Pabellón chileno en la Bienal de Venecia no deja de tambalear

Había un proyecto que debía representar a Chile en Venecia y un jurado que debía escogerlo. El concurso avanzaba cuando, de manera sorpresiva, el Ministerio de las Culturas decidió echarlo abajo. No solo anuló el proceso de selección: también dejó sin efecto la composición del jurado que había evaluado las propuestas.

La decisión cayó como una bomba en el mundo de la arquitectura. Y abrió una nueva controversia en torno a la conducción del Ministerio de las Culturas, dirigido por Francisco Undurraga, en un área que ya venía acumulando cuestionamientos.

Con la controversia subiendo como la espuma, la Subsecretaría de las Culturas anunció que el jurado se mantendría pero ordenó realizar un nuevo concurso. Los jurados ratificados son: Alejandra Celedón Föster (representante de los concursantes), Serena Dambrosio, Mathias Klotz, Fernando Pérez, Alberto Sato Sofía von Ellrichshausen y Enrique Walker.

El origen de la polémica

El problema no fue simplemente que la cartera resolviera retrotraer un procedimiento. Lo que desconcertó a quienes conocían el proceso fue la decisión de anular el concurso completo y reemplazar al jurado, pese a que la evaluación ya había terminado y existía un fallo.

La explicación oficial apuntó a incumplimientos en la ejecución de las bases del concurso. Pero la decisión dejó una pregunta dando vueltas: ¿qué había ocurrido exactamente para que la solución fuera borrar el proceso y comenzar nuevamente?

La primera respuesta del Ministerio sembró incertidumbre: había que retrotraer el concurso y convocar a un nuevo jurado. Sin embargo, esa salida abrió otro problema. Los autores de los proyectos ya eran conocidos y, por lo tanto, el anonimato exigido por las bases ya no podía recuperarse simplemente cambiando a los integrantes de la instancia evaluadora.

La arquitecta y decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, Alejandra Celedón Föster, integrante del jurado original, cuestionó desde el comienzo la posibilidad de repetir la evaluación bajo esas condiciones.

“Si faltaba alguna formalidad, estábamos disponibles para subsanarla”, señaló.

Su cuestionamiento apuntaba a que la decisión del Ministerio había ido mucho más lejos de lo necesario. Según su relato, la Subsecretaría optó por anular todo el proceso y convocar a una nueva instancia evaluadora, lo que, a su juicio, hacía imposible preservar el anonimato de las propuestas.

“Los autores ya son conocidos y ya nadie podrá evaluar a ciegas. Si no se respeta el fallo, corresponde anular el concurso, no repetir la evaluación”, enfatizó.

En una carta publicada en El Mercurio el domingo 27 de septiembre, Celedón además anunció que desistía “de representar a los concursantes en un nuevo proceso”.

La discusión comenzó entonces a desplazarse desde los supuestos incumplimientos administrativos hacia una pregunta más incómoda: si el Ministerio había decidido anular el concurso, ¿por qué era necesario cambiar también al jurado?

La respuesta llegó después, y fue precisamente la que modificó el escenario.

La Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y el Colegio de Arquitectos de Chile intervinieron en la discusión este martes 29 de septiembre. En un comunicado plantearon que la decisión del Ministerio “podría hacer difícil reproducir las condiciones originales de anonimato” y propusieron una salida distinta.

“Sugerimos considerar que el mismo jurado originalmente constituido, cuya calidad y experiencia profesional valoramos especialmente, sea convocado a una nueva revisión de los proyectos”, señalaron.

La propuesta introdujo una alternativa que terminaría siendo acogida por la cartera: mantener al jurado y rehacer la evaluación, pero sin recibir nuevas postulaciones.

Las organizaciones de arquitectos argumentaron que el anonimato seguía siendo una garantía relevante, pero que, una vez conocida la identidad de las propuestas, ello no necesariamente impedía que el mismo jurado pudiera volver a pronunciarse.

“El anonimato constituye una garantía relevante durante un concurso y debe ser resguardado mientras sea posible. Sin embargo, una vez conocida la identidad de las propuestas, ello no impide necesariamente que este mismo jurado pueda ejercer nuevamente, con independencia y fundamento, su juicio experto sobre la calidad arquitectónica de los proyectos y determinar cuál representa mejor a nuestro país. Nos parece especialmente importante alcanzar una solución que permita poner nuevamente en el centro lo sustantivo, que es la selección de un proyecto de arquitectura capaz de representar a Chile en una de las instancias más prestigiosas de nuestra disciplina. Esto adquiere particular importancia en un momento de gran reconocimiento internacional para la arquitectura chilena, oportunidad que debemos relevar y proyectar en Venecia”, señala el comunicado.

