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La engañosa política de patrimonio de la era Piñera

por 13 mayo, 2021

La engañosa política de patrimonio de la era Piñera
Hay un primer indicador de esta falta de voluntad política que las comunidades del patrimonio conocen muy bien, que es el hecho de que en tres años el gobierno no ha sido capaz de implementar el reglamento para que un representante de las comunidades del patrimonio esté sentado en el CMN, eso es real. Un segundo indicador, verificado por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, es el registro de cerca de 50 solicitudes ciudadanas estancadas desde 2018.
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Estamos ante una campaña de desprestigio por parte del gobierno hacia la institucionalidad patrimonial y cómo esta funciona hoy en día. Uno de los principales blancos de esta campaña de desprestigio es un órgano fundamental de esta institucionalidad, como lo es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Estamos en condiciones de afirmar que lo que aquí se ha desarrollado es lo que desde la sociología como una “profecía autocumplida”, el famoso Teorema de Thomas, que plantea que si las personas definen que si algo es real, esto, a la larga termina siéndolo. También podríamos entenderlo desde el “aporte” de Goebbels a la comunicación política, cuya frase para el bronce es “Miente, miente que algo queda”, y que, también como profecía autocumplida, ha sido una de las frases favoritas del presidente para apuntar a quienes lo atacan, pero consiguiendo nada más que explicar muy bien cómo ha sido su lógica política, como si se tratara de una involuntaria confesión.

En ese sentido y de manera periódica se ha insistido desde este gobierno en “delatar” una supuesta dinámica del CMN que no es efectiva. Fundamentalmente se ha levantado un discurso cuyas premisas se centran en el hecho de que la burocracia interna del CMN y de la institucionalidad patrimonial actual no tiene la capacidad para procesar, sobre todo, las demandas ciudadanas. Vale decir, se pone en cuestión la capacidad del CMN para canalizar y categorizar de acuerdo a la Ley las solicitudes para declaratoria de monumento nacional que surgen desde las comunidades. Y como muchas de las afirmaciones de este gobierno, luego de un simple y lógico análisis, vemos como se desploman cual castillo de naipes.

En efecto, y tras revisar las actas del CMN durante todo este período, disponibles de manera pública para toda la ciudadanía en la página web, se puede observar cómo no es que el CMN no tenga la capacidad para procesar las solicitudes que salen desde la ciudadanía, sino que es el gobierno quien, expresando una voluntad política, ha obstaculizado la gestión de estas solicitudes.

Así lo demuestran las actas del CMN desde la última de este año, hasta el año 2018, en que aparece registrado cómo se han gestionado innumerables solicitudes que vienen desde constructoras, empresas privadas, empresas de arquitectos, fundaciones, seremías y municipios, en desmedro intencionado de las demandas ciudadanas para hacer parecer que existe una burocracia excesiva al interior del CMN que impide que esto se desarrolle.

Hay un primer indicador de esta falta de voluntad política que las comunidades del patrimonio conocen muy bien, que es el hecho de que en tres años el gobierno no ha sido capaz de implementar el reglamento para que un representante de las comunidades del patrimonio esté sentado en el CMN, eso es real.

Un segundo indicador, verificado por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, es el registro de cerca de 50 solicitudes ciudadanas estancadas desde 2018. Pero podrían ser más y es importante revisar algunas, aunque nos pueda parecer tedioso, pero es la única manera de poner luz donde se está tratando de cubrir con sombra.

