CULTURA
El Programa Otras Instituciones Colaboradoras (POIC), creado en 2016, fue fusionado con otro y cambió sus condiciones, algo que no solo fue criticado por los gremios, sino también por la «bancada cultural» en el Congreso. Entidades tan diversas como el Teatro Ictus, el Centro Arte Alameda, la Fundación Víctor Jara, el Circo del Mundo, el Festival de Arte Contemporáneo SACO y el Festival Internacional de Cine de Valdivia, se verán afectadas. El programa terminará en 2021, por lo cual en las organizaciones –en su mayoría emblemáticas y de larga trayectoria– hay incertidumbre sobre 2022, pues se trata de financiamientos basales claves para su funcionamiento. «El único dinero que el Estado realmente destina para la cultura es este, con el cual financia los programas de la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas, a través de la Ley de Donaciones Culturales», critica Dagmara Wyskiel, responsable del festival SACO.
Una nueva polémica se ha desatado entre el Ministerio de las Culturas y los gremios del sector, tras el fin del histórico Programa Otras Instituciones Colaboradoras (POIC), un tema que también preocupa a la «bancada cultural» en el Parlamento, porque esta errada decisión agravaría aún más la crisis del sector, duramente golpeado ya por el confinamiento.
El programa, creado en 2016, asegura continuidad a 48 importantes entidades culturales de Chile, con el 70% ubicadas en regiones. Entre ellas, hay entidades tan diversas como el Teatro Ictus, el Centro Arte Alameda, la Fundación Víctor Jara, el Circo del Mundo, el Festival de Arte Contemporáneo SACO y el Festival Internacional de Cine de Valdivia.
La decisión inconsulta de la autoridad terminará en 2021 con un recorte superior al 10%, por lo que en las organizaciones –en su mayoría emblemáticas y de larga trayectoria– existe incertidumbre sobre 2022, pues se trata de financiamientos basales claves para el funcionamiento. Por lo mismo, ha habido varias reuniones entre los gremios y el Gobierno, cuyo objetivo ha sido tratar de revertir la decisión. Sin embargo hasta ahora y, pese al envío de cartas formales a las autoridades, no ha existido avance y las organizaciones mantienen gran preocupación sobre el futuro y su continuidad.
«Es lamentable cómo estas decisiones se toman y se informan de manera solapada y parcial. Las autoridades informan a medias, dicen que el programa se mantiene, cuando se cambia totalmente; y que se amplía, cuando no es así. Las decisiones de política pública deben ser transparentes», alertó la senadora Yasna Provoste (DC).
Actualmente, la inversión en cultura como parte del Presupuesto general alcanza un 0,34%, muy lejos del 2% que recomienda la UNESCO.
Alejandra Jiménez, directora de Circo del Mundo, recuerda que el fondo nació de manera de otorgar un financiamiento basal vía glosa a organizaciones de larga trayectoria, muchas de ellas únicas en su género.
En 2020, las 48 entidades tienen asignados fondos que varían entre los $27 millones (Centro Lector de Osorno) y $109 millones (C.C. Festival de Cine Wallmapu), con un total de $3.751.283.064, es decir, un promedio de $78 millones para todo el año.
Sin embargo, el año 2021 obtendrán $3.089.508.544, es decir, $661 millones menos. De esta manera, recibirán en promedio $64 millones.
«El único dinero que el Estado realmente destina para la cultura es este, con cual financia los programas de la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas, a través de la Ley de Donaciones Culturales», critica Dagmara Wyskiel, responsable del festival SACO. «Estas políticas nos hacen como sector cada vez más dependientes de los empresarios. Nos da la impresión de que este es el objetivo», añade.
Fernando Lataste, secretario ejecutivo del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, advierte que lo peor de esta pérdida de financiamiento «sería tener que debilitar nuestro plan de gestión y el equipo de trabajo. Si no nos ganamos el POIC de este año, estaríamos en serios problemas, un retroceso grande en todo lo avanzado. Este programa financia las actividades relacionadas con las exhibiciones en comunas, los festivales estacionales, nuestros programas de difusión científica, nuestro trabajo en capacitación con técnicos de comunas, nuestros talleres en los colegios y jardines infantiles», etc.