Fue entonces cuando el Ministerio dio marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de su decisión inicial.

“La designación de un nuevo jurado deja de ser una medida idónea para alcanzar dicho objetivo. Con el propósito de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, y considerando la relevancia de la Bienal de Arquitectura de Venecia y su pronta fecha de realización (8 de mayo de 2027), resulta procedente mantener la integración originalmente designada del jurado y disponer la realización de una nueva evaluación para los proyectos declarados admisibles”, declaró la Subsecretaría de las Culturas.

“Una vez realizada esta nueva instancia, se comunicará públicamente el proyecto ganador. Es importante destacar que no se recibirán nuevas propuestas, ya que la fase de presentación de proyectos está cerrada”, agrega el documento.

La cartera explicó que la decisión se adoptó después de analizar los nuevos antecedentes aportados por las organizaciones gremiales.

“La decisión se da tras el análisis de los nuevos antecedentes aportados por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, tomando en consideración los incumplimientos en el procedimiento anterior y la necesidad de repetir la etapa de evaluación”.

La Subsecretaría agregó que “valora especialmente la disposición y el compromiso manifestado por los integrantes del jurado, y agradece su voluntad de contribuir a esta nueva etapa del proceso de evaluación, en un marco de colaboración y resguardo de su adecuada implementación”.

Pero el Ministerio también entregó una explicación específica respecto de una de las principales interrogantes que había provocado la primera decisión. Según la cartera, “el anonimato, originalmente previsto en las bases concursales respecto de las postulaciones presentadas, no puede ser reestablecido de manera efectiva mediante la sola sustitución de los integrantes del jurado”.

Y puso un límite a las interpretaciones que habían comenzado a circular en torno a la composición del jurado:

“Las irregularidades detectadas, que motivaron la retrotracción del procedimiento y la repetición de la evaluación, no tienen relación con causales de inhabilidad, conflictos de interés o afectación a la imparcialidad de los integrantes del jurado. Estas solo tienen relación con deficiencias verificadas en la ejecución del procedimiento de evaluación regulado en las bases de la convocatoria”.

La explicación oficial y las preguntas que permanecen

La nueva decisión fue valorada por Celedón. Para la arquitecta, mantener al jurado permite proteger tanto a los participantes como al propio concurso. Pero su lectura sobre lo ocurrido deja también una advertencia.

“La solución protege a los concursantes y el propio concurso, que es lo importante. Actas fuera de plazo, plataformas, rúbricas —responsabilidades de la administración no del jurado— fueron el lenguaje que se intentó para desarmar un fallo. Las teorías conspirativas se alimentaron rápido, desde que fue un acto de censura ideológico hasta un nudo de rencillas internas, de conflictos de interés entre jurados y concursantes, hasta franca torpeza”, expresó a El Mostrador.

Celedón insiste en que la actuación del jurado no estuvo en cuestión.

“Me consta y doy fe de que el proceso fue totalmente limpio, a conciencia y riguroso de parte del jurado, lo que descarta algunas de las teoría”.

Y es precisamente ahí donde permanece abierta una parte de la controversia. Si las irregularidades detectadas no estuvieron relacionadas con inhabilidades, conflictos de interés ni falta de imparcialidad de los integrantes del jurado, la pregunta sobre por qué la primera respuesta del Ministerio fue anular el concurso y reemplazar a quienes lo habían evaluado sigue teniendo espacio.

La propia Celedón interpreta el desenlace como una rectificación administrativa, pero no como un asunto completamente cerrado.

“La arquitectura llenó los diarios unos días con noticias no tan felices, pero pareció la disciplina importar. Luego de dos semanas desde el fallo, ante la presión en los medios de una carta pública (mía), y ante el pronunciamiento del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Ministerio revirtió la anulación para subsanar los detalles burocráticos faltantes de su propia responsabilidad”, sostuvo.

El nuevo escenario permite que el concurso continúe: serán los mismos jurados quienes vuelvan a revisar los proyectos ya declarados admisibles y no habrá nuevas postulaciones.

Pero la decisión de fondo —la que sorprendió a la comunidad arquitectónica y puso el concurso en cuestión— dejó un rastro que la nueva resolución administrativa no termina de borrar.

“Pareciera un final feliz, pero hay varias señales que dan para pensar”, concluyó Celedón.

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