Diputados ofician al Ministerio de las Culturas por posible “censura previa” en fondos concursables

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados acordó este lunes oficiar al Ministerio de las Culturas en medio de una controversia por los fondos concursables.

La decisión fue tomada por 7 votos a favor y 3 en contra. A favor votaron Ignacio Achurra, Carlos Chandía, Ricardo Neumann, Francisco Orrego, Luis Cuello, Alejandro Bernales y Sebastián Videla, mientras que en contra lo hicieron Benjamín Moreno, Cristian Contreras y la presidenta de la comisión, Javiera Rodríguez. Por pareo no participaron Cristóbal Urruticoechea y Juan Santana.

Así, incluso hubo apoyo de legisladores oficialistas, como Chandía (RN), Neumann (UDI) y Orrego (RN), mientras los republicanos Rodríguez, presidenta de la comisión, y Moreno, junto a Contreras (“DR File”, del PDG), se opusieron a lo que es un pedido de información.

La votación fue realizada luego que la Unión Nacional de Artistas (UNA), junto a Radar Cultural, solicitara a la Comisión, mediante una carta, fiscalizar “las irregularidades y arbitrariedades presentes en las bases de los Fondos Cultura 2027”.

“Valoramos que, por 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión haya acordado oficiar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para exigir transparencia, criterios claros y control democrático en las políticas culturales”, indicó la UNA en sus redes sociales.

“Como sector, seguiremos fiscalizando y defendiendo una política cultural pública, democrática y al servicio de la libertad y la diversidad cultural”.

 

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Carta

La misiva señala que “no estamos frente a modificaciones meramente administrativas de un concurso público. Los antecedentes disponibles muestran cambios que pueden afectar de manera profunda el acceso al financiamiento cultural, la autonomía de la creación artística, la diversidad de las expresiones culturales y el rol que corresponde en estos temas al Estado en el marco de toda sociedad democrática”.

“El punto más preocupante es la incorporación de criterios de exclusión de proyectos asociados a contenidos definidos en la Ley N.º 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica. Dicha ley fue concebida para establecer un sistema de calificación de obras cinematográficas terminadas, fundamentalmente en relación con su exhibición, comercialización y acceso según rangos etarios”.

Sin embargo, “las nuevas Bases de Fondos Cultura quieren utilizar las categorías de esa legislación para determinar la admisibilidad de proyectos que todavía no existen, extendiendo ese criterio a disciplinas artísticas que exceden el ámbito específico de dicha normativa. Esto constituye un cambio de enorme relevancia política y cultural”.

A juicio de la UNA, las Bases introducen una pregunta que no puede ser ignorada por el Congreso: ¿Quién va a determinar que una obra artística es “pornográfica” o “excesivamente violenta” antes de que exista, y bajo qué criterios?

“Los antecedentes difundidos y revisados no permiten identificar quiénes realizarán esta calificación, qué metodología se utilizará, qué formación tendrán quienes adopten esas decisiones ni cuáles serán los mecanismos para revisarlas o impugnarlas. Esta ausencia de certezas es grave para la creación artística, porque una obra puede abordar la sexualidad sin ser pornográfica o representar violencia sin promoverla. Puede utilizar desnudos como recurso expresivo y, también, abordar la memoria de la dictadura, la violencia de género, la guerra, la muerte, la religión o las corporalidades disidentes. Muchas de las expresiones artísticas que han contribuido a ampliar el debate democrático han sido aquellas capaces de incomodar, cuestionar o tensionar las convenciones sociales”.

“Por eso, cuando el Estado comienza a establecer qué contenidos pueden acceder al financiamiento público antes de que la obra exista, la discusión deja de ser solamente administrativa. Este escenario instala la indispensable discusión sobre los límites de la acción del Estado en materia cultural, sin olvidar que Chile cuenta con una garantía constitucional explícita sobre libertad de creación y difusión de las artes”.

Para Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, en el momento actual se trata de una misiva “muy necesaria y muy sólida. Efectivamente es lo que debe ser fiscalizado”.

¿Y los consejeros donde están?

A juicio del diputado liberal Alejandro Bernales, el Ministerio “tiene que responder respecto a estas observaciones o críticas que se están realizando, sobre todo para poder transparentar y conocer las razones del por qué se hicieron estas modificaciones”.

“Me parece que no es una buena señal cuando hay diputados que se oponen a poder enviar un oficio que es de carácter informativo, porque eso es lo que hace justamente el oficio que pedimos nosotros en la cámara, transparentar y tener más información respecto a estas modificaciones”, expresó.

Bernales además llamó la atención sobre lo poco que ha estado en el debate “el rol que tienen los consejeros de los distintos sectores y, sobre todo, el Consejo Nacional del ministerio, porque se ha suscitado una serie de polémicas respecto a las modificaciones de los fondos de cultura, desde las bases, desde los recursos, y acá son los consejeros quienes tienen que aprobar”.

“Ellos tienen un rol también de defender al sector cultural, y acá, por lo tanto, cuando se toma una decisión, no la toma solo el ministro, lo toman junto con los consejeros. Y aquí los consejeros parecen muchas veces que se lavan las manos ante este tipo de de decisiones, y no son ellos los que dan explicaciones los medios de comunicación, sino el ministro. Y ahí me parece que que ellos cumplen un rol que es relevante, y ellos tienen que ser los primeros. Por eso están ahí, para defender los recursos para el mundo de la cultura, defender el diseño de las bases, conocerlos en detalle y evitar todo este tipo de problemáticas. Para eso, justamente, están en esos espacios”.

Potencial censura

El diputado Ignacio Achurra, del Frente Amplio, también comparte las preocupaciones expresadas por la carta, particularmente a lo que se refiere respecto a la potencial censura que pudiera haber en esta remisión de la admisibilidad de los proyectos a la ley de censura cinematográfica.

“Lo que nos preocupa, esencialmente, es que esta discriminación esté en en el proceso de admisibilidad, en el proceso de de admisibilidad formal, es decir, mientras se verifica correcto domicilio, pertinencia del fondo, la disciplina, etcétera, se haga una evaluación de carácter subjetiva de las características que pudiera tener la obra, si es que incurre en esta causal de extrema violencia o de contenido pornográfico”, explicó.

A su juicio, “porque se está haciendo ex ante, es decir, la obra no está hecha, y se está proyectando que ese proyecto pudiera, una vez que se materialice, contener este tipo de contenido”.

“Por eso es que nos parece clave, y hemos oficiado para que el Ministerio de la Cultura explique de manera muy clara y detallada cuál es el procedimiento, el camino, el protocolo que se va a seguir adelante, si es que se considerara que una obra en este proceso de admisibilidad tiene esta potencial causal a las que apela la Ley de Calificación Cinematográfica, porque es precisamente ahí en donde se puede abrir un espacio de discriminación arbitraria, que sería, en palabra simple, una censura previa”.

Este medio intentó obtener una respuesta del Ministerio de las Culturas, sin éxito.