El ministerio ha señalado que el programa tendrá continuidad mediante su fusión con otros fondos, pero al revisar los nuevos requisitos y mecanismos establecidos en la nueva propuesta, las entidades se enteraron de nuevas condiciones muy distintas a las anteriores, según un comunicado de la bancada cultural.
El nuevo formato modifica requisitos, montos y lógica de funcionamiento, además de centralizar en la Región Metropolitana recursos para el desarrollo cultural, al disminuir de 70% a 50% aquellos destinados a las regiones. Asimismo, incorpora a instituciones con fines de lucro como beneficiarias del financiamiento público.
«Las modificaciones apuntan al ordenamiento del sistema de financiamiento a Organizaciones Culturales», comentó una fuente del ministerio. «Los montos debieron ser ajustados en razón de lograr mayor cobertura. Desde el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras se levantó una Convocatoria Especial de Apoyo a Espacios Culturales, que tuvo como objetivo financiar parte de los planes de gestión de organizaciones que producto de la crisis sanitaria se encontraban en peligro de cierre», agrega.
Desde la cartera de las Culturas además señalan que la iniciativa se reformuló bajo el nombre de Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que fusiona los programas de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales Colaboradoras y el de Otras Instituciones Colaboradoras (POIC). Las organizaciones aseguran que el PAOCC no da ninguna certeza de continuidad en el apoyo público.
«Esto fue parte de un proceso de reordenamiento de los programas que entregan apoyo a organizaciones y espacios culturales, con el fin de conformar, en el mediano plazo, un sistema robusto e integrado de apoyo, evitando las duplicidades y atendiendo necesidades no cubiertas», señaló una fuente oficial.
El nuevo programa –añade la misma fuente– recoge las experiencias de sus predecesores, destinando un total más de $7.200 millones para sus distintas modalidades, además de concentrar, ordenar y otorgar apoyos de largo plazo a sus beneficiarios, entregando financiamientos que superen la anualidad y permitiendo ejecutar planes de gestión con un horizonte de dos años, de manera de atender a una de las demandas permanentes del sector en relación con la imposibilidad de planificación a largo plazo. De manera excepcional por este año, en el marco de la situación de crisis, se creó una modalidad especial dentro de la Convocatoria de PAOCC para que las organizaciones de OIC postularan.
El POIC ya sometía a las organizaciones a una serie de exigencias, tales como una rendición mensual y otra semestral, el cumplimiento del plan de gestión, visitas de evaluación y dos informes de actividades. De cumplir con ello, el fondo se renovaba por un año más. Parte importante de las 48 organizaciones databan de 2016; en 2020 se incorporaron 12 nuevas.
Lataste detalla que «desde varios lugares, por escrito y en paneles, se mencionó la preocupación por el término del programa, pero nunca hubo un espacio para discutirlo y, menos, conocer detalles del nuevo diseño que se presentó. Personalmente hice varias consultas en el proceso previo y se me dijo que no se podía saber nada hasta que estuvieran las bases. Todo el mundo sabe que cuando ‘están las bases’ no hay nada que hacer, han pasado procesos administrativos internos, legales, en Contraloría, etc., es imposible retroceder, además esto ocurre siempre con los plazos encima».
El gerente de la Corporación Cultural Artistas del Acero de Concepción, una de las entidades favorecidas por el POIC, Arnoldo Weber Álvarez, recuerda que este programa desde su origen tenía como uno de sus objetivos disminuir la brecha de la gran desigualdad existente entre los recursos asignados a regiones en comparación con los asignados en la Región Metropolitana.
