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CPLT acoge totalmente amparo presentado por la organización Oceana. Por primera vez la resolución señala que toda esta información es de carácter público y se ordena hacer una entrega completa de ella. «Las personas tienen derecho a conocer sobre el uso de sustancias utilizadas por industrias cuando éstas puedan afectar su salud o al medio ambiente. Se trata de una información que debe estar disponible de forma permanente y, para ello, se requiere de un cambio legal» explica Javiera Calisto, Directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana Chile, agregando que «en la actualidad el sistema permite que las empresas nieguen la entrega de ciertos datos argumentando que puede afectarles comercialmente, dilatando el acceso a dicha información y retrasando la entrega hasta por cinco años» [ACTUALIZADA]
Como un gran triunfo catalogó la organización de conservación marina Oceana, la resolución en la cual el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) debe entregar la información desagregada sobre uso de antibióticos y biomasa producida en 2018, contradiciendo a las salmoneras que se negaron a proporcionar dichos datos aduciendo que se trataba de información que afectaría sus derechos comerciales.
Recordemos que estos son antecedentes que Oceana por muchos años ha solicitado a través de distintos canales, exigiendo mayor transparencia y acceso a la información de la industria salmonera, considerando los alcances que tiene el excesivo uso de antibióticos para la salud de las personas y para el medio ambiente.
“En 2014, cuando realizamos la primera solicitud de información en la materia, el Consejo para la Transparencia negó hacer entrega de la información. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que se nos diera la razón y se reconociera el derecho de las personas de acceder a información que puede potencialmente afectar su salud o el medio ambiente. Por ello, esta decisión finalmente instaura la trasparencia como principio rector”, señaló Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile.
En julio de 2019, Oceana solicitó vía Ley de Transparencia, la información a Sernapesca, pero como es habitual en la industria, varias de las empresas se opusieron. De las 18 compañías a las que se les solicitó la información, nueve se negaron a entregarla. Salmones Camanchaca, AquaChile, Salmones Multiexport, Cultivos Yadrán, Cermaq Chile, Australis Mar, Salmones de Chile, Invermar y Salmones Cupquelan adujeron que esta era una información afectaría sus derechos comerciales y económicos.
Buscando revertir la negativa, Oceana presentó en septiembre de 2019 un recurso de amparo que el CPLT acogió en su totalidad. En la sentencia, el organismo estableció que “de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega”, agregando que además “existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública”.
«Las personas tienen derecho a conocer sobre el uso de sustancias utilizadas por industrias cuando éstas puedan afectar su salud o al medio ambiente. Se trata de una información que debe estar disponible de forma permanente y, para ello, se requiere de un cambio legal» explica Javiera Calisto, Directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana Chile, agregando que «en la actualidad el sistema permite que las empresas nieguen la entrega de ciertos datos argumentando que puede afectarles comercialmente, dilatando el acceso a dicha información y retrasando la entrega hasta por cinco años».
Desde la organización de conservación marina, recalcan que actualmente existe un proyecto de ley en el Senado que busca regular con mayor efectividad las malas prácticas que son recurrentes en la industria salmonera. Por una parte, este proyecto apunta a la problemática de los escapes masivos, y que recientemente han generado graves problemas en las regiones del sur del país. Por otra parte, este mismo proyecto apunta a una obligatoriedad para que todas las salmoneras publiquen la cantidad de antibióticos utilizados y también la producción de las mismas, mejorando así la transparencia en un sector que se ha caracterizado por negar constantemente información de carácter público.
