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Foto: AgenciaUNO
Kast retira reforma de seguridad y deja caer estado de excepción que defendió como “irrenunciable”
El mecanismo permitía al Presidente mantener por hasta 240 días el régimen excepcional sin autorización previa del Congreso. Tras semanas de reparos oficialistas y opositores, quedó fuera de la fórmula que busca reemplazar el proyecto de La Moneda y que todavía no tiene respaldo asegurado.
La reforma constitucional de seguridad que José Antonio Kast presentó en agosto como una de las piezas centrales de su agenda contra el crimen organizado quedó políticamente desahuciada en su diseño original.
Este miércoles, tras una reunión en Cerro Castillo con ministros y parlamentarios, La Moneda informó que está dispuesta a retirar el proyecto una vez que ingrese una propuesta alternativa trabajada por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos) y Pedro Araya (PPD).
El giro contrasta con la posición que Kast sostuvo el 31 de agosto. Consultado entonces por el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública incluido en la reforma, aseguró que para el Gobierno esa herramienta era “no renunciable”.
Un mes después, precisamente ese mecanismo quedó fuera de la fórmula que busca reemplazar el proyecto.
La propuesta original permitía decretar el nuevo estado de excepción por 120 días y renovarlo por otros 120 sin autorización previa del Congreso. También contemplaba restricciones a libertades fundamentales, requisición de bienes e interceptación de comunicaciones.
Las objeciones surgieron desde la oposición y también dentro del oficialismo, dificultando que el Gobierno reuniera los 29 votos necesarios para aprobar la idea de legislar en el Senado.
La salida que ahora se trabaja reduce la reforma a tres ejes: incorporar constitucionalmente el crimen organizado, habilitar regímenes penitenciarios diferenciados según peligrosidad y modificar el actual estado de emergencia para enfrentar determinadas amenazas a la seguridad pública.
No habrá, por tanto, un quinto estado de excepción. Y cualquier interceptación de comunicaciones deberá contar con autorización judicial.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, rechazó que el cambio constituya una derrota del Ejecutivo. “No nos enamoramos de una redacción”, afirmó, señalando que el objetivo es conseguir herramientas efectivas contra el crimen organizado.
El problema para La Moneda es que el reemplazo tampoco llega despejado. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, negó que exista un acuerdo transversal, mientras senadores del PS, PPD y PL exigieron que el Gobierno retire primero su reforma antes de discutir una nueva.