En ese sentido, el POIC apuntaba fuertemente a la continuidad de los proyectos, lo que permitía perspectivar las organizaciones en el tiempo y no quedar al albur de la concursabilidad. De esta forma, el aporte a estas instituciones fortalecía la labor artística, cultural y patrimonial que desarrollan en el territorio y en sus respectivas comunidades.
Este vínculo permitió la implementación de una política cultural local, beneficiando a más de 1,6 millones de personas de manera directa en 168 comunas del país, vinculándose más de 1.600 establecimientos educacionales y aportando a la empleabilidad de cerca de 2.000 personas del sector cultural, con un trabajo en red y colaborativo entre 800 organizaciones culturales del país.
«De esta manera la importancia del programa se relaciona directamente con el acceso y la participación de la ciudadanía a lo largo del país», asegura Arnoldo Weber .
«Fue el único programa en la historia de la institucionalidad de cultura que aseguraba cierta continuidad en gestión de organizaciones avaladas por su trayectoria, las que no deberían estar anualmente sometidos a un agotador y arbitrario sistema concursable. El Estado debiera apoyar el crecimiento de programas de calidad y de largo aliento, sin embargo, bajo la lógica populista opta por la cíclica ruleta rusa», acotó Dagmara Wyskiel.
«Me parece una decisión irresponsable por parte del Ministerio de las Culturas», cuestionó el diputado Amaro Labra (PC), expresidente de la Comisión de Cultura en la Cámara Baja, quien propone mantener el POIC para no agravar aún más la crisis del sector, duramente golpeado por el confinamiento.
«No comprendo por qué tienen que entrar nuevamente en la lógica de concurso, instituciones que han demostrado con un plan de gestión e indicadores positivos, entregando beneficios a la comunidad y sus territorios», expresó, mientras advierte que de lo contrario muchas deberán cerrar.
De manera similar se manifestó la senadora Provoste. «Es otra mala e inexplicable decisión del Ministerio de las Culturas. Este programa había logrado evolucionar de la lógica tradicional de concursabilidad por proyectos, hacia la idea de dar sustentabilidad a instituciones que habían demostrado capacidad de gestión y de ejecución de proyectos sólidos. Ese paso es indispensable en el sector cultural. La concursabilidad tuvo su razón y su momento como único mecanismo de asignación de recursos, pero hoy no se sostiene y se requiere diversificar los mecanismos e instrumentos reconociendo las diferencias de proyectos, y de instituciones y diverso estado de desarrollo», sostuvo.
Wyskiel además califica el fin del programa de «indecente» y agrega que, con esto, «al mundo de la cultura el Gobierno le escupió en la cara». «Me parece un lamentable desacierto», coincide Weber, primero porque hacer los cambios en momentos tan difíciles para el sector cultural, producto del estallido social y de la pandemia, provocó incertidumbre y desconcierto en las organizaciones que venían trabajando por cinco años en este programa.
«En segundo lugar, estos cambios no fueron suficientemente justificados por el ministerio y no fuimos convocados o consultados de estas modificaciones, ignorando las consecuencias que estas tendrán en los territorios y sus comunidades», advirtió.
Weber además criticó la exclusión de las Corporaciones Culturales Municipales, «ya que estas son las que más cercanías tienen con las comunidades beneficiarias y con más acceso a los públicos vulnerables. Como contrapunto de lo anterior, se incorporaron las Corporaciones con Fines de Lucro, situación que ha provocado molestias y que no tiene justificación razonable».
«El fin del programa es brutal», agregó Alejandra Jiménez. «Para más de un 90% implicaría el cierre de las organizaciones. Es el caso del Circo del Mundo», la única escuela circense profesional del país.
«Esto responde a una política del Gobierno de no tener ninguna afectación por el arte y la cultura, de entender su relevancia en el desarrollo de las personas y un país», añadió Jiménez, quien lamentó «la frialdad» con la que el Gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado las demandas del sector y acusó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de «ningunear el trabajo que hemos realizado».
Weber advirtió de las graves consecuencias del fin del programa, pues la mayoría de las organizaciones beneficiarias de este basan las proyecciones de su desarrollo en estas asignaciones.