Solo a modo de ejemplos que pueden rastrearse rápidamente: Declaratoria de Monumento Histórico de la Guaneras de Mejillones, Declaratoria de Monumento Nacional de la Estación de Ferrocarriles Antofagasta, Ampliación de la Zona Típica de Copiapó, Declaratoria de Zona Típica en Potrerillos, Declaratoria del sitio Arqueológico El Olivar, Denuncia en La Serena por demoliciones y mala intervención en Zona Típica, Declaratoria de Zona Típica en Coquimbo, Declaratoria de Zona Típica al entorno de la Iglesia de Monumento Histórico en Mincha, Declaratoria de Zona Típica en Ovalle, Solicitud de fiscalización ante “0” control en Zona Típica en Cartagena, Declaratoria del Monumento Histórico a la Estación de Llolleo, Declaratoria de Zona Típica a la Población El Carmen en San Joaquín, Declaratoria de Zona Típica en Población Centenario en Santiago; Ampliación de Zona Típica del Barrio República en Santiago, Solicitud de información de proyectos ingresados en Zona Típica Matta Sur por diversas demoliciones e intervenciones sin fiscalización en el Barrio San Eugenio también en Santiago, Denuncia por situación de la Línea 7 del Metro, Ampliación de Zona Típica del Parque Forestal, Declaratoria de Monumento Histórico del Colegio Médico, Denuncia por situación de intervención del proyecto de sede parroquial San Saturnino en Zona Típica del Barrio Yungay, también en Santiago la situación del decreto de Monumento Histórico del Mural del Santa Lucía, Declaratoria de Las Rejas como Zona Típica en Estación Central y Lo Prado, Denuncia por situación de proyectos en block de vivienda social en Zona Típica Villa Olímpica en Ñuñoa, declaratoria de Zona Típica en Chillán; Avances en obras de recuperación de Monumento Histórico de la Central Chivilingo en Lota, y también en Lota, Declaratoria del Archivo de ANACAR y la declaratoria de la Zona Típica de la Feria Pinto.

Estas son solo 22 solicitudes, de las 50 estancadas en este período, en sesiones en donde la prioridad, a las claras, la tienen en su mayoría negocios e iniciativas privadas, o impulsadas por gobiernos regionales y municipales, muchas veces en directa confrontación con las de la ciudadanía.

El gobierno prometió una mesa técnica a las comunidades del patrimonio para avanzar en estas solicitudes de la ciudadanía y al día de hoy, mientras se sesiona y se ejecutan obras en plena pandemia en todo el país, no han tenido una sola mención en las actas. En última instancia: el Ejecutivo tiene la facultad de presentar programas de focalización directa para proteger patrimonio cultural material e inmaterial amenazado, o en peligro y no ha tenido la más mínima voluntad para hacerlo, como lo hace en todas las otras áreas de la vida nacional que requieren urgente atención y medidas pertinentes.

Mención aparte y otro dato concreto en sí mismo que refleja la escasa voluntad por procesar estas solicitudes ciudadanas para hacer parecer al CMN como un organismo lento, burocrático, que hay que transformar y modificar, son los sitios de memoria. Para nadie es un misterio que en el gobierno del presidente Piñera existen sectores de ultra derecha que defienden las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la dictadura militar y que de diversas maneras desarrollan prácticas negacionistas.

Por eso no es considerable una casualidad, ni atribuir a la “burocracia” que en este gobierno no se haya gestionado, hasta hoy, una sola declaratoria de sitio de memoria. En el gobierno anterior se declararon 30 sitios de memoria a lo largo de todo el país y a la fecha existe un total 42. En el primer gobierno de Piñera, se declararon solo dos sitios de memoria, que eran de arrastre del primer gobierno de Bachelet y al día de hoy se encuentran cinco decretos a la espera de firma desde hace tres años.

Entonces, reiterando para que no existan dudas y en base a la evidencia: aquí ha existido una falta de voluntad, como en el resto de las áreas críticas del país, por acoger y escuchar a la ciudadanía organizada. Esta práctica “goebbeliana” en el discurso, acompañada de un verdadero boicot en los hechos, para luego apuntar con el dedo a la “burocracia” no es “patrimonio” exclusivo de los gobiernos de Sebastián Piñera, sino más bien una práctica neoliberal que conocimos muy bien en dictadura y con la que se desmantelaron las empresas públicas para luego ser capturadas por las hoy grandes fortunas.

Por todo lo anterior y en vista de la urgente necesidad de proteger nuestro patrimonio de una manera verdaderamente eficiente, es que el gobierno debe de una vez por todas firmar estos cinco decretos de sitios de memoria e instruir el avance en estas y otras declaratorias y solicitudes urgentes de la ciudadanía, en muchas de las cuales está el clamor de comunidades por detener el deterioro de sus entornos y enfrentados a grandes conglomerados económicos. También debe dejar de seguir compulsivamente el “Miente, miente…” y dejarlo como parte el patrimonio que no queremos seguir conservando.

Esta columna está basada en la ponencia que realizara en autor en el 9º Congreso de Patrimonio,” Las comunidades del patrimonio votamos Apruebo”.

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