular N°28 de la Intendencia Metropolitana el mes de noviembre de ese mismo año. Este documento dio los primeros pasos para el resguardo de la seguridad en eventos masivos de menos de 3000 personas.
“La circular 28 surgió porque no había una normativa clara para grandes eventos, además de haber demasiadas instituciones con atribuciones al respecto. La idea fue crear una ventanilla única, concordar y explicitar criterios, modernizar la seguridad en la industria, y dar una muestra clara de autoridad”, señala al tiempo que destaca que «hicimos algo inédito: juntar a toda la industria y a todas las instituciones públicas, y sacar una nueva normativa que nunca había existido”.
El actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien para el año 2015 era concejal de la comuna, sostiene que aunque es un aporte la regulación no es suficiente si la intención es evitar tragedias como la ocurrida durante el recital de Doom.
«La Intendencia al menos avanzó en algo, lanzando una nueva circular, pero lo que tenemos que hacer ahora es avanzar hasta, ojalá, tener una ley que regule desde las productoras hasta los eventos en sí, ya que es necesario cumplir con los requisitos. En nuestro caso, es necesario recordar que gran parte de las edificaciones de la comuna son del siglo pasado, al igual que sus instalaciones eléctricas, que si se llegaran a sobrecargan con equipos de música, podrían provocar un incendio”.
Luego agrega: “Por eso es que abogo por una legislación clara, que permita tener una ciudad llena de vida y eventos, pero también tenemos que pensar en los vecinos y en la seguridad de los asistentes. Una ley que fiscalice y condene con fuerza, cuando no se cumple una normativa. Si tuviéramos sanciones más claras, y una ley que especificara la responsabilidad del organizador, ahí todos estarían mucho más pendientes de seguir los conductos regulares para hacer este tipo de eventos”, señaló.
Falencia en regiones
Daniel Merino, gerente de operaciones de T4FBizarro, si bien, valora la reglamentación ya que mejora el trabajo conjunto con el departamento de Seguridad y Orden Público de la intendencia Metropolitana, el Seremi de Salud y Carabineros, repara en que la normativa se aplica solo en la Región Metropolitana, dejando afuera a las regiones.
«Sería ideal tener algo similar, estandarizado, para todo el país, porque deja afuera a un sinfín de eventos para menos de 3.000 personas que deberían ser igualmente normados. Porque la seguridad de las personas está primero, sea para 10 ó 100.000 personas el evento”, sostuvo.
Esta es otra de las aristas en el quehacer nacional donde podemos ver los efectos del centralismo. Como bien relata el ex intendente Orrego, la Circular 28 solo rige dentro de los límites de la Intendencia Metropolitana, dejando fuera de la norma a todo lo que salga de este perímetro.
Gonzalo del Fierro, administrador y productor de eventos en “Casa de la música” en la ciudad de Concepción, local que se ha consolidado con los años como uno de los centros de eventos de música en vivo más importantes en la ciudad, tanto para agrupaciones nacionales como internacionales de espectáculos de rock, da luces sobre cómo funcionan este tipo de eventos en regiones.
El local cuenta con una capacidad full de 800 personas, pero Gonzalo señala que no se venden más de 500 entradas, principalmente para asegurar un espacio adecuado para los asistentes. Sobre las normativas utilizadas por la Intendencia del Biobío, por su relato, se puede ver que estas son similares a la de la Circular 28, pero de igual forma señala que ellos tienen la ventaja de contar con un público que respeta en general a los artistas, así que no presentan mala conducta a nivel de seguridad ya que valora la comodidad de tener a un artista en su propia ciudad.
“Además de todo lo relativo a la seguridad, también sería bueno que se viera el tema de los concursos públicos, todo dentro de un paquete”. “Lo que, sí debe ser fuertemente regulado, son los conciertos más del tipo underground, porque ahí es donde está lo complejo, porque muchas veces es en este tipo de oportunidades que los eventos se escapan de las manos. A los productores o pseudo productores, les da lo mismo el tema de la seguridad y venden tanto como para asegurarse, como para ganar dinero. Y es que hay muchas productoras que sobrevenden los shows, sin importarles si hay una desgracia o muere alguien, les da lo mismo. Es necesaria una ley, porque existen muchas cosas en Chile que no están reguladas, más allá del Sernac y ayudaría a que no cualquiera se ponga a hacer eventos”, señala.