«En este sentido tendrá un gran impacto negativo en el desarrollo del trabajo territorial, en el acceso y la participación de las comunidades, y en la continuidad de proyectos emblemáticos que cada organización desarrolla. Así como también tendrá un gran impacto negativo a nivel de las estructuras organizadas de cada una de estas instituciones, afectando a la empleabilidad y seguridad laboral del sector», alertó.
A su juicio, con esta decisión se repite y aumenta la brecha entre el centro y las regiones del país. «Estas medidas hablan del desconocimiento del trabajo que se ejecuta en regiones. En definitiva, es un desconocimiento total del aporte regional y de los territorios al desarrollo cultural del país», indicó.
«Muchas organizaciones favorecidas con el programa habían diseñado estrategias de desarrollo a largo plazo, cosa que se ve frustrada por esta medida. Y una vez más los afectados son la comunidad regional, que verá impedido su acceso a bienes culturales tan esenciales para el desarrollo humano», expresó Weber.
Las consecuencias a nivel regional también fueron criticadas por la senadora Provoste, para quien, sin embargo, esta decisión es coherente «con este Gobierno que va en la dirección opuesta de los cambios que quiere el país y de los fenómenos sociales y políticos», como el necesario proceso de descentralización que dará un paso clave con la elección democrática de los gobernadores regionales, que tendrá lugar en abril del próximo año.
El Ministerio de las Culturas , sin embargo, insistió en que el PAOCC también cuenta con criterios de selección que establecen cuotas regionales, es decir, de acuerdo a las bases de convocatoria, la selección de ciertas líneas y modalidades debe realizarse asegurando que un porcentaje de los recursos disponibles se asignen a organizaciones de regiones distintas a la Metropolitana. Ese porcentaje, en relación con la Convocatoria en curso, fue del 50% para las modalidades nuevas. También aseguró que la modalidad continuidad –donde solo podían postular las Organizaciones que son parte de OIC– continuó con la cobertura regional del 70%,
Para Lataste, no hay nada nuevo. «Los de regiones lo sabemos, en cultura, como en otras áreas, existe un alto gasto cerca de las zonas donde se mueve el poder. Es el centralismo, ocurre no solo con Santiago, en regiones también existe. Los POICs eran estratégicos para minimizar esta característica del país, al menos en el ámbito cultural. Finalmente, la sensación es que hace 5 años nos invitaron a caminar juntos, y ahora, después de hacer un buen y largo recorrido, donde nunca se nos dijo que algo no funcionaba o estaba mal, al contrario, siempre nos sentimos bien evaluados, estamos partiendo de nuevo en peores condiciones y con bastante incertidumbre. La idea era lo contrario».
Para subsanar esta compleja situación, el diputado Labra propone que las 48 instituciones colaboradoras que venían creciendo desde 2016, y de comprobada fructífera gestión, continúen con la asignación, sin el recorte del 10%.
«Hay que considerar que estos organismos deben entregar todos los años un informe riguroso con su plan de gestión. Al momento de evaluar, el Ministerio de las Culturas debería habitualmente incrementar el presupuesto. No tiene lógica mantener la misma entrega de recursos del año 2016, y menos ahora la rebaja del 10%».
El legislador insistió en que se deben mantener los recursos para estas instituciones de reconocida y comprobada trayectoria que son plataforma de desarrollo y trabajo para muchos artistas de nuestro país.
«¿Por qué cortar un proyecto que funciona bien? ¿Para qué incrementar la crisis cultural?», se pregunta.
Su postura coincide con la senadora Provoste. «Se debe dar continuidad al programa en las condiciones actuales y no refundir con otras iniciativas que apuntan a instituciones con niveles de desarrollo menores. Por supuesto, en el tiempo las instituciones que vayan alcanzando mayor desarrollo debieran incluirse en el POIC, con el consiguiente aumento de recursos. Pero nada de eso hace la decisión del Mincap», concluyó.
