Tensión por el pabellón chileno en Bienal de Venecia: Culturas anula concurso y cambia el jurado

La Subsecretaría de las Culturas anuló el concurso que apoya la representación de Chile en la 20ª Bienal de Arquitectura de Venecia tras acusar incumplimientos formales y resolvió designar un nuevo jurado para retomar la evaluación de las propuestas.

Entre el 8 de mayo y el 21 de noviembre de 2027, se realizará una nueva edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.

Para esta fecha Chile debe definir qué proyecto ocupará su pabellón en la Sala dell’Isolotto del Arsenale, un espacio de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Denuncia

Sin embargo, a través de una carta publicada en El Mercurio, la arquitecta Alejandra Celedón Föster, quien integraba el jurado original en representación de los concursantes y que ya había curado el pabellón chileno en la edición 2018, criticó la medida tomada por la Subsecretaría de las Culturas.

Celedón sostuvo que el jurado cumplió cabalmente con su mandato: evaluó las propuestas en su mérito y emitió el fallo en una sesión presencial, conforme a las bases del concurso.

“Si faltaba alguna formalidad, estábamos disponibles para subsanarla”, señaló. Según su relato, la subsecretaría optó por anular todo el proceso y convocar a una nueva instancia evaluadora, decisión que, a su juicio, pone en riesgo el anonimato de sus autores.

Celedón anunció que no participará de un eventual nuevo proceso. “No puedo garantizar el anonimato que exigen las bases”, afirmó. El resto del jurado original estaba compuesto por Serena Dambrosio, Mathias Klotz, Fernando Pérez, Alberto Sato, Sofía von Ellrichshausen y Enrique Walker.

Las bases del concurso para la bienal establecen que las propuestas deben ser presentadas bajo condiciones que permitan mantener el anonimato de sus autores. Así se evitan antecedentes que permitan identificar a los responsables durante la evaluación.

Esa condición, asegura, ya no puede cumplirse si se vuelve a convocar a un jurado. “Los autores ya son conocidos y ya nadie podrá evaluar a ciegas”, plantea. Por eso, sostiene que si el fallo original no será respetado, “corresponde anular el concurso, no repetir la evaluación”.

“La decisión afectará nuestra representación en Venecia, cuando la arquitectura chilena goza de amplio reconocimiento internacional, y compromete la fe pública en los concursos del Estado. Esperamos que la burocracia esté al servicio de las ideas y la cultura, y no al revés”, aseguró.

Respuesta oficial

Tras la publicación de la carta, el subsecretario Carlos Lobos respondió este lunes a las declaraciones de la arquitecta argumentando que hubo un “incumplimientos de las bases que afectan la validez y trazabilidad del proceso”.

“Las medidas adoptadas no cuestionan el desempeño ni la idoneidad del jurado, como ya le fue informado. Entre otros aspectos, los miembros de dicho órgano colegiado no contaron con acceso a la plataforma para registrar sus evaluaciones individuales en tiempo y forma. Asimismo, la carga posterior y extemporánea de los antecedentes generó graves inconsistencias en las fundamentaciones colectivas —donde 30 de los 39 proyectos presentaron textos idénticos para criterios distintos— y la omisión de las fundamentaciones del conjunto de las propuestas en el acta final, lo que impidió certificar técnicamente qué proyectos alcanzaron la condición de elegibles”, expresa el subsecretario en la carta.

“Frente a estas irregularidades, la institución se encuentra tramitando la aceptación de la renuncia del funcionario a cargo y ha instruido los procedimientos correspondientes para determinar eventuales responsabilidades administrativas internas. El actuar de esta autoridad responde también de manera directa a las exigencias fijadas por la Contraloría General de la República. En este contexto, la necesidad de convocar a un nuevo jurado para llevar a cabo la evaluación resulta jurídicamente ineludible. Al haber comunicado al jurado la nómina de proyectos y los preseleccionados al finalizar la sesión, la garantía del anonimato —principio rector que rige las etapas iniciales de evaluación para asegurar la imparcialidad objetiva y la igualdad de trato entre todos los participantes— quedó severamente comprometida. Como institución, no podemos validar un procedimiento cuya fundamentación y apego estricto a las bases no estén debidamente acreditados. Su cumplimiento constituye un deber ineludible de la autoridad, especialmente considerando los criterios establecidos por la Contraloría. Las medidas adoptadas no buscan desmerecer el trabajo de evaluadores ni participantes, sino resguardar la validez jurídica del proceso, los derechos de quienes concursaron y el prestigio internacional de la arquitectura chilena”, añade.